La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía contabilizó nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en febrero, lo que revela un panorama de continuo abuso de autoridad y negligencia por parte de efectivos del Estado.

Jesús Moya tenía 24 años cuando fue asesinado en la Ruta I de Vista al Sol, en San Félix, estado Bolívar, a manos de efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Él suma una muerte potencialmente ilícita en Bolívar, de las 13 registradas en febrero de 2019. Es otra víctima de la negligencia del Estado.

El homicidio fue registrado en el quinto informe del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales del estado Bolívar (OEE), a cargo de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), que también reflejó la actuación de otros organismos en este tipo de circunstancias, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Policía del estado Bolívar (PEB), Policía Municipal de Caroní (PMC) y el Servicio de Investigación Penal (SIP).

El Protocolo de Minnesota, documento elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1991, sirve de instrumento para investigar crímenes cometidos por agentes del Estado y tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y promover justicia. OEE se basa en los principios del documento y trae en contexto la falta de pericia de los funcionarios públicos que ejercen en Bolívar. El informe pasado (cuarto informe) registró entre octubre de 2018 y enero de 2019, un total de 33 asesinados.

Pero solamente en enero de 2019 hubo 12 víctimas, que se suman a las del quinto informe y hacen un total de 25 presuntas ejecuciones extrajudiciales en los primeros dos meses del año.

Sin justicia, sin procesos

En ese sentido, el Protocolo de Minnesota destaca que se considera una ejecución extrajudicial cuando el individuo muere como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando no se obedece los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.

Otros sufrieron el mismo destino que Moya en febrero y el discurso en los medios de comunicación regionales monitoreados parece repetirse: las fuerzas del Estado se excusan en “enfrentamientos e intercambio de balas”.

Ante esta constante OEE alerta que: “En Venezuela el enfrentamiento de los cuerpos policiales con sujetos, bien sea solicitados o no por la justicia, se ha hecho presente de manera reiterativa en las páginas de sucesos en nuestros informativos, (…) casi siempre con consecuencias letales. Este tipo de práctica se ubica dentro de ejecuciones extrajudiciales, en tanto privan del derecho a la vida a un ser humano y ello amerita una investigación exhaustiva”.

Pero no todos los casos fueron descritos como presuntos enfrentamientos. De las víctimas de febrero, 1 falleció mientras estaba recluido en la cárcel de El Dorado. Este es el caso de Yonathan Fonseca, de 23 años, quien murió luego de sufrir de una infección en los pulmones, con un cuadro de desnutrición y paludismo.

Sobre Fonseca, existe una violación evidente del artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dicta las responsabilidades del Estado sobre aquel que está privado de libertad: “Será responsable de la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.

El mismo artículo constitucional señala que el derecho a la vida (que nace en la Declaración Universal de los Derechos Humanos) es inviolable, mientras que en el 49 está consagrado el deber del Estado para aplicar el debido proceso a cada individuo.

Pero falta pericia de los funcionarios para hacer cumplir la ley. Dionnys Guevara falleció durante un presunto enfrentamiento con efectivos de la Policía Municipal de Caroní, a los 23 años de edad. El 20 de febrero fue abatido pero algunos vecinos aseguraron que el caso no se trató de un intercambio de balas, como indicaron reportes de prensa.

El joven entra en el rango de edad más amplio de los casos registrados: 8 de las 13 víctimas tenían entre 20 y 26 años; 1 de 46 y 4 sin edades determinadas.

Llamado a la justicia

Ante las numerosas víctimas de estos dos últimos informes que registra el OEE, Codehciu recomienda al Estado el desarrollo de programas de formación en materia de DD HH y concretamente sobre ejecuciones extrajudiciales, destinados a funcionarios públicos.

“Debe asumirse la investigación de los casos de ejecuciones extrajudiciales a fin de rescatar en la práctica policial la justicia, la equidad y el proceder recto, alejando con ello la desconfianza e inseguridad que generan en la ciudadanía”, alerta la organización.

Moya, Fonseca, Guevara y diez hombres más asesinados en febrero en manos de funcionarios públicos, son evidencia del crecimiento de la violencia y la violación de los derechos humanos en el estado Bolívar. (Codehciu)