Sábado, 13 Mayo 2017 00:00

Decretos de excepción facilitaron ruptura del orden constitucional y agudizaron la represión en un año

 
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El imperio de la bota militar es uno de los pocos elementos de poder que le quedan a Maduro para mantenerse en Miraflores El imperio de la bota militar es uno de los pocos elementos de poder que le quedan a Maduro para mantenerse en Miraflores Foto William Urdaneta

50 ONG señalan que el decreto de estado de excepción y emergencia económica Nº 2323, prorrogado por Maduro en seis ocasiones, facilitó la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos.

 

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50 organizaciones de derechos humanos manifestaron en una comunicación pública este viernes su rechazo a la continuidad del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que concedió facultades al gobierno para restringir derechos, restringir la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional.

“El 13 de mayo del 2016 determinamos y denunciamos que la prórroga de este decreto constituía una aplicación indefinida del estado de excepción, lo cual es indiscutiblemente contrario a lo establecido en la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción que regula la materia, vulnerando el fin de la norma, que es evitar este tipo de prácticas de imposición del régimen excepcional por tiempo no determinado. Adicionalmente precisamos que estas declaratorias no cumplen con las normas internacionales sobre restricción de derechos en situaciones de emergencia”, señalan las ONG venezolanas.

Recordaron además la inconstitucionalidad del decreto, al haber sido extendido y redefinido en 6 ocasiones, sin haber contado con la aprobación de la Asamblea Nacional y únicamente con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El último decreto se publicó el 13 de enero de 2017, bajo el argumento de la existencia de “circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectasen el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la nación, de las instituciones públicas y a los ciudadanos de la República”, sin siquiera someterlo a la consideración de la Asamblea Nacional, reafirmando la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Este decreto fue prorrogado el 13 de marzo, por lo que se vence el 13 de mayo.

 

La Asamblea Nacional no aprobó, en sesión ordinaria del 17 de mayo de 2016, el decreto de estado de excepción, requisito establecido en el artículo 339 de nuestra Constitución para que el estamento entre en vigencia.

 

Un año de discrecionalidad ejecutiva

 

barra 215amarilloEl decreto de estado de excepción y emergencia económica Nº 2323 es incompatible con la Constitución de 1999 y la promoción de los derechos humanos porque usurpa las funciones de la Asamblea Nacional; suspende garantías constitucionales; promociona mecanismos ilegales para el control del orden público; militariza (aún más) la comercialización de alimentos y otorga una larga lista de facultades discrecionales y arbitrarias al Presidente de la República para tomar cualquier tipo de medida.barra 215amarillo

 

Esta situación ha permitido que por más de un año el Ejecutivo haya tenido facultades y poderes de carácter vago, amplio y discrecional, facilitando la implementación de medidas violatorias de los derechos humanos y determinó el quiebre del Estado de Derecho en Venezuela, dando pie a que el Poder Ejecutivo finalmente implementara de forma abierta el autoritarismo y acciones que configuran un claro golpe de Estado.

“Vemos con preocupación cómo desde el Poder Ejecutivo, a través de estas medidas, se ha legitimado el ejercicio discrecional del Poder Público, se han cometido acciones de usurpación de poderes a la Asamblea Nacional, se han promovido mecanismos contrarios a la ley para el control del orden público, incorporando incluso la participación de civiles armados y facilitando la extensión de la militarización”.

Todo en virtud de la implementación de la tesis de la seguridad nacional y protección contra el enemigo interno y externo que pretende desestabilizar el país.

Al final del comunicado, las organizaciones exhortan formalmente al Ejecutivo a que se abstenga de continuar con la práctica de prórroga de la extensión indefinida e inconstitucional del estado de excepción y emergencia económica.

“Solicitamos el cese de la implementación de la doctrina de la seguridad nacional, amparada en la tesis del enemigo interno, la cual ha facilitado la vulneración a los derechos humanos de los ciudadanos y ha permito la descalificación, hostigamiento y ataque a defensores de derechos humanos y dirigentes comunitarios y políticos”.

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