Martes, 28 Marzo 2017 00:00

TSJ responde a presiones de la OEA y condiciona límites de la inmunidad parlamentaria

 
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Los disputados de la Sala Constitucional, en ponencia conjunta, basaron su argumento una vez más en la situación de “desacato” de la AN Los disputados de la Sala Constitucional, en ponencia conjunta, basaron su argumento una vez más en la situación de “desacato” de la AN Foto cortesía

Con la acostumbrada torcedura de la argumentativa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo pública su postura de intolerancia política, de criminalización de la disidencia, de irrespeto al sistema de libertades democráticas y de marcados visos de autoritarismo en las mismas horas en las que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigía abiertamente la celebración de elecciones, respeto a la Asamblea Nacional y libertad para los presos políticos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo volvió a hacer: la máxima instancia del Poder Judicial declaró nulo el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la reactivación de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Venezuela. Lo decidió el lunes, a solo horas de la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que justamente se discute el caso venezolano, en un escenario de presiones internacionales por la exigencia de elecciones, respeto a la Asamblea Nacional y liberación de presos políticos.

Los disputados de la Sala Constitucional, en ponencia conjunta, basaron su argumento una vez más en la situación de desacato del máximo Parlamento nacional a la sentencia de supuesto fraude electoral en el estado Amazonas durante las elecciones parlamentarias de 2015; y en la juramentación de los diputados de este estado, aun cuando la AN ya los había desincorporado como parte del acuerdo político para la restitución de sus funciones.

 

Esta manifestación del TSJ, lejos de apuntar hacia el entendimiento de las partes, termina por reafirmar la postura de un Estado que ratifica su postura de intolerancia política, de criminalización de la disidencia, de irrespeto al sistema de libertades democráticas y de marcados visos de autoritarismo.barra ama650

 

Uno de los alegatos de la sala es que los actos cometidos por los diputados de la Asamblea Nacional en la sesión del pasado 21 de marzo, en la que aprobaron el acuerdo, “se constituyen en delitos tipificados en el Código Penal, específicamente el de traición a la patria, previsto y sancionadoen sus artículos 128, 129 y 132”. Dicho de otra forma: para el TSJ, y según su interpretación de la ley, exigir la restitución de garantías democráticas en el país es considerado un acto de traición a la patria.

Otras de las lecturas que se desprenden de esta sentencia es la vulneración de la inmunidad parlamentaria para los diputados de la Asamblea Nacional, al afirmar que esta solo ampara “los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional) y, por ende, en ningún caso, frente a ilícitos constitucionales y penales (flagrantes)”. 

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Esta y otras falacias de la argumentación jurídica llevaron al tribunal a decidir no solo la nulidad del acuerdo de la AN sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, sino que además ordena al presidente de la República, Nicolás Maduro, tomar “las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias” para salvaguardar el orden constitucional, garantizar la gobernabilidad del país según el mandato constitucional y tomar las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales “que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción”.

También ordena, en el marco del estado de excepción y ante el desacato de la Asamblea Nacional, revisar las leyes que permitan conjurar “los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática, la convivencia pacífica y los derechos de las venezolanas y los venezolanos”.

También exhortan al primer mandatario nacional a evaluar el comportamiento de las organizaciones internacionales a las que pertenece Venezuela, “que pudieran estar desplegando actuaciones similares a las que ha venido ejerciendo el actual secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en detrimento de los principios democráticos y de igualdad a lo interno de las mismas”.

La sentencia del TSJ se da en un contexto de presión internacional al Estado venezolano en la OEA, cuyo consejo permanente, reunido este martes para abordar la situación del país, exigió la celebración de elecciones, respeto a la Asamblea Nacional y libertad para los presos políticos como demostraciones del gobierno de Maduro de mantenerse en el carril democrático.

Con ello, esta manifestación del TSJ, lejos de apuntar hacia el entendimiento de las partes, termina por reafirmar la postura de un Estado que ratifica su postura de intolerancia política, de criminalización de la disidencia, de irrespeto al sistema de libertades democráticas y de marcados visos de autoritarismo 

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