Sábado, 01 Abril 2017 00:00

Maduro aborta golpe contra la AN por presión internacional y denuncia de fiscal general

 
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Maduro ofreció la declaración a medianoche Maduro ofreció la declaración a medianoche Foto Prensa Presidencial

La política logró su tarea y frenó las pretensiones golpistas del Gobierno venezolano de desconocer la Asamblea Nacional y, por ende, el voto del 6 de diciembre de 2015: a medianoche, el gabinete ejecutivo leyó un documento en el que recomendaba al Tribunal Supremo de Justicia revisar las sentencias que echaban a un lado al Parlamento. Se trata de un recule inédito en la historia venezolana y un resquicio que se abre para una nueva etapa de solución de la crisis política por vías políticas, institucionales y constitucionales: una urgencia de país.

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Se llama recular. La segunda acepción del Diccionario de la Real Academia Española la específica, según el dicho de una persona, como ceder de su dictamen u opinión.

Tal cual, además de que no fue el recule de una ligereza, sino sobre lo que en el contexto entendido de la democracia se llama autogolpe: una estructura del Estado versus otra estructura del Estado. Como ocurrió en la madrugada del jueves, cuando el Ejecutivo, por la vía del Judicial, desconoció las competencias del Legislativo, pese a su origen democrático sustentado por más de 14 millones de votos.

La inquina pasó por varias etapas, desde el desconocimiento de los diputados de Amazonas por el pecado de no comulgar con los catecismos  rojos, hasta la de esta semana, el golpe de Estado.

Globo de ensayo o no, lo que comenzó a las 12:20 de la madrugada de este sábado, 1 de abril de 2017, ha quedado para la posteridad como uno de los casos más fantásticos de la historia de los recules: un autogolpe disuelto.

Fue a las 12:20, pues a esa hora terminó el Consejo de Defensa de la Nación, al que estuvo invitado el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, y al que prefirió no acudir.

Hubo un impulso previo: las declaraciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a mediodía. La ausencia de ambages habituales dejó a muchos boquiabiertos al decir que la forma jurídica del golpe, las sentencias 155 y 156, que dejan a la Asamblea Nacional sin competencia por estar en desacato, son una sola cosa: la ruptura del orden constitucional.

Así que a esa hora, Maduro apareció vestido de liquilique negro y, en la voz de un engominado Tareck El Aissami, comenzó la lectura del acuerdo, cuyo primer punto fue ratificar al Tribunal Supremo de Justicia en su competencia del control de actos y de la resolución de conflictos entre poderes.

El punto clave está en el segundo acuerdo: “Exhortar al TSJ a revisar decisiones 155 y 156 con propósito de mantener la estabilidad institucional y equilibrio de poderes”. Reconocer las fallas y recular.

El resto pareció más un cierre necesario mezclado con saludos a la bandera: “Reiterar que desequilibrios y conflictos entre ramas del Poder Público se encauzan mediante control constitucional y colaboración entre poderes; destacar los esfuerzos del jefe del Estado en buscar resolver conflictos entre órganos del Poder Público; insistir en disposición al diálogo y exhortar a oposición a incorporarse al diálogo promovido por el jefe de Estado, Unasur, Papa y expresidentes y repudiar cualquier intervención que atente contra: independencia, soberanía, integridad territorial y autodeterminación”.

 

El punto clave está en el segundo acuerdo: “Exhortar al TSJ a revisar decisiones 155 y 156 con propósito de mantener la estabilidad institucional y equilibrio de poderes”. Reconocer las fallas y recular.barra ama650

 

Presión internacional

Además de la postura de la fiscal general, la decisión del Consejo de Defensa de la Nación es el resultado de la marcada presión internacional ejercida durante dos días por Estados y organizaciones de todo el mundo en contra de las sentencias 155 y 156 del TSJ.

Perú fue el primer país en pronunciarse, al rechazar sin ambages la disolución de la AN vía judicial, como bien recuerda el país andino de los tiempos de Fujimori. Por eso no solo marcaron distancia con su repudio, sino con el retiro de su embajador en Venezuela.

Colombia, Chile, México y Brasil se sumaron al ejemplo de Perú y hasta el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esto sin contar los demás pronunciamientos de Costa Rica, Panamá y la Unión Europea, quienes se unieron en el coro de rechazo a las sentencias, a exigir la restitución de poderes públicos, y con ello, la revisión del orden democrático y constitucional del país.

El segundo día de reacciones contó con la vocería del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien consideró que la medida marca una ruptura del orden democrático. “Si se rompe la división de poderes, se rompe la democracia. Por la libertad, la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”, indicó.

 

Altocomisionado“La separación de poderes es fundamental para que funcione la democracia”, manifestó Zeid  | Foto cortesía

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las sentencias del TSJ argumentando que se trata de una usurpación de funciones y un irrespeto a la democracia por la anulación de facto de los diputados electos por los venezolanos el 6 de diciembre del 2015.

El gobernador del estado Miranda y líder opositor, Henrique Capriles, sostuvo una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en donde insistió nuevamente en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno venezolano, coincidiendo con las polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, confió en que Venezuela recupere pronto el orden democrático y dijo que su país no puede permanecer indiferente. Peña Nieto dijo que la decisión del TSJ de Venezuela “atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa”.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó de inaceptable la decisión de la justicia venezolana y dijo que no se puede descartar la aplicación de la Carta Democrática en la OEA, mientras el Gobierno ecuatoriano instó a Venezuela a resolver la situación política del país por intermedio del diálogo.

Alemania condenó la suspensión de facto del Parlamento nacional y reclamó al gobierno de Maduro volver a un sistema democrático.

“Reclamamos al gobierno de Maduro regresar a las estructuras democráticas urgentemente, a principios democráticos, a la división de poderes”, declaró el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert. “Es insoportable cómo el presidente Maduro ha convertido al pueblo de su país en rehén de sus propias ambiciones de poder”, dijo.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió al TSJ que reconsidere su decisión, al tiempo que recordó que “la separación de poderes es fundamental para que funcione la democracia, así como el mantener los espacios democráticos abiertos es esencial para asegurar que los derechos humanos estén protegidos”.

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