El gremio panadero insistió en la necesidad de diálogo con el presidente Nicolás Maduro ante la amenaza de toma de panaderías.

El Parlamento aprobó la instalación inmediata de una comisión especial que se encargará de definir las acciones que deben emprenderse a corto plazo para evitar que esta crisis siga cobrando vida de venezolanos.

El Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo en rechazo a la falta de presentación de la memoria y cuenta por parte del vicepresidente ejecutivo de la república y los ministros.

En una alocución plagada de partidismo político, cifras sueltas y más proyecciones que resultados, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, asesta un nuevo golpe a la Constitución nacional y a la institucionalidad del Estado venezolano al presentar su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, amparado en el desacato impuesto por el máximo tribunal del país al Parlamento por su evidente mayoría opositora.

“Tenemos la tecnología que trajimos de China con una inversión importante. Es una orden para el ministro Marco Torres. Sencillo, pago digitalizado y resuelto el problema”, anunció Maduro.

Edgarlis Peñaloza, de un año, y Ángel Grillet, de tres meses, son las nuevas víctimas del hambre. Con ellos, son seis los bebés que han muerto por la misma causa en lo que va de año en San Félix. Mientras tanto, el gobierno de Francisco Rangel Gómez, el mismo que dejó cerrar el único centro de atención nutricional de la ciudad, se ocupa de los preparativos de las fiestas de Carnaval, una celebración para la que, por cierto, el presidente Nicolás Maduro aprobó casi 700 millones de bolívares esta semana.

La redefinición de las estructuras del partido deben culminar antes del 19 de abril.

El TSJ confirmó la sentencia tan solo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibiera en Washington a su esposa, Lilian Tintori, y pidiera la liberación inmediata del preso político.

Maduro reiteró su rechazo a la medida aplicada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra El Aissami, al agregarlo en la lista negra de supuestos narcotraficantes, lo que implica la congelación de sus activos bajo control estadounidense.

El reportaje vincula a altos funcionarios del Gobierno venezolano, especialmente al vicepresidente Tareck El Aissami, por la venta de visas y pasaportes venezolanos a organizaciones terroristas de Medio Oriente. Conatel, igualmente, instó a los propietarios y trabajadores de medios de comunicación a ‘ofrecer a nuestro pueblo información veraz y oportuna, ajustada a los valores propios de la sociedad venezolana, cuyos mensajes obedezcan fielmente a los hechos suscitados’, como una clara advertencia que violenta el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.

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