Los trabajadores de otrora empresas de muy buenos convenios colectivos y beneficios económicos, como los petroleros, eléctricos, telefónicos, siderúrgicos y otras industrias de la zona de Guayana, hoy están entre los peor pagados de los asalariados del país.

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Está en pleno desarrollo una nueva ola de reclamos y protestas, en esta ocasión de predominio laboral, especialmente contra el patrono Gobierno nacional. Es importante destacarlo, ya que tenemos en cuenta que la mayor parte de quienes integran las nóminas de las empresas y entes estatales han sido afines al gobierno, han ingresado bajo los criterio sectarios de las gerencias bolivarianas, pero gradualmente el descontento los ha venido separando, a pesar de haber estado sometidos a las exigencias partidistas del seguimiento acrítico de lo que el gobierno y su partido demandan, con resultados catastróficos para la población y el país.

El centro de la presente ola de reclamos y protestas es el tema de ingresos para subsistir. Los trabajadores de otrora empresas de muy buenos convenios colectivos y beneficios económicos, como los petroleros, eléctricos, telefónicos, siderúrgicos y otras empresas de la zona de Guayana, hoy están entre los peor pagados de los asalariados del país, con convenios colectivos vencidos y evasivas patronales para su renovación, con el agravante que no hay a quién recurrir dado el desempeño parcializado de la administración del trabajo y la justicia laboral. Igualmente estos trabajadores han sido testigos de una gerencia errática en la toma de decisiones, que ha contribuido a la destrucción de la capacidad productiva, así también que ven el ingreso a las nóminas de personal para no hacer nada productivo, o el nombramiento de gerentes que no conocen el sector, total improvisación por doquier de unas instalaciones que se han venido a menos.

Igualmente protestan trabajadores de la salud y la educación, lo cual siempre ha sido más recurrente. En esta ola de protestas laborales destaca la de las enfermeras a nivel nacional, que ya pasan de cinco semanas continuas de protestas que incluyen marchas, concentraciones, pancartas, y aún el patrono gobierno sin responder a sus peticiones, que no son solo las salariales sino aquellas del interés de la población en general, como es la dotación de insumos y equipos de los centros de salud. El patrono ignora la protesta de los trabajadores de la salud, solo envía amenazas veladas de ser reemplazados por esquiroles. En ese sentido, anuncia con amplitud la llegada de más contingentes de personal de salud de la República de Cuba, que según se reporta pagados de gobierno a gobierno en dólares estadounidenses; y por otro lado fomenta y exhorta a una formación acelerada e improvisada de contingentes de personas para sustituir a personal altamente profesional.

Durante el gobierno de Maduro han ocurrido dos importantes olas de protestas, pero es esta la de julio-agosto 2018 la que ha tenido mayor carácter laboral; y donde las consignas por salarios han tenido mayor visibilidad. En las protestas de 2014 y las 2017 predominaban las consignas políticas, generalmente con limitada conexión con lo salarial.

El predominio del tema salarial explica que en estos reclamos y protestas no se las identifican como solos de oposición, como sí las de 2014 y 2017, ya que el tema salarial amalgama a los trabajadores en general. Por supuesto que son protestas que exteriorizan oposición a la política económica del gobierno, por entenderse que de ellas derivan las consecuencias que han volatilizado los salarios y los ingresos laborales, creando un empobrecimiento alarmante que sobrepasa el 85% de la población (Encovi, 2018).

Hasta ahora se puede afirmar que las presentes protestas, si bien no atendidas por el gobierno en procesos de diálogo y de negociaciones, tampoco han sido reprimidas con la violación extrema y la rudeza de las ocurridas en el 2014 y 2017. Si bien, se registran algunos intentos de agresión utilizando a los paramilitares llamados colectivos, por ejemplo en la protesta del sector salud, pero sin poder lograr sus pretendidos objetivos, como era la disolución de las protestas. Por el contrario, se ratifica la firmeza de los huelguistas en preservar y mantener sus acciones, denunciando con mayores evidencias los métodos dictatoriales empleados desde el gobierno.

En el ámbito privado, muy a pesar de la caída abrupta de la producción con uso de un limitado porcentaje de la capacidad instalada, los trabajadores observan que la producción que se logra sacar al mercado, es objeto de continuas elevaciones de precios que no se traducen en un razonable traslado a los salarios del personal que saca esa producción. Hay empresas que suben los precios cada semana, pero no tocan los salarios. Resultando que el precio de la fuerza de trabajo lo establecen en relación al salario y al ingreso mínimo, es decir hoy 5.2 millones de bolívares fuertes, cifra ridícula para los precios que predominan en el país, con una canasta básica que supera los 650 millones para el mes de junio 2018 (FVM-Cendas). Los sectores laborales privados sobreviven con ingresos que requieren ser revisados al menos mensualmente, y aún así siguen perdiendo beneficios porque la hiperinflación es devastadora para quien es asalariado. Se entiende que la lucha salarial es luchar contra las políticas que el gobierno ha implantado.

A diferencia de las protestas anteriores (2014 y 2017), que incluso aquellas que provenían del ámbito laboral, como las que discutían los frentes sindicales y de gremios, existentes en el 2017 y creados en oposición a la inconstitucional convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, y que en consecuencia se manifestaron en llamados a acciones de protesta laboral, que en muchos sectores se tradujeron en paros nacionales de 24 y de 48 horas (julio 2017), que finalmente fueron ahogadas al señalarles desde los órganos gubernamentales de inteligencia policial y militar, de actividades vinculadas con acciones insurreccionales como el asalto al Fuerte Paramacay -Valencia-, en los inicios de agosto del pasado año. Esta deliberada vinculación dio lugar a una escalada de represión contra dirigentes gremiales y sindicales, algunos apresados por varios meses y liberados con régimen de presentación, a pesar que no se llegó a demostrar vinculación alguna con el asalto a la instalación militar. Lo que si evidentemente generó fue un repliegue sindical y gremial, pero que recién despierta de nuevo con más y nuevos sectores laborales incorporados a la protesta por sus justos reclamos.

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