Sábado, 01 Abril 2017 00:00

UCAB reprueba inhabilitación del Poder Legislativo por sentencias del TSJ

 
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La Asamblea Nacional quedó huérfana de funciones con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ La Asamblea Nacional quedó huérfana de funciones con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ Foto Archivo

La Facultad de Derecho, el Centro de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios Políticos, exigen a los demás órganos del Poder Público “reconocer y respetar en sus decisiones el principio de supremacía constitucional, principio de separación de poderes y debido proceso”.

Las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituyen una violación flagrante del Estado de Derecho, así como de los principios de separación de poderes y de legalidad.

Así lo denunciaron mediante comunicados el Consejo de la Facultad de Derecho, el Centro de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Rechazan la sentencia 155 ese órgano judicial, al no permitirse a las partes involucradas ejercer su derecho a la defensa, en la que se declara la nulidad absoluta del acto parlamentario de la Asamblea Nacional que solicitaba la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática de la OEA.

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Señalan que en la sentencia 156 “se evidencia un desconocimiento de los principios que derivan del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al decidir, sin respetar el debido proceso y derecho a la defensa, la nulidad de las actuaciones de la Asamblea Nacional, asumiendo con ello la función legislativa que constitucionalmente le corresponde de manera exclusiva a la Asamblea Nacional, incurriendo en una usurpación de funciones”.

Respeto a la Constitución 

Los órganos de la UCAB condenan la declaratoria de nulidad de los actos futuros de la AN sobre la base de supuesto desacato, puesto que esa consecuencia no está prevista en el ordenamiento jurídico venezolano.

“Estas decisiones traen como consecuencia la total inhabilitación del Poder Legislativo Nacional, siendo una grave alteración a los principios fundamentales del Estado de Derecho”, expresan en su declaración, en la cual cuestionan “el abuso de las potestades jurisdiccionales de la Sala Constitucional y la grave violación que implican todas las decisiones que atentan contra el principio constitucional de separación de poderes y soberanía popular”.

Igualmente reprueban la atribución otorgada por el TSJ al Presidente de la República de modificar mediante reforma, la norma objeto de interpretación, sobre la base de declaratoria de Estado de Excepción.

Exigen a los demás órganos del Poder Público “reconocer y respetar en sus decisiones el principio de supremacía constitucional, principio de separación de poderes y debido proceso, postulados inescindibles del Estado de Derecho y a los cuales debe estar sometido su ejercicio”.

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