Opinión
Lunes, 11 Septiembre 2017 00:00

El autor repasa los profusos casos de manejo irregular de los fondos públicos y la idea vaga de un castigo por parte de un régimen que hizo de la corrupción su praxis política.

La ANC fraudulenta acogió la propuesta del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, servil a la dictadura, de aumentar a 50 años la pena de cárcel por homicidio, terrorismo y traición a la patria.

El coronel Lugo, el actor Manuel Sosa y un alto gerente de Pdvsa figuran entre los imputados de estas nuevas jugadas de la Fiscalía.

Su imagen, no es exagerado decirlo, recorrió el mundo: ensangrentado en el suelo, Américo De Grazia se convirtió en el herido icónico del asalto del 5 de julio a la Asamblea Nacional por parte de una pandilla oficialista. Ahora en recuperación, reflexiona sobre el escenario a final de mes, en el que concibe el plebiscito no solo como un acto de desobediencia civil, sino de legitimación ciudadana de la intervención de las fuerzas armadas, en el marco de la Constitución, para sentar las bases de un gobierno de transición.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se tomará cinco días para decidir si realiza o no el antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz, mientras que la Sala Constitucional juramentó sin autorización de la Asamblea Nacional a Katherine Nayarith Haringhton Padrón, en calidad de vicefiscal, anulando el ya nombrado por la fiscal general de la República y ratificado por el Parlamento. Una vez más, la torcedura del derecho para sostener una dictadura a la que cada día se le ven más las costuras.

Magistrado Maikel Moreno y el nuevo canciller Samuel Moncada piden a la comunidad internacional condenar agresiones desde un helicóptero al edificio judicial.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en línea subordinada al gobierno de Nicolás Maduro, aprobó medidas radicales en contra de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en un proceso que apunta claramente a su destitución y a la abolición del Ministerio Público como órgano titular de la acción penal en Venezuela. Ortega Díaz no podrá salir del país; tiene prohibido enajenar y gravar sus bienes y sus cuentas bancarias han sido congeladas.

La presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, manifestó que impedir el derecho al sufragio “es un delito”, por lo que tomarán acciones contra grupos que intentan interrumpir comicios. Aseguró que reforzarán medidas de seguridad.

Tras las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Maikel Moreno, afirma que esta medida representa una “violación de DD HH”, “provocadora de odio y de hostilidad”.

Hoy el país está roto por los cuatro costados. No es una república al haberla convertido, objetivamente, en un protectorado castrista.



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