Jueves, 18 Mayo 2017 00:00

CNE atiza la conflictividad social al mantener secuestrado el derecho al voto

 
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Mientras el país sufre la crisis social y política, aumentando el número de muertos y heridos por la represión, CNE ni se inmuta por el derecho al voto Mientras el país sufre la crisis social y política, aumentando el número de muertos y heridos por la represión, CNE ni se inmuta por el derecho al voto Foto Archivo

Desde 2014 surgieron las propuestas para un cambio de gobierno por vía electoral, activándose en 2016 con el referendo revocatorio suspendido hasta ahora sin tener una respuesta. Tampoco lo hay para con la fecha de las elecciones regionales y municipales.

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La oposición ha apostado por la vía electoral democrática, pacífica y constitucional para salir de la crisis actual por la que atraviesa Venezuela, que para muchos pasa por un cambio de gobierno, aunque otros apostaron al diálogo cuyos acuerdos siguen sin cumplirse.

Lo que no se olvida es la responsabilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) en medio del estallido social que ha tomado el país con las protestas de más de mes y medio en todo el territorio, agravadas por la represión por parte de los organismos de seguridad del Estado.

Todo empezó desde la activación del proceso de solicitud para el proceso del referendo revocatorio que comenzó en abril del año pasado. Desde su inicio empezaron las trabas por parte del CNE con requisitos no incluidos en su propio reglamento, además de los amedrentamientos y acoso laboral aplicado contra quienes apoyaron tal mecanismo.

Trabajadores de diferentes empresas del Estado fueron destituidos, y en octubre, tribunales penales suspendieron en cinco regiones el proceso de recolección del 1% de firmas que acreditaban a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como organización promotora del revocatorio. La respuesta del CNE fue suspender todo el proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad que se realizaría apenas días después.

No conforme con ello, el poder electoral mantuvo el silencio sobre las elecciones regionales de 2016. Expertos en el área electoral ratificaban la factibilidad de que revocatorio y elecciones de gobernadores tuvieran lugar el mismo año, pero para el CNE fue demasiado, al punto de no solo posponer los comicios, sino de extender el mando de gobernadores y diputados regionales hasta una fecha que aún no tiene vencimiento.

CNE: cómplice silente

Esta es fecha en que el CNE no se pronuncia por el cronograma electoral de 2017, que debe incluir las regionales vencidas en 2016 y las municipales correspondientes a este año. Su excusa para un nuevo retraso fue el proceso de validación de partidos políticos, con unas condiciones que dejaron sin renovación gran parte de las organizaciones políticas. Además, con su silencio, el árbitro oculta información y retarda los procesos electorales, mientras el país se sume en un escenario de amplia conflictividad social y política en su clamor por unos comicios que insisten en bloquear.

Claros están quienes manifiestan en que no se conforman simplemente con elecciones regionales, propuestas por el presidente Nicolás Maduro como especie concesión para aplacar las protestas de calle, aun sabiendo que tal decisión solo le compete al órgano electoral. Los ciudadanos que rechazan al gobierno consideran que la crisis no acabará con regionales, sino con elecciones generales, sobre las cuales el sector oficialista se niega.

Pero ni con el llamado de Maduro a regionales el CNE se pronunció. No así sucedió con la convocatoria hecha por Maduro para una Asamblea Nacional Constituyente, sobre la que dio el visto bueno apenas 24 horas después del anuncio presidencial.

Hoy los ciudadanos rechazan no la Constituyente, sino las condiciones sobre las que se plantea su realización, mientras que el CNE, de manera cómplice, mantiene secuestrado el derecho al voto, sin establecer condiciones claras y constitucionales sobre este proceso que viola la Constitución con las condiciones establecidas por Maduro en su decreto.

Mientras tanto, la crisis social y política recrudece, en la que las autoridades desestiman el llamado de atención, a través de las protestas que hace la ciudadanía.

Consecuencias

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) se han registrado 1.208 manifestaciones en todo el país desde el 1 de abril, documentando 55 muertes desde el 6 de abril hasta el 16 de mayo del presente año, en cuyo lapso el Ministerio Público ha reconocido el fallecimiento de 43 personas.

Por su parte, el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, contabilizaba hasta el 18 de mayo un total de 232 presos políticos.

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