Martes, 04 Julio 2017 00:00

Fiscal general desconoce antejuicio del TSJ y ratifica su lucha en defensa de la Constitución

 
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La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, reiteró que los magistrados del TSJ son “ilegítimos e inconstitucionales” La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, reiteró que los magistrados del TSJ son “ilegítimos e inconstitucionales” Foto cortesía

La máxima autoridad del Ministerio Público no asistió a la audiencia convocada por el Poder Judicial y denunció los vicios que rodean el procedimiento con que el Ejecutivo intenta hacerla a un lado para avanzar con la Constituyente.

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no asistió a la audiencia convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el antejuicio de mérito que comenzó este martes en su contra, por solicitud del diputado de la Asamblea Nacional Pedro Carreño.

Sin tapujos, la máxima representante del Ministerio Público (MP) alegó, en una alocución realizada desde la Fiscalía, que no convalidaría con su presencia “este circo que teñirá nuestra historia de vergüenza y dolor, y cuya decisión está cantada: no los reconozco”.

Se refirió a los magistrados que componen el TSJ, que ya desde inicios de 2016, la Asamblea Nacional les identificó como magistrados exprés, por lo fugaz y fraudulento de su designación, que en realidad le competía al nuevo Parlamento, electo con mayoría opositora en diciembre de 2015 e instalado en enero del año pasado.

Ortega Díaz recordó que, en virtud de lo expuesto, recusó a los 17 magistrados ilegítimos e inconstitucionales el lunes, 3 de julio, maniobra que fue declarada sin efecto por el TSJ.

“Esto es un hecho cantado”, dijo la fiscal, “Si yo los impugné, ¿Creen que sean objetivos en sus decisiones? Por supuesto que no”, adelantó, previendo el resultado final del antejuicio de mérito que, según informó el TSJ este mismo martes, se dará a conocer en los próximos cinco días.

Desconoce nombramiento viciado

La Sala Constitucional del TSJ destituyó al vicefiscal encargado, Rafael González, investido por Ortega Díaz el pasado 17 de junio. La AN desconoció la destitución, por inconstitucional, y ratificó al funcionario el lunes.

Sin embargo, el TSJ nombró este una nueva vicefiscal encargada, Katherine Harington, anulando la decisión del MP y la AN, por mantenerse esta última en desacato, según expresa en la sentencia 532 de la Sala Constitucional.

La fiscal desconoció este nombramiento y ratificó a González como el funcionario ocupante del cargo que, por ley, solo puede ser designado y removido por el titular de la Fiscalía General de la República, con ratificación del Parlamento.

Objeciones al proceso de su antejuicio

La alocución de Ortega Díaz estuvo cargada de argumentos y basamentos legales estipulados en la Constitución vigente, normas que la fiscal está dispuesta a defender con su vida, según dijo la semana pasada.

“Pareciera que defender la Constitución es un delito”, fue una de las frases salpimentadas que signaron el discurso de Ortega Díaz este martes, palabras que además eran correspondidas con aplausos y firmeza de los presentes, entre ellos, la ex defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

La funcionaria puntualizó las inconsistencias de la solicitud hecha por Carreño, admitida de forma inmediata por el TSJ. Introducida el 16 de junio, ya el 20 tenía una respuesta de la Sala Constitucional, contrastando con los casi dos años que ha tardado el Poder Judicial en dar respuesta a la situación de los diputados de Amazonas.

Sobre el escrito de Carreño, le calificó de pitoniso, puesto que ya el 16 de junio argumentaba una sentencia del TSJ que no salió sino hasta el 27 de junio, referida al replanteo de las competencias de la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. “¿Cómo se explica que el diputado tenía conocimiento de esa futura sentencia?”, cuestionó.

Criticó que el basamento de su antejuicio fuera la criminalización de sus competencias y funciones legales, lo que es denominado en el escrito como faltas graves.

Aseguró que el diputado Carreño consignó actas del Consejo Moral Republicano (CMR), con fechas del 16 de diciembre de 2015 y 21 de enero de 2016, pero la secretaría de este organismo alegó que el parlamentario nunca solicitó estos documentos que, además, son extemporáneos para la actual coyuntura.

Desmintió los señalamientos oficialistas de que el MP solo ha presentado a 15 personas por 86 muertes suscitadas en los casi 100 días de protestas en Venezuela. “La cifra que tenemos al día de hoy (4 de julio) es de 90 fallecidos, y 4.658 procesados, no solo por muertes y lesiones, sino también por daños a la propiedad”.

“El mundo al revés”

La máxima representante del MP alertó que, con su eventual venidera destitución, “quedará abierto el camino para aniquilar por vías violentas el descontento popular (...). Están en peligro las víctimas, no sus agresores; el mundo al revés”.

Se refiere a que todas las acciones conducidas por Ortega Díaz, que dejan en evidencia las faltas graves del Ejecutivo, como la citación en calidad de imputado al general Antonio Benavides Torres por los excesos cometidos por la GNB, fue inmediatamente dejada sin efecto por parte del TSJ, órgano que admitió velozmente el antejuicio de mérito en contra de una funcionara incómoda para el poder.

Ortega Díaz comenzó a ser blanco directo del autoritarismo al momento que decidió desligarse del proceso constituyente y hacer valer la Carta Magna vigente.

En el mismo día que comenzó su antejuicio de mérito, la funcionaria reafirmó que seguirá cuestionando el llamado a Constituyente por parte del presidente Nicolás Maduro, “porque el presidente de la República no es el poder soberano, ese es inherente al pueblo y es el pueblo el único que puede convocar a un proceso constituyente”. (Con información de Prensa MP)

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