Opinión

Un día después de la manifestación de rebeldía cívica y pacífica que protagonizaron siete millones 600 mil venezolanos y a menos de dos semanas de que Nicolás Maduro consume su fraude constituyente, el mundo cierra filas a favor de una resolución pacífica a ese gran conflicto llamado Venezuela. El momento exige pasos firmes y pensamientos reposados: una decisión errónea podría significar la sepultura de la democracia nacional, esa que una vez fue ejemplo mundial y que hoy agoniza. La bomba está a tiempo de ser desactivada.

Miércoles, 12 Abril 2017 00:00

El respeto a la soberanía popular de otros países tiene un límite: el respeto a los derechos humanos. Ninguna persona debería ser indiferente frente a las violaciones que ocurran tanto en su país como en otras naciones.

Tras el retiro del país de las competencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH es el único mecanismo regional mediante el cual las víctimas y los defensores pueden tener interlocución con el gobierno.

La organización convocó el viernes una reunión urgente, después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojara esta semana de sus competencias a los diputados de la Asamblea Nacional y declarara legal que los magistrados del supremo asumiesen sus funciones.

El abogado constitucionalista José Vicente Haro afirma que hubo un golpe de Estado a la Constitución al violarse sus artículos, en relación a las funciones de la AN y la inmunidad parlamentaria.

El presidente del parlamento, Julio Borges, anunció acciones de calle para este sábado y la próxima semana, sin revelar mayores detalles “para que el gobierno no venga a reprimir desde ya”. También instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a ser el “primer guardián de la democracia y Constitución en Venezuela, y se convierta en parte de la solución y no en el obstáculo que impida que la Constitución y la democracia reinen en el país”.

El presidente de Perú se pronunció en contra de la sentencia del TSJ que otorga competencias del parlamento a la Sala Constitucional, calificándolo como un flagrante quebrantamiento del orden democrático.

La coalición opositora criticó la actitud triunfante del Gobierno venezolano, cuando en realidad fueron 20 países de 34 los que pidieron la restitución de la democracia en el país. La canciller Delcy Rodríguez, por su parte, anunció la evaluación del Ejecutivo nacional de mantenerse en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Solicitaron a los gobiernos americanos de turno ejercer presión para la activación de la Carta Democrática y la realización de elecciones generales en Venezuela.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de ejercer acciones injerencistas, cuestionando la solicitud de 14 países miembros para la activación de la Carta Democrática.



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