Viernes, 04 Agosto 2017 00:00

CDH-UCAB disecciona el fraude constituyente y exige sanciones contra los responsables

 
Valora este artículo
(0 votos)
La constituyente de Maduro se erige sobre la sangre de más de un centenar de asesinados en protestas contra su dictadura La constituyente de Maduro se erige sobre la sangre de más de un centenar de asesinados en protestas contra su dictadura Fotos cortesía

También exigen una auditoría sobre los resultados del 30 de julio, manifiestan su acompañamiento a las víctimas de la coacción al voto y reiteran su exigencia de un cronograma electoral.

  barra 13aNaranja220

MÁS INFORMACIÓN

Vaticano pide que se suspenda la Asamblea Constituyente en Venezuela

barra 4naranja220

La dictadura impone su constituyente ilegítima en un país colapsado y en medio del repudio mundial

barra 4naranja220

Rechazan al CNE de reunión hemisférica de autoridades electorales por su actitud servil a la dictadura de Maduro

 

Más que el mero rechazo a un fraude constituyente declarado desde su viciada convocatoria, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) disecciona punto por punto las fases de un proceso plagado de irregularidades. Un cúmulo de ilícitos que no solo terminan fraguando la mayor de las violaciones al texto constitucional, sino que liquida la democracia y consolida las bases de la dictadura de Nicolás Maduro.

Esa disección la plasmaron en un documento titulado Consideraciones sobre el fraude constituyente y el derecho a la participación política, en el que dividen las fases del fraude en cinco bloques: la convocatoria, la elección y los resultados.

En la primera fase destaca que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es una atribución exclusiva del pueblo venezolano como “depositario del poder constituyente originario”, como reza el artículo 347 de la Constitución nacional, y que no participó de la activación de este proceso, sino que lo hizo Maduro unilateralmente, “con el cuestionable aval de una sala constitucional que actúa como operador político”.

A esto añaden que la convocatoria se gestó como un ejercicio excluyente y violatorio de los derechos políticos, al consagrarse la discriminación política a través de la arbitrariedad en el diseño de las bases comiciales. Estas, explica el CDH-UCAB, no fueron representativas, sin garantía de la universalidad y representación proporcional previstas en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Además recuerdan que la fraudulenta convocatoria contó con el amparo de un Consejo Nacional Electoral (CNE) de composición cuestionable, al recordar que algunas de sus rectoras fueron ilegalmente impuestas por el TSJ en diciembre de 2016, alegando el supuesto desacato de la Asamblea Nacional, a lo que le suman que ese mismo TSJ lo integran individuos designados al margen del procedimiento constitucional.

barra ama35VERTICAL Lea aquí el comunicado completo  

El CDH-UCAB cierra esta primera fase del desmontaje recordando que ese mismo CNE fue el que impone todo tipo de obstáculos a la convocatoria del referéndum revocatorio del año pasado e interpretar que las decisiones de 7 tribunales penales de primera instancia significaban la cancelación de este proceso.

“En síntesis, tres ramas del poder público, dos de ellas con graves cuestionamientos en cuanto a su legitimidad de origen, actuaron de manera concertada y por encima de sus facultades constitucionales, para imponer la convocatoria a una asamblea nacional constituyente al margen del pueblo, en cuanto depositario del poder constituyente originario, y en el marco de serias e ilegales restricciones a los derechos humanos”, cierra la primera parte.

El nefasto 30J

Lo segundo es la consumación del fraude con la elección del pasado 30 de julio.

En contraste con todos los obstáculos impuestos a la consulta para la activación del referéndum revocatorio, el CNE omitió todo tipo de requisitos técnicos y formales para la realización de la elección de los constituyentes: se obviaron diversas auditorías, se flexibilizó el acceso a los centros de votación, se crearon centros de contingencia con la excusa de la existencia de focos de violencia, no se acreditó a periodistas de medios independientes, no se invitó a observadores ni acompañantes nacionales o internacionales y se prescindió del uso de la tinta indeleble. “Solo en materia de auditorías, según el Observatorio Electoral Venezolano, se obviaron al menos 14 de ellas”, apuntan.

barra ama210VERTICAL

Ecapitularl CDH-UCAB solicita a los actores políticos que, antes de exponer públicamente sus intenciones (o no) de participar en eventos políticos a futuro, presenten al país una propuesta para la puesta en práctica del mandato recibido de 7,5 millones de venezolanos que exigen elecciones libres y transparentes.

 

Denuncian que a lo largo del proceso no hubo regulación alguna para los abusos televisivos, la imposición de cadenas de radio y televisión para promover candidatos, ni el lenguaje violento; tampoco hubo información sobre el financiamiento de las campañas. “El mismo día de la realización del evento, se obstaculizó el acceso a medios independientes, se extendió artificialmente el horario de cierre de los centros y se ejerció todo tipo de presión sobre posibles votantes”.

“El fraude no se concentró en un momento, sino que se fue configurando en sucesivos eventos como parte de un proceso, con impacto cualitativo y cuantitativo”, rematan.

En los resultados no se detuvieron demasiado. Un fraude cantado con más de 8 millones de votos es una farsa fácilmente rebatible cuando la popularidad del gobierno viene en caída, cuando esta cifra roza la votación de Maduro en un mayor apogeo político, cuando los resultados no han sido auditados y cuando la propia empresa proveedora de hardware y software para la elección, Smartmatic, da fe del primer caso de fraude numérico masivo en la historia electoral contemporánea de Venezuela.

Perspectivas electorales

Por lo demás el Centro de Derechos Humanos de la universidad administrada por la Compañía de Jesús se hace eco de las denuncias de aquellos que fueron coaccionados a votar en este fraudulento proceso, y a los discriminados a participar. El uso del carné de la patria como mecanismo de control social y político, amenazas de despidos, chantaje con bolsas de comida y reiterados mensajes de texto de presión para votar forman parte de la evidencia.

  CDH UCAB2
Las arbitrariedades cundieron el proceso constituyente desde su inicio
 

Además de esto trazan una perspectiva hacia las elecciones futuras. Sobre esto recuerdan que el cronograma electoral es una de las cuatro exigencias que ha movilizado a la población, ha ocasionado miles de heridos y detenidos y ha costado la vida a más de 120 venezolanos durante los últimos 4 meses; y además, “como parte de esta exigencia democrática, 7,5 millones de venezolanos dijeron sí a elecciones libres y transparentes en la consulta soberana del 16 de julio”.

Por eso creen que esos resultados deben ser objeto de una cuidadosa lectura por parte de dirigentes políticos, a fin de acordar el rumbo para satisfacer adecuadamente esta demanda, dentro del marco de la Constitución vigente y “rechazar la tentación de los atajos o figuras paralelas”, rechazadas tanto por la población como por la comunidad internacional.

“La destrucción de la credibilidad del CNE, a causa del reciente fraude masivo, no puede convertirse en un obstáculo para seguir exigiendo que se cumpla con el requisito más básico de una democracia: elecciones libres, transparentes, universales, directas y secretas”, enfatizan.

Por las consideraciones anteriores, el CDH-UCAB:

 

Rechaza los resultados anunciados por el CNE en cuanto al inconstitucional evento del domingo 30 de julio;

Exige una auditoría ciudadana con observación internacional sobre los resultados anunciados, solo con el objeto de determinar responsabilidades;

Exige una investigación que permita identificar a los responsables del fraude y el establecimiento de las sanciones respectivas por la comisión de delitos electorales;

Ratifica su disposición de acompañamiento a las víctimas de coacción por el ejercicio de derechos políticos;

Reitera la exigencia de la presentación de un cronograma electoral;

Solicita a los actores políticos que, antes de exponer públicamente sus intenciones (o no) de participar en eventos políticos a futuro, presenten al país una propuesta para la puesta en práctica del mandato recibido de 7,5 millones de venezolanos que exigen “elecciones libres y transparentes”.

 
Visto 669 veces Modificado por última vez en Viernes, 03 Noviembre 2017 11:25

Email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.