Opinión

¿Habrá justicia en la nueva masacre que estremeció el estado Bolívar durante el inicio del Carnaval? Liliana Ortega, presidenta de Cofavic, no se aventura a sentenciarlo aún: opta en todo caso por el beneficio de la duda para el Estado. Lo que sí asevera es que ese mismo Estado abonó un terreno de violencia y de impunidad para que ese tipo de hechos sean ya frecuentes.

Inacción, indiferencia y responsabilidad ante la tortura y esclavitud fueron algunas de las acusaciones contra el Estado venezolano.

El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad.

El día de mayor violencia política desde el comienzo de las protestas coincide con la consumación de la estrategia autocrática de Nicolás Maduro para perpetuar su poder y el del partido fundado por Hugo Chávez: 16 venezolanos fueron asesinados.

Cofavic denuncia que la estrategia del Estado tiene por objetivo “la sumisión individual y colectiva al perpetrador mediante el terror”.

Son más de 250 los venezolanos que están sometidos a los juicios amañados de los tribunales militares al servicio de la dictadura. Son 250 personas sobre quienes pesa el capricho de la inconstitucionalidad por el hecho de no simpatizar con las desmesuras autoritarias del heredero de Hugo Chávez. Ante eso, ha habido reacciones: desde la Embajada de Canadá hasta la OEA, pasando por las ONG venezolanas que resisten los embates del autoritarismo, se cuela el mensaje común: el desespero lleva al régimen a perder todo atisbo de cordura y de control. Al punto de que ya ni guarda las apariencias.

Domingo, 07 Mayo 2017 00:00

Rafael Uzcátegui explica pormenorizadamente las diferencias entre colectivos, grupos parapoliciales y paramilitares y su aplicación al contexto político venezolano. Luego de una sólida argumentación, el coordinador general de Provea concluye que las bandas armadas que, aún fuera de la ley son amparados por el Estado, no son más que paramilitares.

El Estado ha obviado la necesidad de las víctimas de una ayuda psicológica y social para restablecer la normalidad en el sur de Bolívar, profundizando la desarticulación ciudadana hacia un cierre definitivo.

Las familias aseguran que el Gobierno les dio la espalda, mientras que la actividad minera ha seguido su curso, en medio de la ilegalidad del pranato, en el municipio Sifontes, al sur del estado Bolívar.

El Comité de Familiares de Víctimas expuso que hay dos factores claves para hacer justicia en ambos casos: una investigación independiente y la transparencia del Estado. Lo demás está todo en la Constitución.



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