Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusa al presidente del Poder Judicial venezolano, Mikel Moreno, y a los miembros de la Sala Constitucional de exacerbar la situación interfiriendo continuamente en la autoridad del Poder Legislativo.

El vicepresidente de la República acusó a la dirigencia opositora de estar articulada con grupos delictivos de El Valle, donde se presentó una escala de violencia que duró hasta la madrugada de este viernes.

Desde la idea de repartir fusiles para enfrentar a todo el que se oponga al chavismo hasta la advertencia de despidos a los que no marchen a su favor, la cúpula de la tolda de Gobierno dejó en claro cuál será su accionar en los próximos días.

El acto estuvo dirigido por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quien prometió demandar al secretario general de la OEA por haberlo difamado.

El gremio panadero insistió en la necesidad de diálogo con el presidente Nicolás Maduro ante la amenaza de toma de panaderías.

El Parlamento aprobó la instalación inmediata de una comisión especial que se encargará de definir las acciones que deben emprenderse a corto plazo para evitar que esta crisis siga cobrando vida de venezolanos.

El Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo en rechazo a la falta de presentación de la memoria y cuenta por parte del vicepresidente ejecutivo de la república y los ministros.

En una alocución plagada de partidismo político, cifras sueltas y más proyecciones que resultados, el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, asesta un nuevo golpe a la Constitución nacional y a la institucionalidad del Estado venezolano al presentar su memoria y cuenta ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, amparado en el desacato impuesto por el máximo tribunal del país al Parlamento por su evidente mayoría opositora.

“Tenemos la tecnología que trajimos de China con una inversión importante. Es una orden para el ministro Marco Torres. Sencillo, pago digitalizado y resuelto el problema”, anunció Maduro.

Edgarlis Peñaloza, de un año, y Ángel Grillet, de tres meses, son las nuevas víctimas del hambre. Con ellos, son seis los bebés que han muerto por la misma causa en lo que va de año en San Félix. Mientras tanto, el gobierno de Francisco Rangel Gómez, el mismo que dejó cerrar el único centro de atención nutricional de la ciudad, se ocupa de los preparativos de las fiestas de Carnaval, una celebración para la que, por cierto, el presidente Nicolás Maduro aprobó casi 700 millones de bolívares esta semana.

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