Martes, 13 Junio 2017 00:00

Fiscal general abre vías para enjuiciar a magistrados de la Sala Constitucional que deforman el Estado

 
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Ortega Díaz: “Lo que se está buscando es desmantelar el Estado” Ortega Díaz: “Lo que se está buscando es desmantelar el Estado” Foto Ministerio Público

Ortega Díaz solicita, además del antejuicio de méritos, unamedida cautelar para la separación del cargo de estos ocho magistrados acusados “porque corre peligro la nación, corre peligro el estado de derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía”.

 

Artículo 132 del Código Penal venezolano

ComillasAMARILLASCualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la nación será castigado con presidio de ocho a dieciséis años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela, o pidiere su concurso para trastornar la paz de la República o que ante sus funcionarios, o por publicaciones hechas en la prensa extranjera, incitare a la guerra civil en la República o difamare a su Presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela, por razón de sus funciones, en el país donde se cometiere el hecho”.barra ama370

 

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó este martes en la mañana un antejuicio de mérito contra seis magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes.

Díazargumentó en las afueras del TSJ que cuando se desconoció el estado de derecho se vio en la necesidad de solicitar el antejuicio de mérito para restablecer la paz y la seguridad de la República.

“La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración que se ha dado en la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal”.

La acción va dirigida contra los magistrados Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta, Luis Damiani, Lourdes Suárez, y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves, quienes habrían incurrido en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, el cual está previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.

Ortega Díaz también pidió que los ocho funcionarios se inhiban de conocer sobre la petición interpuesta por su persona.

“En el supuesto de que no se inhiban, estamos solicitando la recusación. Igualmente, estamos interponiendo como medida cautelar innominada la separación del cargo de estos magistrados porque corre peligro la nación, corre peligro el estado de derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del derecho. Sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala, por eso pido que se convoquen a nuevos magistrados para que puedan resolver esta petición”, aseguró.

Para la máxima representante del Ministerio Público, el TSJ a través de la Sala Constitucional lleva adelante una política reiterada que atenta contra la forma republicana. En ese sentido, citó como ejemplo las sentencias 155 y 156, con las cuales se produjo una ruptura del orden constitucional.

“Fue tal el impacto y la magnitud de esas sentencias, que al día siguiente de publicados ambos fallos, se convocó el Consejo de Defensa de la Nación”, añadió.

 

ComillasAMARILLASNo puede ser que el TSJ diga hoy no me gusta la Asamblea yo la elimino, mañana no me gusta el Ministerio Público y lo elimino, mañana no me gusta otro organismo y también lo elimino, necesitamos seguridad”.barra ama650

 

Precisó que luego de esa convocatoria fue suscrito un acuerdo en el que se exhortó a la Sala Constitucional para que realizara una aclaratoria de las referidas sentencias, en las cuales solo trataron las medidas innominadas, mas no se pronunciaron sobre el fondo.

Advirtió que en ambas decisiones se le daba al Presidente de la República plenos poderes, inclusive, en materia penal “cuando esta debe ser interpretada de manera restrictiva, porque el Estado y los ciudadanos necesitan seguridad jurídica sobre quién va a investigar y quién va a juzgar”.

Ortega Díaz agregó que en las sentencias, además, los magistrados despojaron de sus atribuciones a la Asamblea Nacional, cuyas funciones se arrogó la Sala Constitucional. “Indudablemente, que estas sentencias ponen en peligro la democracia, que es un requisito indispensable para la paz, para la convivencia humana”.

La fiscal cito también la sentencia 378, en la que señaló entre muchas cosas, que revive la democracia representativa y se deroga la democracia participativa y protagónica en clara violación del artículo 5 de la Constitución.


Cruzada contra la dictadura

Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara el lunes inadmisible su recurso contra la asamblea constituyente, Luis Ortega Díaz sacó ese mismo día el nuevo as debajo de la manga: impugnó la designación de 13 magistrados principales y 20 suplentes del TSJ. “Estoy demandando la nulidad del acuerdo emanado de la Asamblea Nacional y en ese sentido creo que la falta de legitimidad de origen de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas a la crisis del país, sino por el contrario lo que se encarga es acelerar la crisis”, declaró a Unión Radio.

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Fue el jueves 8 de junio cuando introdujo ese recurso de nulidad contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que promueve el presidente Nicolás Maduro.

Refirió que el tribunal representa un obstáculo para la paz del país, por lo que citó el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual señala que los ciudadanos tienen el derecho de acceso a la justicia y el Estado debe garantizarlo.

Acerca de la selección de los magistrados advirtió la irregularidad de su escogencia, cuya acta no fue firmada por ella ni por la secretaria del Consejo Moral Republicano.

Indicó que en la actualidad no tiene certeza sobre la forma como se hizo la elección, lo que la llevó a presentar la demanda de nulidad contra 13 magistrados principales y 20 suplentes.

Ante esta nueva solicitud, Ortega Díaz dijo que espera que el máximo tribunal decida y que se inhiban los magistrados involucrados, quienes deben separarse del conocimiento de esa causa.

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