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Lunes, 16 Mayo 2016 00:00

HRW emplaza a la OEA a presionar al gobierno de Maduro para restablecer la independencia judicial

 
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Almagro ha dicho que el tema de Venezuela “hay que verlo en términos de principios de Carta OEA y Carta Democrática interamericana” Almagro ha dicho que el tema de Venezuela “hay que verlo en términos de principios de Carta OEA y Carta Democrática interamericana” Foto cortesía Juan Manuel Herrera OAS/OEA

La organización aboga por el restablecimiento de la independencia judicial y la protección de derechos fundamentales.

     
  “Sin independencia judicial, las víctimas de abusos gubernamentales no tienen dónde acudir para lograr protección, ni tampoco pueden esperar que exista la rendición de cuentas que podría prevenir futuras violaciones de derechos humanos”, añadió el responsable para las Américas de Human Rights Watch.  
     

Washington.- La Organización de los Estados Americanos (OEA) “debería invocar la Carta Democrática Interamericana para exigir que Venezuela restablezca la independencia judicial y la protección de derechos fundamentales”, según la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

“La OEA debería aplicar la carta aun sin el consentimiento de Venezuela”, opinó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, en una carta a Luis Almagro, secretario general de la organización hemisférica.

“He recibido carta de JM Vivanco @hrw_espanol sobre #Venezuela y la Carta Democrática, la cual estoy analizando”, confirmó Almagro en su cuenta de Twitter.

Vivanco denunció en su misiva “la evidente violación del principio de la separación de poderes y de la independencia judicial en Venezuela, que se evidenció más recientemente en un nuevo copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia”. Y consideró que “la ausencia de independencia judicial permite que no se actúe ante abusos”.

Por ello, HRW instó a Almagro a convocar “de inmediato al Consejo Permanente para realizar una evaluación colectiva de la situación en Venezuela para presionar a ese gobierno a restablecer la independencia judicial”.

     
 
 
     

Vivanco recordó que en 2005, la OEA aplicó la Carta Democrática “luego de que el Congreso ecuatoriano removiera de manera arbitraria a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a miembros de otros altos tribunales del país”.

“Aunque en esa oportunidad la OEA actuó tras la solicitud del Gobierno de Ecuador, la preocupación subyacente sobre la falta de separación de poderes que motivó a la OEA a actuar en ese momento es igualmente apremiante en la situación actual de Venezuela”, según HRW.

Vivanco consideró que “no se trata de reivindicar una noción abstracta de democracia, sino de defender derechos fundamentales”.

“Sin independencia judicial, las víctimas de abusos gubernamentales no tienen dónde acudir para lograr protección, ni tampoco pueden esperar que exista la rendición de cuentas que podría prevenir futuras violaciones de derechos humanos”, añadió el responsable para las Américas de Human Rights Watch.

Almagro está estudiando si invocar o no la Carta Democrática, a lo que se opone tajantemente el gobierno de Nicolás Maduro al considerar que esto violaría la soberanía de Venezuela y supondría una intromisión en los asuntos internos del país.

Si Almagro da ese paso sería la primera vez que se invocaría la carta sin consentimiento del Estado miembro.

HRW considera que permitir a los gobiernos decidir cuándo la Carta Democrática puede ser aplicada “equivaldría a garantizar que nunca lo será”.

De qué va la Carta Democrática

     
 

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La Carta Democrática Interamericana, aprobada en 2001 en sesión especial de la Asamblea de la OEA en Lima, es el instrumento que tiene la organización hemisférica para proteger la democracia en la región.

El artículo 20 de la Carta Democrática establece que “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

El artículo deja a la interpretación política que se considera “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático” de un estados miembro.

El determinar cuándo esa alteración es grave está sujeto a la apreciación que colectivamente realice el Consejo Permanente. El Consejo lo decide por mayoría de los miembros de la OEA (18 votos).

La invocación de la Carta Democrática es un proceso muy largo y complejo, que puede acabar con la suspensión del país de la organización. Esto fue lo que ocurrió en 2008 con Honduras, tras el golpe de Estado que sufrió este país centroamericano. 

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