Miércoles, 03 Febrero 2016 00:00

Negativa de funcionarios a comparecer en la AN reafirma la política estatal del secretismo

 
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Las imágenes de sillas vacías son más constantes Las imágenes de sillas vacías son más constantes Foto Archivo

Jorge Arreaza, ministro de Educación Superior, y Jordán Rodríguez, presidente de VTV, debían comparecer este miércoles. Sin excusas, dejaron plantados a los parlamentarios.

     
 

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La de la guachafita, a juzgar por ciertos acontecimientos, es política de Estado. No lo digamos, siquiera, porque un presidente asume la potestad de poner en duda la construcción de casas porque el resultado electoral no favoreció a su partido, o porque un gordo número de sus funcionarios están salpicados por los fangos de corrupción en los que chapotean.

Enfoque el asunto, apenas, en el último mes, revise la lista de los funcionarios gubernamentales que debían comparecer en la Asamblea Nacional y, eureka, tendrá el porqué de aquello de la guachafita.

Todo se ha centrado en la evasión y, primeramente, en el menoscabo del artículo 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento”.

Hay, en ese fragmento, más. Especifica lo que han debido hacer los funcionarios y, varios de ellos sin excusas ni anuncios, no han hecho: “Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezca las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrar las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación comprende también a los particulares; quedando a salvo los derechos y garantías que esta Constitución consagra”.

Comenzó la política de la guachafita con el Parlamento el 21 de enero, cuando el gabinete económico dejó vacías las sillas en las que debía sentarse. Ese día, Miguel Pérez Abad (ministro de Industria y Comercio), Nelson Merentes (presidente del Banco Central de Venezuela), Eulogio Del Pino (ministro de Petróleo y Energía, y presidente de Pdvsa), Rodolfo Marco Torres (Alimentación) y José David Cabello (superintendente nacional del Seniat) comparecerían ante la comisión evaluadora del decreto de emergencia económica. Se blandió luego, y en la voz de Aristóbulo Istúriz, la excusa del show mediático que, a criterio oficialista, iba a montar la oposición. Primera.

Cuestión de horas

En tres días, el Gobierno ha catalizado la política de la guachafita. El lunes, por ejemplo, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol, debía acudir para explicar la presencia de armas de guerra, pertenecientes al cuerpo que dirige, en la cárcel de San Antonio, en Margarita. No hubo una disculpa: simplemente, no acudió. Segunda.

Ese mismo día, la ministra de Asuntos penitenciarios, María Iris Varela, informó que no asistiría a la cita con el Parlamento, programada para el miércoles. Tercera.

La cuarta y la quinta ocurrieron este miércoles. Primero, con el ministro de Educación Superior, Jorge Arreaza, quien, por segunda vez canceló su asistencia.

La sexta fue el presidente de VTV, Jordán Rodríguez, quien debía responder por la difusión de las grabaciones de los diálogos entre Leopoldo López y su esposa. El martes había espetado que el “Parlamento adeco no nos intimidara (sic), iremos a donde tengamos que ir a defender la verdad, la (que) ellos quieren ocultar”. Pero ayer se fue por la tangente y optó por retar con otro tuit: “Cuando sean citados los que abusan del libertinaje de expresión para llamar a golpes de Estado y al linchamiento público hablamos”.

¿Habrá, por cierto, un sexto caso que respalde (más) la política estatal de la guachafita?

Visto 3768 veces Modificado por última vez en Jueves, 09 Noviembre 2017 11:15

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