El Instituto de Prensa y Sociedad publicó su informe sobre el índice de libertades periodísticas de 2018.

El cruce de fronteras ha marcado el ejercicio del periodismo en Venezuela. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos cinco años, ha comprendido el éxodo de quienes hacían vida en los medios en el país: 18% de los periodistas registrados en el mapa de medios de Ipysv emigraron entre 2014 y 2018.

También se han dado desplazamientos forzados a zonas, dentro y fuera del país: 34 periodistas huyeron a otras regiones debido a que fueron perseguidos por su trabajo periodístico en los últimos tres años. El oficio informativo también se ha movido a la web en medio del cambio del ecosistema comunicacional del país: para 2018, 38% de más de 2.600 periodistas ejercían en medios digitales -la mayoría de ellos representan instancias de pequeñas escalas- mientras que hubo una contracción en la radio, la televisión y la prensa.

Los periódicos fueron los más golpeados, debido a que para finales de año, en este sector solo estaba activo 18% de los trabajadores de medios registrados en las bases de datos de esta organización.

A estas mutaciones en el ecosistema de medios, se sumó la opacidad y la violencia que fueron las restricciones de mayor riesgo para la libertad de expresión en Venezuela durante el 2018. Así lo reveló el Índice de libertades informativas Ipysve 2018, un estudio de percepción que hace un retrato del ejercicio periodístico en el país con la colaboración de 326 periodistas de 18 entidades.

Cruzando fronteras

De acuerdo con el Mapa de Periodistas que levantó IPYS Venezuela, que incluye un total de 2.674 trabajadores de medios de comunicación, al menos 477 se fueron del país entre 2014 y 2018.

Más de la mitad de los que migraron, un total de 250 periodistas, estaban radicados en la ciudad de Caracas.

Migrar también fue una medida de protección para los periodistas venezolanos. A principios de 2018 los comunicadores Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación, se vieron obligados a irse de Venezuela para garantizar sus libertades.

Esto ocurrió como resultado de una demanda por los delitos de difamación agravada continuada e injuria agravada que introdujo Alex Saab, en septiembre de 2017, luego de la publicación de un reportaje en el que los periodistas evidencian irregularidades en la importación estatal de alimentos en donde se demuestra la participación del empresario colombiano.

La demanda derivó en la decisión del poder judicial venezolano de prohibir la salida del país a los periodistas, y en una orden de censura previa que les impide mencionar a Saab en sus investigaciones en cualquier medio digital. Esta última medida fue a partir de un documento que envió -a las direcciones residenciales de los miembros de Armando- la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), organismo estatal a cargo de la regulación, supervisión y control de las telecomunicaciones en Venezuela.

Con el caso de los periodistas de Armando.info fueron algunos de los 34 desplazamientos forzados, dentro y fuera del país, que se detectaron en los datos que recogió IPYS Venezuela y que se han dado debido a persecuciones por el trabajo periodístico desde 2016.

Salvavidas digital

Las restricciones para informar en Venezuela han desplazado a los periodistas a la web, donde han encontrado algunas trincheras para mantenerse activos en el oficio. En 2018 los medios digitales fueron la plataforma a la que pertenecían la mayoría de los trabajadores de medios de comunicación. Así lo demostró 38% del mapa de periodistas encuestados en el Índice de libertades informativas Ipysve, cuyos resultados también señalaron que la radio es el segundo lugar donde se ejerce el periodismo, con un porcentaje de 20%. Seguidamente están la prensa (18%) y la TV (9%).

Datos en la oscuridad

       

El ocultamiento de datos oficiales y la desinformación persistieron a lo largo del 2018, periodo en que el sistema de monitoreo de IPYS Venezuela evidenció un total de 266 casos que acumularon 327 violaciones a la libertad de expresión. Entre estos hechos que pusieron en riesgo el ejercicio periodístico independiente en el país, se contabilizaron 147 incidencias por uso abusivo del poder estatal, 86 por agresiones y ataques, así como 67 limitaciones de acceso a la información pública.

Sobre las acciones que imposibilitaron el trabajo de los periodistas, predominaron nuevamente las negativas constantes de funcionarios públicos de ofrecer declaraciones sobre informaciones de interés público.

69% de los periodistas encuestados en la medición dijo que encontró restricciones frecuentes para acceder a información de interés público en los organismos de seguridad estatales. Mientras que en Conatel estos impedimentos fueron señalados por el 47% de los comunicadores sociales.

La consulta de documentos y datos oficiales en instituciones y plataformas digitales fue otra de las circunstancias en las que se vio restringido el ejercicio periodístico, así como el derecho de conocer información acerca de asuntos públicos que tiene la sociedad venezolana. Así lo confirmó 87% de los periodistas encuestados.

Entre otras instituciones estatales en las cuales los encuestados detectaron inconvenientes para informarse, se encuentran los poderes públicos regionales y locales (77%) y los organismos de la salud pública (72%).

Desde 2013 instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) no entregan cifras imprescindibles a nivel macro para el análisis económico como los balances anuales, los informes de gestión, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que indicaba a los ciudadanos los porcentajes de inflación mensual en el país.

Apagón de rotativas

El año 2018 fue el peor año para los medios de comunicación impresos. En el Índice de libertades informativas IPYSve, las restricciones para la importación y compra de insumos para la producción informativa recibieron un promedio de 58 puntos, por las restricciones agudas en este sector, según la percepción de los periodistas consultados. Lo que indica un nivel elevado de estas limitaciones, que además se corresponde con los resultados del monitoreo de IPYS Venezuela que señalan al corporación oficial que importa, vende y distribuye como uno de los victimarios principales con un total de 49 casos.

Los últimos cinco medios impresos forzados a suspender su publicación fueron El Nacional, El Aragüeño y Ciudad Mcy (Aragua), Tribuna Popular (Caracas) y El Luchador (Bolívar). Uno de los casos más emblemáticos del 2018 fue el de El Nacional, que en diciembre suspendió su rotativa de forma temporal.

Otro caso importante fue el de El Impulso, del estado Lara, diario más antiguo de Venezuela con 114 años de trayectoria desde su fundación en enero de 1904. En febrero este medio anunció el cese forzoso de su circulación hasta nuevo aviso, debido al silencio del Complejo Editorial Alfredo Maneiro a los pedidos de papel periódico.

La radio y la televisión no estuvieron exentas de las prácticas coercitivas de las autoridades oficiales.

Una de las medidas represivas en los medios televisivos que llamó más la atención fue el despido arbitrario de la periodista Alba Cecilia Mujica, conductora del programa Mujeres en todo del canal Globovisión, luego de que se refiriera en vivo al asesinato de Oscar Pérez, exagente del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el cual fue calificado como ejecución extrajudicial según las denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos.

Las televisoras internacionales tampoco escaparon de la censura. El 4 de agosto de 2018 Conatel suspendió durante 45 minutos la señal del canal alemán Deutsche Welle (DW español) en el proveedor de servicio de televisión Directv, durante la retransmisión del documental Venezuela – La huida de un Estado fallido, que refleja la realidad actual del país y fue liderado por el periodista Pertti Pesonen.

Entre 2014 y 2019, nueve televisoras extranjeras han salido de la parrilla de programación de las cableras por orden expresa del organismo estatal. Los canales de televisión suspendidos fueron: Antena 3 (España), National Geographic (Estados Unidos), 24 Horas y TV Chile (Chile), CNN Español (Estados Unidos), El Tiempo Televisión (Colombia), Caracol (Colombia), RCN (Colombia) y Todo Noticias (Argentina).

Intervenidos

Al igual que en el 2017, el año pasado las plataformas informativas que se vieron comprometidas por estas vulneraciones pertenecían principalmente a medios independientes y organizaciones no gubernamentales, entre ellos: El Pitazo, Armando.info, Crónica.uno, Runrunes y Vendata. Igualmente resultaron afectados otros medios privados como El Nacional, La Patilla y Caraota digital.

Los episodios de bloqueos en la red durante el 2018 evidenciaron nuevas formas de censura. Así lo constató IPYS Venezuela con el apoyo del Open Observatory of Network Interference (ONNI), una organización mundial encargada de seguir y documentar las interferencias en la libertad en internet, cuando los usuarios de Cantv, Movilnet y Movistar no pudieron acceder a los portales de noticias La Patilla y El Nacional debido a un bloqueo temporal por Http, que se ejecutó sin ninguna orden judicial ni una explicación formal de las teleoperadoras.

El índice de libertades informativas que mide el nivel de este derecho humano en Venezuela es la conclusión de una serie de cuestionarios en línea realizadas entre el 21 de enero al 10 de febrero a 326 periodistas en 18 estados del país: Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Zulia y el Área Metropolitana de Caracas. Este estudio contó con la participación de un equipo integrado por periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. (Prensa Ipys)