Martes, 04 Julio 2017 00:00

TSJ avanza en su pretensión de crear un Ministerio Público a la medida de la dictadura

 
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Decisión sobre antejuicio de mérito podría significar la remoción de Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República Decisión sobre antejuicio de mérito podría significar la remoción de Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República Fotos @TSJ_Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se tomará cinco días para decidir si realiza o no el antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz, mientras que la Sala Constitucional juramentó sin autorización de la Asamblea Nacional a Katherine Nayarith Haringhton Padrón, en calidad de vicefiscal, anulando el ya nombrado por la fiscal general de la República y ratificado por el Parlamento. Una vez más, la torcedura del derecho para sostener una dictadura a la que cada día se le ven más las costuras.

 

¿Quién es Katerine Harrington?

vicefiscal

Katerine Nayarith Harrington Padrón es una de los 7 funcionarios del Gobierno que fueron sancionados por EE UU en el 2015, por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Harrington, de 46 años, se desempeñó como fiscal en casos de claro tinte político como el del opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, acusado injustamente de instigar las protestas de 2014 contra el Gobierno; fue viceministra del Interior hasta septiembre pasado y luego defensora pública.

Sobre su activismo político, declaró en un documento de solicitud de jubilación que, en sus funciones como viceministra, actuó abiertamente según su tendencia política, comprometiendo la objetividad que merecía su cargo. (Con información de DPA)barra ama370

 

Cinco días se tomará el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para decidir si hacer o no el antejuicio de mérito solicitado por el diputado Pedro Carreño en contra de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien desde finales de marzo, con la emisión de las sentencias que dejaba sin facultades a la Asamblea Nacional, ha denunciado la ruptura del hilo constitucional en Venezuela, las violaciones de derechos humanos y abusos de poder durante las protestas contra el Gobierno en 2017, así como su rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente convocada fraudulentamente por el presidente Nicolás Maduro.

Bajo este procedimiento, Ortega Díaz podría ser destituida ilegítimamente de su cargo, pues esta sanción aplica cuando hay investigaciones de delitos penales, mientras que la figura de remoción debe ser aprobada por la Asamblea Nacional.

El hecho es que el TSJ ha dejado claro su intención de anular o contar con un Ministerio Público hecho a la medida del gobierno, pues este martes también fue juramentada como vicefiscal, Katherine Nayarith Haringhton Padrón, sin autorización de la Asamblea Nacional, anulando la designación de Rafael González en el cargo, hecha por la fiscal y ratificada por el Parlamento. El argumento, como se ha hecho constante, es que la AN está en desacato.

Cuestionamiento de competencias

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El presidente del TSJ, Maikel Moreno, mencionó como consideraciones para realizar el antejuicio de mérito a la fiscal, el tomarse atribuciones propias de la Sala Plena y no del Ministerio Público, como los señalamientos sobre la responsabilidad de carácter ético moral a altos funcionarios del gobierno.

Curiosamente, en esta misma falta han incurrido jueces de tribunales de control, imputando arbitrariamente a estudiantes detenidos por protestar, pasando por encima de Fiscalía, cuando el titular de la acción penal es el Ministerio Público.

Por otra parte, llama la atención las previsiones hechas por el TSJ para legalizar el proceso y una eventual remoción de Ortega Díaz.

Moreno admite que de acuerdo con la Constitución, los integrantes del Poder Ciudadano solo podrán ser removidos por el Parlamento, pero lo condiciona al pronunciamiento del TSJ sobre si hay o no motivos de antejuicio de mérito, contemplado en la ley de este organismo como el procedimiento para declarar la responsabilidad ética y moral de Ortega Díaz. No obstante, prevé que de ser necesario, la sala plena tendrá la facultad para aplicar un procedimiento no contemplado en la ley, según consideración del TSJ.

“Traidora y mentirosa”

En su intervención, el diputado Carreño expuso como motivo para la solicitud de antejuicio de mérito, la denuncia hecha por Ortega Díaz, a quien calificó de traidora y venderle su alma al diablo, en relación a la designación de los magistrados exprés en el 2015, sobre la cual niega su participación, por cuanto solicitó una prueba grafotécnica de las actas y documentos que la fiscal niega haber firmado.

 

PedroCarreNoPedro Carreño solicitó pruebas grafotécnicas de documentos firmados por la fiscal, para corroborar su participación en la designación de magistrados

 

Esta solicitud fue secundada por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, acusándola de usar falsos testimonios e injuria en contra de sus colegas del Poder Ciudadano, aseverando que Ortega Díaz sí participó en la elección de magistrados. Para ello presentó las actas, presuntamente originales, solicitando la respectiva prueba grafotécnica para corroborar que se trata de su firma. Asimismo, pidió una prueba de polígrafo tanto para Ortega Díaz como para el contralor Manuel Galindo y su persona, a fin de “determinar quién ha estado mintiendo de manera descarada”.

Los ataques no fueron solo para la fiscal general, también para la ex secretaria del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, por declarar en una entrevista los vicios en la elección de los magistrados exprés. Galindo pidió la apertura de un proceso civil y penal de ser necesario.

 

Capriles advierte: Gobierno busca tapar violaciones de DD HH con nueva vicefiscal

CAPRILES“Si Maduro chilla con la convocatoria del 16 de julio es porque es buena y acertada” | Foto Prensa Henrique Capriles

El gobernador de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles, aseguró que la asignación de la vicefiscal general Katherine Harrington por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo que busca es silenciar los casos de asesinatos y violaciones de los derechos humanos de los venezolanos que ocurren el país por parte de los organismos de seguridad del Estado, así como de los grupos civiles armados contra ciudadanos que manifiestan contra la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

“El señor ministro de Interior, Néstor Reverol, como siempre, ni una sola palabra sobre estos atropellos, por eso quieren meterle la mano al Ministerio Público, para que no se sepa la verdad, para meterle la mano y manipular el caso de Engelver Moncada. El Gobierno sabe que no hay marcha atrás en este proceso contra la constituyente y que a medida que se acerque el 30 de julio la presión se intensificará. Quien tiene el monopolio de las investigaciones es el Ministerio Público”, dijo.

Indicó que desde que iniciaron las protestas el 1 de abril, el Ministerio Público da cuenta de 91 venezolanos asesinados. “A medida que se acerque el 30 de julio habrá más actos criminales y no quieren que nadie investigue”.

En otro orden de ideas, el también líder de la MUD aseguró que el juicio popular pautado para el 16 de julio, con el fin de consultarle a las personas si están de acuerdo o no con la ANC, será una jornada para demostrar la fuerza de pueblo venezolano.

“Reitero, este es un hecho político sin precedentes en la historia del país. El 16 de julio será otra forma de protesta, que puede convocar mucha más gente. Sobre esa demostración de fuerza, nuestra Venezuela amanecerá empoderada El 17 de julio los venezolanos amaneceremos con otra actitud”, vaticinó.

Indicó que dicha propuesta genera preocupación a Nicolás Maduro. “Si Maduro chilla con la convocatoria es porque es buena y acertada. El gobierno sin ninguna autoridad moral convoca un fraude constitucional. El artículo 347 de la Constitución claramente señala que la ANC la convoca el pueblo venezolano. Una cosa es la convocatoria y otra cosa es la iniciativa. El señor Maduro quiere pasar por encima del pueblo venezolano y no lo vamos a permitir”. (Prensa Henrique Capriles)

 
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