Martes, 21 Noviembre 2017 00:00

Gobierno utilizó teoría del ‘Derecho penal del enemigo’ para ensañarse contra Teodoro Petkoff

 
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A Petkoff le arrebataron sus derechos civiles en septiembre, luego de dos demandas por difamación interpuestas por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello A Petkoff le arrebataron sus derechos civiles en septiembre, luego de dos demandas por difamación interpuestas por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Foto Acceso a la Justicia

ONG Acceso a la Justicia alerta que el Gobierno ha institucionalizado esta práctica mediante otros recursos como la demanda por difamación, para arremeter contra los derechos civiles de quienes son críticos con la gestión estatal.

@OrianaFaoro 

 

Caso Correo del Caroní

En Puerto Ordaz, Correo del Caroní también dejó de circular por la falta de papel periódico, producto de la no asignación de divisas a tasa oficial y las trabas que implica comprar insumos a la Corporación Maneiro.

Su director, David Natera Febres, fue enjuiciado y sentenciado por difamación e injuria agravada, el pasado 11 de marzo de 2016, por las publicaciones e investigaciones que hizo Correo del Caroní sobre el caso de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco, que vinculaban al empresario local, Yamal Mustafá. Este demandó a Natera y, pese a haber estado detenido durante las investigaciones, el tribunal falló en su favor.

Mientras en el resto del mundo las demandas por difamación se han eliminado, sobre todo en los casos en que los aludidos son personajes o funcionarios públicos y no se haya afectado su vida privada, en Venezuela han crecido en número este tipo de querellas contra los medios de comunicación, comparándose solo con países como Cuba, y se afianza como un elemento que promueve la autocensura.

 

Persecución, inhabilitaciones políticas, cierres de medios de comunicación, desapariciones forzosas, prisión y hasta la muerte. Todos estos son los destinos de quienes se opongan al Gobierno en Venezuela, de acuerdo con balances de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia.

En su informe más reciente, Acceso a la Justicia retoma la teoría del “Derecho penal del enemigo”, desarrollada por el penalista alemán Gunther Jakobs, para calificar las acciones gubernamentales como propias de esta corriente puesto que se enfocan en la eliminación de los derechos humanos de quienes sean contrarios.

Uno de los casos más macabros es el de Teodoro Petkoff, el economista y director y fundador del diario Tal Cual, a quien le fue impuesta la muerte civil por parte del Tribunal 29º de Juicio de Caracas, a cargo del juez Aris José La Rosa. A Petkoff se le quitaron todos sus derechos como ciudadano, y se nombró a su cónyuge como tutor oficial; luego de ser demandado dos veces por difamación en 2014 y 2015 por publicaciones que hiciera su medio acerca del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

El 31 de agosto de 2017, el juez La Rosa visitó a Petkoff en su residencia, sin notificación previa, a consecuencia de las acusaciones que se tramitaban en el tribunal por solicitud de Cabello.

“Días después de esta visita, y en plenas vacaciones judiciales, se supo de la escandalosa decisión dictada por La Rosa, quien actuando fuera de su competencia inhabilitó civilmente al dirigente, nombró como tutor a su cónyuge, lo despojó del derecho a estar asistido por su abogado, levantó las medidas cautelares dictadas en su contra (presentación periódica en el tribunal y prohibición de salida del país) y procedió a decretar el sobreseimiento del caso”, detalla el informe de Acceso a la Justicia.

Tal decisión fue basada en una evaluación médica y psicológica forense de los tribunales, realizada por especialistas que ni siquiera tuvieron tiempo de observar los resultados de tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y escaneos cardiovasculares con los equipos adecuados, de acuerdo con lo denunciado por Humberto Mendoza D’Paola, abogado defensor de Petkoff, a quien el juez La Rosa también le cesó el derecho de asistir legalmente al director de Tal Cual.

El Estado se fusiona con los intereses del partido de Gobierno y tiene como ejecutores a instituciones que deberían ser autónomas e independientes: el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ahora la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instancia que solo cuenta con curules oficialistas.

Demanda por difamación: otro ataque contra el enemigo

Petkoff es un dirigente político de larga trayectoria en Venezuela. En los últimos 18 años ha sido crítico a la gestión tanto del ex presidente Hugo Chávez como de la de Nicolás Maduro.

  ComillasAMARILLASEs preocupante que la fuerza del régimen se centre en los periodistas sin desparpajo alguno y no contra quienes desde la política destruyen descaradamente al Estado de derecho y la democracia de nuestro país”.  

Diosdado Cabello le demandó dos veces por el delito de difamación agravada en 2014 y 2015. La primera fue por la publicación en Tal Cual del artículo Patria socialista o muerte, firmado por Carlos Genatio, ex ministro de Chávez que analizó la siguiente afirmación de Cabello: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”, con relación a la inseguridad en Venezuela.

La segunda demanda llegó en 2015, cuando Cabello acusó también a otros 13 propietarios y medios de comunicación, por replicar informes del diario español ABC de España, que señalaban al constituyente de ser líder de una red internacional de narcotráfico.

Por ambas demandas, a Petkoff le fue dictada prohibición de salida del país y régimen de presentaciones periódicas ante el tribunal, lo cual le impidió ir a España a recibir el Premio Ortega y Gasset en 2015 por su trayectoria profesional.

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Recientemente, el diario Tal Cual dejó de circular como semanario en papel, producto de otra de las medidas de persecución que emplea el Gobierno contra las publicaciones periódicas que le adversan ideológicamente, al centralizar la venta de insumos en la corporación Alfredo Maneiro.

“Continuar la persecución criminal de periodistas por razón de sus opiniones resulta absurdo en un Estado democrático y de derecho, donde debe imperar la libertad de expresión, opinión y difusión del pensamiento”, enfatizó Acceso a la Justicia en el informe reseñado, recordando que el Comité para la Protección de los Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa se han pronunciado en defensa de la prensa venezolana.

La demanda por difamación y sus consecuencias es otra muestra más de la aplicación del “Derecho penal del enemigo”, que acabó anulando civilmente a Teodoro Petkoff.

“Es preocupante que la fuerza del régimen se centre en los periodistas sin desparpajo alguno y no contra quienes desde la política destruyen descaradamente al Estado de derecho y la democracia de nuestro país”, concluye la ONG. (Con información de Prensa Acceso a la Justicia)

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