Jueves, 16 Noviembre 2017 00:00

Ortega Díaz suma presión a la dictadura madurista con pruebas por crímenes de lesa humanidad ante la CPI

 
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“En Venezuela no hay justicia y no es posible que se logren sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad” “En Venezuela no hay justicia y no es posible que se logren sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad” Foto cortesía

Ortega señaló previamente que no se pueden presentar denuncias, pero sí aportar pruebas para pedir que la Fiscalía las evalúe. Las denuncias alcanzan a Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino; al ministro del Interior, Néstor Reverol; al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González; y al jefe del gobierno del Distrito Capital y ex jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres.

La Haya | Caracas.- La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó este jueves ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, una serie de pruebas contra el presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros para que sean investigados por violaciones de derechos humanos.

 
 

La ex fiscal también solicitó una orden de captura internacional contra Maduro, a quien pide investigar por “crímenes de lesa humanidad previstos en el estatuto de Roma”.

Ortega señaló previamente que no se pueden presentar denuncias, pero sí aportar pruebas para pedir que la Fiscalía las evalúe.

Las denuncias alcanzan a Maduro, al ministro de Defensa, Vladimir Padrino; al ministro del Interior, Néstor Reverol; al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González; y al jefe del gobierno del Distrito Capital y ex jefe de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio Benavides Torres.

Han cometido crímenes de asesinatos, torturas, encarcelamiento, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. En mi condición de fiscal he cedido un cúmulo de pruebas, una carga probatoria, con que cuenta el Ministerio Público”, explicó.

Agregó que se vio obligada a acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela ”no hay justicia y no es posible que se logren sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad”.

Pruebas en mano

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“Estamos denunciando que en 2015 fueron asesinadas 1.777 personas por funcionarios policiales y militares; en 2016 4.477, bajo las mismas condiciones y hasta junio de este año se registraron 1.846 personas, todas las órdenes del Ejecutivo, amparado en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social, una razzia”, alegó.

Dijo que también incluyó en la denuncia a 505 personas “asesinadas en las llamadas operaciones de liberación del pueblo (OLP), ejecutadas por grupos tácticos de combates, fuerzas especiales”.

“(Incluyó) más de 17 mil detenciones arbitrarias, cientos de casos de tortura, la militarización de la seguridad ciudadana a través de una resolución. No solo la militarización, sino que permitió el uso de armas de fuego en manifestaciones“, afirmó.

Ortega, destituida en agosto pasado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, denunció en marzo que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) perpetró una ruptura del orden constitucional del país, a través de dos sentencias que despojaron de sus atribuciones a la Asamblea Nacional, la 155 y 156, que alimentaron la ola de protestas nacionales contra la dictadura de abril a julio de este año.

La presentación de estas pruebas suma presión al régimen de Maduro, que enfrenta, además del consabido repudio internacional por la radicalización de su autoritarismo, la evaluación de la Organización de Estados Americanos (OEA) de elevar el caso venezolano ante esta misma corte internacional. (Con información de DPA)

 
 
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