Miércoles, 17 Enero 2018 00:00

Régimen profundiza violación de DD HH al obstaculizar entrega de cuerpos de ejecutados en masacre de El Junquito

 
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La morgue de Bello Monte y sus alrededores estuvo militarizada este miércoles ante la expectación pública La morgue de Bello Monte y sus alrededores estuvo militarizada este miércoles ante la expectación pública Foto cortesía Efecto Cocuyo

Familiares no confirmaron si pudieron reconocer los cuerpos de los integrantes del movimiento liderado por el ex policía Oscar Pérez. La tía de este dijo no haberlo visto, aunque firmó la planilla en el que quedaría constancia de haber reconocido el cadáver de su sobrino, con la esperanza de que se lo entregaran. Los cuerpos están a la orden de un tribunal militar. La opacidad informativa apunta a que la dictadura busca ocultar evidencias de esta nueva masacre de la era madurista.

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Sigue el hermetismo estadal sobre el operativo que terminó con la ejecución extrajudicial del ex policía Oscar Pérez y otros seis compañeros. Familiares acudieron a la morgue de Bello Monte este miércoles para exigir que les entreguen los cuerpos y así confirmar las aseveraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, sobre el deceso de Oscar Alberto Pérez, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo Lugo Ramos, Abraham Lugo Ramos y Lizbeth Andreina Ramírez Mantilla.

Luego de permitírseles la entrada a la morgue, los cuerpos no fueron entregados. Más temprano les informaron que los cadáveres estaban a disposición de un tribunal militar y que no serían entregados hasta que no fuese autorizado.

La información que ha corrido por la opacidad del régimen en el caso, es la pretensión de que los cuerpos sean incinerados, a objeto de eliminar cualquier evidencia para una investigación a futuro.

Esto violaría la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario, en cuyo artículo 24 establece que es un familiar o persona facultada quien puede autorizar la cremación. Por otra parte, el artículo 28 de la misma ley impide la incineración de un cuerpo sometido a un proceso de investigación penal o científica.

Eliminar evidencias

La ONG Provea alertó sobre la posible destrucción de evidencias físicas en el caso conocido como la masacre de El Junquito, que podrían conducir a la ilegal cremación de los restos mortales de Oscar Pérez y sus acompañantes. “En el pasado reciente, las autoridades venezolanas han incurrido en este tipo de prácticas, que afectan las investigaciones en casos de presuntas violaciones de derechos humanos e impiden el hallazgo de la verdad y la justicia por parte de los familiares y la colectividad”, recordó Provea.

 
 

Los familiares, quienes han expresado públicamente su negativa a que los restos sean cremados, llenaron formularios con los datos de los occisos, cuya planilla indicaba que habían visto el cuerpo del occiso, aunque ninguno lo había hecho. La tía de Oscar Pérez confirmó que no pudo verlo, aunque sí firmó el documento, con la promesa que al día siguiente se lo permitirían. De ello no hay garantía. El resto de los dolientes no declaró a la prensa, notándose afectados por la situación.

A través de un video difundido por el canal Univisión, la madre de Oscar Pérez exigió que le fuese entregado el cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura. A su juicio, mientras no haya un cadáver que le confirme la muerte, su hijo sigue vivo.

“Debido a las circunstancias violentas que rodearon la muerte de estos ciudadanos, el Ministerio Público, con sujeción a lo que establece la normativa vigente y conforme al principio de debida diligencia, debe realizar las actuaciones necesarias para garantizar la preservación de los cadáveres”, destaca la ONG a la vez que cita el Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas aprobado por el Ministerio Público en 2012.

 

tiaoscarperezDolientes firmaron acta post mortem aunque no se les permitió ver los restos de sus familiares

 

Dicho instrumento establece que la cadena de custodia es considerada como “la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias digitales o físicas, con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación, desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso o lugar de hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias que cumplan funciones de investigaciones penales, criminalísticas o forenses, continuando con la consignación de los resultados a la autoridad competente, hasta la culminación del proceso”.

A su vez, el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de la Organización de Naciones Unidas, establece que “luego de realizado el protocolo de autopsia deben restituirse en el cadáver todos los órganos que no se vayan a conservar, y debe embalsamarse bien el cadáver a fin de facilitar una segunda autopsia si se desea hacer en algún momento futuro”.

El Manual Único de Procedimientos en Materia de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas del Ministerio Público, también establece que al concluir la autopsia “se deberá reintegrar al cadáver, todos los órganos que se examinaron, lo cual evitará complicaciones en caso de exhumaciones”.

Entierro de Heyker Vásquez

Mientras tanto, entre custodia policial y disparos en el barrio 23 de Enero en Caracas, se dio el funeral de Heyker Vásquez, líder del colectivo armado Tres Raíces.

Reverol no explicó la participación de Vásquez en el operativo armado contra el ex policía sublevado, aunque el periodista Deivis Ramírez reveló luego en su cuenta en Twitter que este y el supervisor jefe Andriun Domingo Ugarte Ferrer, policía fallecido, eran la misma persona.

El constituyente Diosdado Cabello confirmó la noche de este miércoles en su programa Con el Mazo Dando la participación del líder del grupo paramilitar, aunque omitió si se trataba o no del mismo funcionario. Alegó que había sido llamado por Oscar Pérez y siendo asesinado por Díaz Pimentel, integrante del grupo rebelde.

Previo al diálogo

El caso de Oscar Pérez se da justamente en la antesala a un nuevo encuentro para el proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición, con un señalamiento por parte de Reverol sobre la presunta filtración de información por parte de dirigentes políticos, en plenos diálogos de paz, para dar con el paradero de Pérez.

Los asesores de la MUD desmintieron las acusaciones, advirtiendo sobre posibles pretensiones del Gobierno por entorpecer el proceso de negociación. La Asamblea Nacional, por su parte, investiga la operación llevada a cabo por la Policía Nacional y las Fuerzas de Acciones Tácticas Especial (FAES), la cual culminó con siete ejecuciones extrajudiciales, aplicándose la pena de muerte en un país cuya práctica, violatoria de DD HH, no está aprobada.

Visto 1242 veces Modificado por última vez en Jueves, 18 Enero 2018 00:27

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