Un grupo de secuestrados de la dictadura, incluyendo el alcalde Daniel Ceballos, el general Ángel Vivas y el dirigente estudiantil Lorent Saleh, exigieron a la Fiscalía General de la República garantías para sus vidas.

El jefe de campaña de Falcón, Claudio Fermín, presentó el recurso en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante el cual pidió también el retiro de los llamados puntos rojos instalados a unos metros de los centros de votación, en los que se hace proselitismo, violando la normativa electoral.

La ONG Transparencia Venezuela revela hallazgos sobre la dimensión de los negocios con Odebrecht y los pobres resultados para el país y la sociedad venezolana, luego de cinco años de documentación y procesamiento de datos oficiales. El informe detalla que 29.974 millones de dólares contrató el gobierno revolucionario con la empresa brasileña, lo que a su vez implicó sobornos superiores a los 1.300 millones de dólares y una deuda de más de 16 mil millones de dólares.

Más de 40 organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil defensoras de derechos humanos se hicieron nuevamente del argumento legal para enumerar, uno a uno, las arbitrariedades del régimen para confeccionar, como si de un traje se tratase, una elección a la medida de Maduro. Convocatorias ilegítimas, a destiempo, con marcado ventajismo electoral, desinformación en el electorado y hasta obstáculos a la libre asociación política les permite aseverar a estas organizaciones que “las elecciones del 20 de mayo no serán libres ni creíbles”.

“En el fondo el pueblo entiende que la convocatoria a estas elecciones ha sido hecha con tanta antelación por ventajismo e intereses políticos, además de ser ilegítima por el ente que la convocó”, argumentan.

El dilema de los partidos de oposición de abstenerse de votar o convalidar el proceso sigue siendo parte del debate político a pocos días de las elecciones presidenciales.

Organizaciones como Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) advirtieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la migración alcance los tres millones de personas a finales de 2018.

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