Viernes, 31 Marzo 2017 00:00

CIDH: Injerencia del Poder Judicial en el Parlamento son un riesgo para los derechos humanos

 
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Estudiantes y periodistas resultaron agredidos por funcionarios de seguridad durante protestas en contra de la medida judicial Estudiantes y periodistas resultaron agredidos por funcionarios de seguridad durante protestas en contra de la medida judicial Foto cortesía

“Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial” alertó el órgano de la OEA.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que plantean la disolución de la Asamblea Nacional y la transferencia de sus competencias al Poder Judicial, argumentando que se trata de una usurpación de funciones y un irrespeto a la democracia por la anulación de facto de los diputados electos por los venezolanos el 6 de diciembre del 2015.

“La comisión condena categóricamente esta grave injerencia del Poder Judicial en la Asamblea Nacional (…) Estas dos decisiones presentan un riesgo para la vigencia de los derechos humanos y de principios democráticos básicos, por la concentración de poder en el Ejecutivo y el Judicial y la vulneración del principio de separación de poderes en un sistema democrático”, expresó por medio de un comunicado que resalta el carácter totalitario de las medidas.

La CIDH evidenció igualmente la limitación a los derechos humanos y políticos a sus ciudadanos que representan la dotación de poderes discrecionales ilimitados al presidente de la República, Nicolás Maduro, y el uso del derecho penal para silenciar, intimidar y criminalizar la crítica realizada por los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

En septiembre del 2016, el organismo emitió un comunicado rechazando la sentencia del tribunal que declaró la nulidad y carencia de vigencia de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, que consideraban en desacato, lo cual sentó un precedente sobre el rol del Poder Judicial en el favorecimiento hacia el Ejecutivo.

Como ente adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la comisión exhortó a recordar la relación que guardan los derechos de los ciudadanos, las libertades fundamentales y la democracia, como se estipula en la Carta Democrática Interamericana, que los define como elementos esenciales de un gobierno representativo junto con el acceso al poder y su ejercicio sujetos al Estado de derecho, la celebración de elecciones basadas en el sufragio universal y secreto, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos.

“En particular, la comisión urge al Estado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, respetar y garantizar el funcionamiento independiente de los poderes públicos y a la participación en la vida política en el país de todos los sectores”, recalcaron.

La CIDH extendió la mano al Gobierno de Venezuela, asegurando estar en completa disposición para restablecer el orden constitucional en el país, y reiterando la solicitud hecha desde el 2004 para realizar una visita de observación al país y que, por los momentos, no está prevista en materializarse pronto.

Visto 1793 veces Modificado por última vez en Martes, 07 Noviembre 2017 09:11

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