Martes, 18 Abril 2017 00:00

“El Gobierno está prohibiendo de facto el derecho a la protesta”

 
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Desde 2014 se repite el esquema arbitrario de los arrestos Desde 2014 se repite el esquema arbitrario de los arrestos Foto Archivo

Nizar El Fakih, abogado y representante de la organización no gubernamental Proiuris, advierte que cada convocatoria a marcha por parte de la oposición es, en la misma medida, un caso más de criminalización del derecho a expresarse en las calles. Ello ha devenido en un esquema de detenciones arbitrarias, como las ocurridas en 2014.

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Le ha tocado difícil a Nizar El Fakih el ejercicio de su profesión. O, más bien, le ha tocado con todas las de la ley: este abogado ucabista tiene una plataforma de trabajo, la organización no gubernamental Proiuris, que, en estos tiempos, actúa sobre la marcha que impone la vorágine de los acontecimientos en Venezuela. Entre todo, y ante una semana con el eje de una convocatoria a protesta, hay una observación, la de la persistencia gubernamental en criminalizar la protesta. Y la repetición de un esquema: el de las detenciones arbitrarias.

Es aquí (y justo momentos antes de que en Venezuela se supiera que los morochos Francisco Alejandro y Francisco José Sánchez Ramírez, integrantes de Primero Justicia, fuesen enviados al centro penitenciario de Tocorón, imputados por asociación para delinquir y agavillamiento) cuando sus conocimientos de jurista entran en el ruedo para detallar que “todas estas detenciones están al margen del artículo 44.1 de la Constitución y del artículo 9 del Pacto de derechos civiles y políticos. Se da por el hecho de que las personas que están siendo detenidas son detenidas sin órdenes judiciales previas”.

- También cuenta el tiempo entre la detención y la audiencia de presentación…

- Hemos recibido denuncias muy claras de que las audiencias de presentación no se están llevando a cabo dentro de las 48 horas (el lapso que establece el artículo 44 de la Constitución).

De Luisa Ortega a San Félix 

- Un ejemplo que ha tocado de cerca: dos de los ocho detenidos que en la protesta contra Nicolás Maduro al final del acto en San Félix aún no han sido presentados.

  Nizar
El Fakih despliega su trabajo en Proiuris | Foto cortesía El Ucabista
 

- Eso es algo que estamos viendo con mucha preocupación porque se usan artilugios legales. Cuando llevan los detenidos al Palacio de Justicia y posponen la celebración de la audiencia… y la Constitución no habla de eso: habla de que son 48 horas máximo para que una persona sea presentada ante un juez. Se trata de una detención arbitraria; luego, a una violación al debido proceso en el que se prolonga esa detención.

Hemos verificado al menos 37 casos en los que ha ocurrido el desconocimiento de las competencias de la Fiscalía: los tribunales están desconociendo en el sentido de que la Fiscalía es el órgano del Ministerio Público, a través de sus fiscales, que imputa a un detenido e impone medidas cautelares o restrictivas de libertades. ¿Qué hemos visto en 37 casos entre Caracas y Lara? Que la Fiscalía ha pedido la libertad del detenido y el tribunal se ha negado a otorgar la libertad y ha impuesto medidas de prisión preventiva o medidas de fianza. Esa medida, que es la más reproducida, requiere que el imputado presente fiadores. Eso puede durar días, semanas o meses. Se transforma, al final del día, en una prolongación de la cárcel.

- ¿Tendrá algo que ver la famosa declaración de la fiscal (Luisa Ortega Díaz) y, por tanto, algo que toma un trasfondo político?

- Algo tiene que estar pasando que se quiere instaurar un nuevo patrón para desconocer las atribuciones de la Fiscalía por parte de los tribunales. Eso no es que no había ocurrido, pero nunca se había reproducido de esta manera: pareciera ser un nuevo patrón que se impone en decenas de casos y se da luego del distanciamiento que puso la fiscal respecto de la ruptura del orden constitucional.

Lo otro que estamos viendo es la criminalización de la protesta. El aparato estatal está criminalizando a priori y está anticipando que cualquier manifestación que se dé por parte de fuerzas disidentes sean calificadas como violentas, terroristas y agresivas.

- Como ocurrió este lunes: con (Nicolás) Maduro por un lado y con (Diosdado) Cabello por el otro.

- Sí. Básicamente es la prohibición, por la vía de facto, del derecho a la protesta. Porque, si efectivamente la protesta está planteada en la Constitución nacional como un derecho y en las convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por Venezuela, cuando lo ves en la práctica, han sido reiteradas las denuncias de calles que se trancan y acordonan por fuerzas de orden público. Luego, quienes llegan al punto de concentración no pueden movilizarse a los destinos naturales en donde deseen protestar. Ha ocurrido que esto va de la mano con el cierre del metro de Caracas. Todo se resume al cierre de las vías democráticas para arreglar un problema. Las fuerzas del orden público tienen una labor principal: resguardar a los que manifiesten. No impedir que la gente lleve un documento y se manifieste.

Visto 842 veces Modificado por última vez en Martes, 18 Abril 2017 22:45

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