Luisa Ortega Díaz presentó este viernes, en la Corte Penal Internacional, más pruebas de las tropelías de la dictadura venezolana. Una de ellas: la masacre de El Junquito.

“El nuevo Dicom está basado en la expectativa de que los venezolanos en el exterior van a enviar remesas y eso no va a ocurrir en la medida en que no exista confianza”, aseguró el economista Adrián Vásquez. El experto Fidel Hernández auguró una baja oferta de moneda extranjera y corta vida para el mecanismo.

“La mayoría de las empresas que producen comida desde el campo al comercio se descapitalizaron, todas tienen menos efectivo para reponer inventarios”, aseguró el primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, José Alfredo Olivo. Biesur que ha simpatizado con el sector oficialista pide iniciar las fiscalizaciones por los industriales y no arremeter contra el comercio que, coincide, no puede vender a pérdida.

La medida de adscripción de las industrias a la Vicepresidencia de la República persigue establecer un “régimen especial para el incremento inmediato de su eficiencia”. El decreto presidencial fue reimpreso y se excluyeron a Minerven y CVG Tecmin del listado de empresas traspasadas al despacho de El Aissami.

Ottawa los acusa también de corrupción.

El presidente Nicolás Maduro anunció este jueves el inicio de un proceso de refinanciamiento y reestructuración de la deuda externa y designó al frente al vicepresidente Tareck El Aissami, el funcionario de más alto rango en Venezuela sancionado por el Gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en el lavado de dinero y tráfico de drogas.

Durante una reunión con gobernadores chavistas, en la que además anunció la aprobación de fondos para las regiones en plan electoral, adelantó que los detalles de la ‘conspiración’ serán develados este martes.

Martes, 19 Septiembre 2017 00:00

¡Sin carnet no hay salud!

Los organismos de Derechos Humanos ya deben estar al tanto de esta nueva violación. Este asunto -y sus culpables- terminarán en La Haya, no lo duden.

La presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, manifestó que impedir el derecho al sufragio “es un delito”, por lo que tomarán acciones contra grupos que intentan interrumpir comicios. Aseguró que reforzarán medidas de seguridad.

Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa al presidente del Poder Judicial venezolano, Mikel Moreno, y a los miembros de la Sala Constitucional de exacerbar la situación interfiriendo continuamente en la autoridad del Poder Legislativo.

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