Los 13 países firmantes han pedido a Maduro que transfiera de “forma provisional” el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional “hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”. El Gobierno de México salvó su voto y marcó distancias acentuando su neutralidad.
       

Giro mexicano

El único país del Grupo de Lima que se ha abstenido de firmar esta declaración ha sido México, cuyo gobierno ha cambiado de signo político con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Los Pinos el pasado 1 de diciembre, después del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Aunque el gobierno de Peña Nieto no era especialmente combativo con el llamado eje bolivariano, López Obrador es todavía más reacio a intervenir en asuntos regionales, salvo en lo vinculado al creciente flujo migratorio desde Centroamérica y a las fricciones fronterizas con Estados Unidos, cuestiones que atañen directamente a México.

Los países del Grupo de Lima, a excepción de México, han instado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a no tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero, cuando comenzaría el segundo mandato que ganó en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, no reconocidas ni por la oposición ni por gran parte de la comunidad internacional.

“Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía (...) instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero”, reza la declaración emitida tras la reunión celebrada este viernes en Perú por los ministros de Exteriores del Grupo de Lima.

Los trece países firmantes han pedido a Maduro que transfiera de “forma provisional” el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015, “hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.

En su opinión, el proceso electoral del 20 de mayo “carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente”.

Además, han ratificado “su firme condena a la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho en Venezuela, resaltando que sólo a través del pleno restablecimiento, lo más pronto posible, de la democracia y el respeto a los derechos humanos se podrán atender las causas de la crisis política, económica, y humanitaria que atraviesa ese país”.

En consecuencia, han recalcado que “no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro” y han avanzado que, si el inquilino del Palacio de Miraflores sigue adelante con la toma de posesión del 10 de enero, emprenderán una serie de acciones.

Ofensiva diplomática

       

Así, han anunciado que revisarán “el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país y de la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses”.

Además, “según lo permitan sus legislaciones internas”, impedirán a altos cargos venezolanos entrar a sus territorios y elaborarán “listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de estos países no deberán operar o deberán tener una especial diligencia” y, de ser necesario, congelarán sus activos en dichos estados.

También han acordado “suspender la cooperación militar con el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la transferencia de armas, a la luz de los artículos 6 y 7 del Tratado sobre el Comercio de Armas, así como evaluar los permisos de sobrevuelo de aviones militares venezolanos en casos de asistencia humanitaria”.

En el plano internacional, han anticipado una ofensiva por la cual evaluarán “con criterio restrictivo” la concesión de préstamos a Venezuela en los organismos globales de los que forman parte y animarán a otros estados miembro a que adopten medidas similares.

En particular, han pedido a todos los integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) que respalden la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela y a la comunidad internacional que apoye la denuncia que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú han hecho en el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Crisis humanitaria

En otro orden de ideas, han expresado su “profunda preocupación por la grave crisis política y humanitaria en Venezuela, que ha generado el éxodo masivo de migrantes y solicitantes de refugio provenientes de ese país, producto de los actos y políticas antidemocráticas, opresoras y dictatoriales practicados por el régimen de Nicolás Maduro”.

El comunicado generó reacciones a favor y en contra. El rechazo estuvo marcado por la posición del Grupo de Lima a favor de Guyana, en el conflicto generado por la incursión irregular en diciembre de 2018 de un buque autorizado por Guyana en aguas venezolanas, violando abiertamente la soberanía nacional.        

A este respecto, han exhortado a Maduro a “permitir el inmediato ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo de Venezuela, a fin de prevenir el agravamiento de la crisis humanitaria y de salud pública en ese país y de sus efectos transnacionales”.

No obstante, han renovado “su compromiso, en la medida de sus posibilidades, de continuar brindando asistencia a los migrantes procedentes de Venezuela, así como de promover y desarrollar iniciativas de coordinación regional en respuesta a esta crisis”.

En lo relacionado a la crisis humanitaria, el Grupo de Lima se ha mostrado convencido de que “la solución corresponde a los venezolanos”, por lo que ha reiterado “su permanente determinación a apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan al restablecimiento del orden constitucional, de la democracia y del Estado de Derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas”. (Europa Press)