Miércoles, 17 Enero 2018 00:00

Ejecución extrajudicial de disidentes acentúa repudio nacional hacia la dictadura madurista

 
Valora este artículo
(1 Voto)
Juristas venezolanos calificaron la acción militar del régimen como una “pena de muerte”, figura fuera de la legislación nacional Juristas venezolanos calificaron la acción militar del régimen como una “pena de muerte”, figura fuera de la legislación nacional Foto cortesía

El asesinato de siete personas, varias de ellas integrantes del grupo de disidencia armada liderado por el ex funcionario del Cicpc Oscar Pérez, y las turbiedades del caso no solo desnudan la flagrante violación de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, sino que ratifica su desprecio por la disidencia e implementa de facto la pena de muerte. Por ello la ONG Cofavic exige una investigación independiente del caso mientras la Asamblea Nacional se compromete a descubrir la verdad.

  barra 13aNaranja220

MÁS INFORMACIÓN

Sin rastros del piloto que surcó el cielo caraqueño en rebelión contra Maduro

barra 4naranja220

MUD se desvincula de ataque en helicóptero e insta a redoblar presión ciudadana al CNE

barra 4naranja220

Aplicación de ‘ley contra el odio’ genera efecto intimidatorio contra manifestantes

 

El asesinato de siete personas en ejecuciones extrajudiciales y otras tantas heridas a manos de cuerpos de seguridad del Estado ocurridas el lunes en el kilómetro 16 de El Junquito, municipio Libertador, en Caracas, constituye una de las violaciones más flagrantes a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Este hecho, en el que fueron víctimas ex funcionarios de seguridad del Estado y otros civiles que se alzaron en armas contra el Gobierno nacional, ha sido merecedor del repudio nacional: un gesto en el que no podía faltar la voz de la ONG Cofavic (Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo), que no dejó de manifestar su preocupación por el hecho.

La organización hizo pública su posición a través de un comunicado en el que consideran que estos hechos deben aclararse de manera independiente, inmediata y conclusiva, conforme al debido proceso, dado que los derechos humanos son una obligación ineludible e intransferible del Estado que no puede estar supeditada al tipo de delito que se enfrenta.

“Los delitos más graves, como el terrorismo o el narcotráfico, en un Estado democrático, deben reducirse en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos porque esos elementos configuran una distinción clara entre la violencia que ejercen los particulares y el terrorismo de Estado”, argumentaron.

De acuerdo con el ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz, en el procedimiento “fueron abatidas siete personas, entre las que figura el ex-inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez”.

 
 

El mismo ente oficial informó que el lunes fue desmantelado un “peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la República”, en una actuación de evidente opacidad informativa por parte del Estado, que confirmó este martes, más de 24 horas después de los hechos, el asesinato de Pérez, de otros dos funcionarios de las Fuerzas de Acciones Tácticas Especiales (FAES) y otras cuatro personas que se encontraban en la casa en la que se escondía Pérez.

Este estaba solicitado por el régimen de Maduro por el atentado contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 27 de junio de 2017, y por el asalto a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el que robó armas, sometió a los acuartelados y retiró imágenes del ex presidente Hugo Chávez.

La ONG explica que, según el derecho internacional público, las ejecuciones extrajudiciales se derivan de una acción intencional para privar arbitrariamente la vida de una o más personas, por parte de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia. La ejecución extrajudicial se considera un acto deliberado, ilegítimo y con participación gubernamental.

“Las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes y la desaparición forzada de personas configuran, dentro del derecho internacional, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles. Tanto las ejecuciones extrajudiciales como la desaparición forzada constituyen una violación múltiple y continuada de varios derechos reconocidos, pues no sólo produce una privación arbitraria de la libertad y la vida, sino violan la integridad, la seguridad personal y el debido proceso, colocando a las personas afectadas en un estado de completa indefensión y acarreando otros delitos conexos”.

Historial de un Estado ejecutor

Cofavic registra en el periodo de enero de 2012 a marzo de 2017 un total de 6385 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales. Explican que, en los últimos años, un 49% de estos casos se han dado en operativos especiales. Por cada caso existe un promedio de 32 presuntos funcionarios o más actuantes, y en el caso del número de víctimas el promedio es de 8 personas por hecho, precisan.

“Muchas familias, incluyendo menores de edad y mujeres de edad avanzada, han sido testigos de las detenciones arbitrarias, las torturas y la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad en contra de sus familiares y sobre ellos mismos al intentar intervenir o solicitar información”.

Entre los patrones de actuación identificados por la organización en los operativos realizados por presuntos cuerpos de seguridad del Estado o grupos civiles armados con aquiescencia de estos en zonas con alta presencia militar y policial, destacan:

1. Irrupción ilegal y violenta a las viviendas y propiedad privada.

2. Destrucción de bienes, enseres y fuentes de sustento económico para estas familias.

3. Posterior hostigamiento policial y militar en las zonas del operativo, lo que ha generado en los sobrevivientes un terror extremo y miedo a la denuncia, a reunirse y a expresar sus necesidades, demandas y expectativas.

Por eso Cofavic pide “una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial” sobre estos hechos para que el Estado establezca las responsabilidades que sean pertinentes.

“También abogamos por la utilización de estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (artículo 23 de la CRBV): Con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas”, expusieron, a la vez que exigen que los organismos de seguridad ciudadana tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos, con clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.

“Una vez más, instamos firmemente al Estado venezolano a revisar a fondo los procedimientos especiales de seguridad ciudadana, como la Operación Liberación del Pueblo (OLP), la actuación del Comando Nacional Anti Extorsión y Secuestro (Conas) y la actuación de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), que se están desarrollando y que han dejado un saldo tan lamentable de presuntas violaciones de derechos humanos especialmente en zonas populares”.

“Por último, es de suma importancia implementar medidas institucionales, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios militares y policiales que indiquen, sin equívocos de forma expresa y clara, el rechazo absoluto de los crímenes cometidos durante operativos de seguridad ciudadana y su voluntad determinante de cooperar con el esclarecimiento de los mismos y el establecimiento de las responsabilidades pertinentes”, remató la organización defensora de derechos humanos. (Con información de Cofavic)

 

AN investigará operación militar
contra rebeldes

ANEl Parlamento se comprometió a investigar el caso para esclarecer la verdad que el régimen intenta ocultar | Foto Prensa AN

Caracas.- La Asamblea Nacional aprobó emprender una investigación sobre la oscura operación militar contra un grupo rebelde encabezado por el ex policía Oscar Pérez, que dejó nueve muertos y varios heridos.

La jefa de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, dijo que se aprobó la creación de una subcomisión que tendrá a cargo la investigación y que pedirá respuestas al Gobierno sobre una serie de dudas generadas por la operación de comandos militares.

“Desde esta Asamblea condenamos la muerte de todos los que fallecieron en un oscuro procedimiento emprendido para capturar a un venezolano”, dijo la legisladora.

Solórzano afirmó que el Gobierno no ha informado al país los detalles de la operación. Indicó que si los hechos ocurrieron como informaron la prensa y las redes sociales no dudó en calificarlos como una ejecución extrajudicial.

Agregó que entre las dudas están quiénes son las víctimas y cómo murieron, si el uso de la fuerza fue proporcional, como indican las leyes; por qué hubo víctimas mortales a pesar de que el grupo expresó su intención de rendirse.

Solórzano dijo que hay versiones de que en la operación actuaron civiles, aparentemente miembros de grupos paramilitares, como el caso de Heiker Vásquez, miembro de la agrupación Tres Raíces, del 23 de Enero, quien, según datos confirmados por el periodista Deivis Ramírez, tiene doble identidad, y fue presentado por Reverol como Adriun Domingo Ugarte Ferrera, funcionario de la Policía Nacional. Este resultó muerto en la cacería contra Pérez y su grupo.

“El debate es sobre la muerte de venezolanos en manos de cuerpos de seguridad nacional. ¿Qué hacía en el operativo Heiker Vásquez? El Estado está en la obligación de darle respuestas al país de ser cierto que estaba un civil entre los fallecidos, porque no tenemos información oficial”, agregó.

Dijo además que en la zona no estuvieron representantes de la Fiscalía General o la Defensoría del Pueblo, en medio de una operación que puso en peligro a numerosos vecinos.

También preguntó si a los detenidos se les está respetando el debido proceso y el derecho de tener contacto con sus abogados.

“Los videos difundidos en los medios de prensa hablan de un uso indiscriminado de la fuerza. Hemos visto a un grupo que se estaba rindiendo y a pesar de eso fueron masacrados. Exigimos a Nicolás Maduro que dé respuestas”, insistió. | DPA

 
Visto 1507 veces Modificado por última vez en Miércoles, 17 Enero 2018 01:18

Email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.