María Ramírez Cabello

El sistema, informó el vocero del Estado Mayor de Alimentación del estado Bolívar, general de división Edgar Delgado, será puesto a prueba en dos semanas. La medida, que implica la compra de un máximo de unidades por rubro semanalmente, significa un retroceso en tiempos de mayor escasez, de la que el gobierno responsabiliza, incluso, a un inexistente “bachaqueo” en un contexto de estantes vacíos gracias a la merma productiva nacional y el control de precios, ambos generados por el régimen.

El gremio sostuvo que los incrementos de precios responden directamente al alza de costos de la materia prima, insumos, material de empaque, mano de obra y transporte.

El secretario de Trabajo y Reclamo de Sintralcasa, Henry Arias, pidió la renuncia inmediata de todo el tren gerencial ante el inminente cierre de las líneas III y IV de la estatal

El secretario general de Sutralúmina, Silvano Moreno, reiteró que se necesitan 300 millones de dólares para arrancar una fase que permita producir 500 mil toneladas de alúmina para, con la venta de material, afrontar otros gastos operativos.

Tras una marcha este miércoles hasta la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro fueron atendidos en el despacho laboral por el gobernador Justo Noguera Pietri.

“La mayoría de las empresas que producen comida desde el campo al comercio se descapitalizaron, todas tienen menos efectivo para reponer inventarios”, aseguró el primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, José Alfredo Olivo. Biesur que ha simpatizado con el sector oficialista pide iniciar las fiscalizaciones por los industriales y no arremeter contra el comercio que, coincide, no puede vender a pérdida.

El conato ocurrió en las mezcladoras ubicadas en el segundo piso de la Planta de Molienda y Compactación.

Los trabajadores detuvieron la explotación de mineral de hierro en los yacimientos de Ciudad Piar, las operaciones ferroviarias y el procesamiento de mineral en las plantas de Puerto Ordaz.

 La conflictividad social remontó a la cima el año pasado, cuando el registro de protestas superó el promedio anual desde 2010, en la medida en que la desmejora de la calidad de vida se acentúa.

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