Martes, 25 Abril 2017 00:00

Fiscal general exige a tribunales y órganos de seguridad cumplir con el debido proceso en manifestaciones

 
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Ortega Díaz destacó el derecho constitucional a la protesta, aclarando que un grupo minoritario son los responsables de los actos vandálicos registrados Ortega Díaz destacó el derecho constitucional a la protesta, aclarando que un grupo minoritario son los responsables de los actos vandálicos registrados Foto William Urdaneta

La fiscal Luisa Ortega Díaz denunció las irregularidades en el proceso de detenciones durante las protestas opositoras, a la vez que reiteró que el Ministerio Público investiga los casos de homicidios en lo que va de abril, por los que ya hay personas detenidas y varias órdenes de captura. Recordó que el debido proceso es uno de los derechos que no pueden suspenderse ni en estado de excepción.

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Fiscal Ortega Díaz emplaza a la fuerza pública a respetar ejercicio del derecho a manifestar

 

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ofreció un balance sobre los hechos registrados en las últimas manifestaciones opositoras, donde han fallecido 26 personas; entre ellas, cuatro adolescentes, producto de los actos violentos, los cuales rechazó y envió las condolencias a los familiares de las víctimas. Pero uno de los puntos más resaltantes de sus declaraciones fueron sus denuncias sobre irregularidades en varias de las detenciones hechas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas.

“La política no debe conducirnos a la violencia, la política es la confrontación de ideas a las diferencias que puedan darse”, destacó Ortega Díaz, quien reiteró que el Ministerio Público investiga cada uno de los hechos violentos registrados durante las manifestaciones de abril.

El balance hasta este 25 de abril es de 437 personas lesionadas, 182 por delitos comunes y 247 por delitos fundamentales; nueve privados de libertad por daños a la Magistratura y 10 apresados por los saqueos.

Actualmente 65 personas se mantienen privadas de libertad, 217 a la espera de audiencia de presentación para este martes. En total, han sido aprehendidos 1.200 manifestantes; la mayoría liberados hasta ahora.

Violación al debido proceso

De esas aprehensiones, la fiscal Luisa Ortega Díaz denunció la violación al debido proceso, tanto por los organismos de seguridad al momento de cometer el arresto, como por los tribunales competentes al mantener las detenciones pese a la solicitud de libertad plena por parte del Ministerio Público (MP).

 
 

Explicó que el MP solicitó libertad plena en aquellos casos que consideraron no formaban parte de hechos delictivos, de acuerdo con lo expuesto en las actas policiales. Se refirió puntualmente a las 38 personas detenidas el 19 de abril en Nueva Esparta por parte de la GNB, de quienes se alegó que fueron aprehendidos en presunta flagrancia. Sin embargo, esto no estaba sustentado en las actas policiales.

“La flagrancia debe estar sustentada en el acta policial, que explique la situación detallada en que fue sorprendido el aprehendido. El funcionario no dice el delito, eso le corresponde al Ministerio Público, narra los hechos. En este caso (Nueva Esparta) nos encontramos con una situación anómala por cuanto que los funcionarios del Cicpc, que trasladaron a los aprehendidos, no conocen la circunstancias por las que fueron detenidos, la GNB aprehendió y los entregó al Cicpc, pero no narra las circunstancias en las que fueron aprehendidos. Eso es importante en un acta policial. Por esta razón solicitamos la nulidad de tal detención, por carecer de sustento, y esa petición no fue acatada por el tribunal, quien mantuvo la detención hasta la presentación de fiadores”, expuso Ortega Díaz.

En este sentido, la fiscal general hizo hincapié en que “uno de los derechos que no se pueden suspender, aun en estado de excepción, es el debido proceso (...) el país necesita seguridad jurídica”.

Investigaciones del MP

Sobre las averiguaciones que lleva la Fiscalía sobre los hechos violentos registrados en las manifestaciones opositoras, se refirió al caso de Paola Ramírez, joven asesinada en el Táchira el pasado 19 de abril. Detalló que la vivienda donde se presumió salió el disparo fue allanada, siendo aprehendido el ciudadano Iván Pernía, quien reconoció haber efectuado la detonación y la prueba balística dio positiva.

 

ComillasAMARILLASFiscal1La paz no se decreta, se construye con actuaciones, con ejemplos, con instituciones que garanticen los derechos fundamentales sin discriminación política. Tenemos que dejar de vernos como enemigos”. Luisa Ortega Díazbarra amarillo670

 

Asimismo, mencionó el asesinato de Jairo Ortiz, en el estado Miranda, por cuyo hecho fue privado un funcionario de la Policía Nacional, y dos más de la Policía de Carabobo, por los hechos en este estado. Además, hay 14 órdenes de captura por el joven asesinado en Lara, y otras dos órdenes de captura también por los casos de homicidios ocurridos en los últimos días.

“Estamos trabajando para que se sancionen a los responsables, para que no haya impunidad”, insistió la fiscal.

Bajar el tono

Ortega Díaz también hizo mención a las actuaciones de opositores, reconociendo su derecho constitucional a la protesta pacífica, pero condenando los actos vandálicos de un grupo que clasificó como minoritario.

Hay unos que manifiestan pacíficamente, y eso es lo correcto. Pero también nos encontramos grupos minoritarios que promueven actos violentos que no podemos convalidar. No se puede incentivar a la destrucción de la propiedad pública y privada, el discurso de odio ni descalificar a los que piensen distinto. Todos tienen que bajar el tono de discusión, dejar de utilizar descalificaciones, y discursos racistas y xenófobos. Necesitamos volver al diálogo para construir una agenda de restitución del estado de derecho. La paz no se decreta, se construye con actuaciones, con ejemplos, con instituciones que garanticen los derechos fundamentales sin discriminación política. Tenemos que dejar de vernos como enemigos”. Así culminó la fiscal sus declaraciones sin permitir preguntas de los medios de comunicación.

Desde las emisiones de las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quitando las competencias a la Asamblea Nacional, la fiscal general de la República ha cuestionado las actuaciones de las instituciones del Estado.

En aquella oportunidad secundó las denuncias de ruptura del hilo constitucional, y más recientemente condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos de seguridad para reprimir manifestaciones opositoras.

 

¿Qué es el debido proceso?

El debido proceso es un derecho fundamental consagrado en la Constitución nacional que garantiza la transparencia del proceso judicial contra un ciudadano. En consecuencia, reza el 49 de la Carta Magna:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley.

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.

3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.

4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.

5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.

8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.barra 600amarillo

 
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