La amenaza del presidente Nicolás Maduro de “endurecer las normas” contra los medios de comunicación es una razón más para salir a marchar el 11 de febrero en defensa de la estabilidad laboral y de la libertad de expresión.

Los jóvenes apresados el viernes en medio de las protestas contra la inseguridad, el desabastecimiento y la inflación fueron imputados por los delitos de robo propio, intimidación pública, incendio de edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones leves intencionales y asociación para delinquir en el CORE 1 del Táchira; serán enviados a la cárcel de Coro por orden del tribunal.

El líder de la oposición nacional y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, aseveró que no caerá en la tentación de devolver los insultos de Nicolás Maduro. Le propuso, en cambio, empezar a trabajar, mientras permanece en el poder.

Ante las detenciones “arbitrarias e infundadas” de los jóvenes que protestaban en el estado Nueva Esparta, el coordinador regional Armando Armas, junto a Gilbert Caro y Wladimir Ramírez, líderes del Movimiento Redes Penitenciarias, protestaron pacíficamente a las puertas del recinto penitenciario Puente Ayala.

Edgar Zambrano, en compañía de dirigentes y militantes del partido blanco en el estado Lara, participaron en la movilización a favor del diario El Impulso en Barquisimeto, clamando por las divisas necesarias para la importación de papel periódico.

Los cancilleres Elías Jaua y María Ángela Holguín se reunieron en Maracaibo para trazar estrategias policiales y de inteligencia.

Durante el festejo del fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, el presidente Nicolás Maduro reeditó el estilo de su mentor para amenazar con estatizar las empresas que no cumplan con la Ley de Precios Justos.

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