La diputada Delsa Solórzano destacó que la respuesta del TSJ sobre el recurso de nulidad solicitado por la fiscal Luisa Ortega Díaz agotó las instancias internas, a la vez que la AN inicia el proceso para la designación de nuevos magistrados.

El recorrido saldrá de distintos puntos de San Félix y culminará en la iglesia San Buenaventura, de El Roble, a las 10:00 de la mañana, por el descanso de Augusto Puga y el resto de los asesinados por la represión en las protestas de los últimos dos meses.

El Parlamento debatió además acerca de la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. La idea está en archivar los atropellos para cuando toque hacer justicia.

El presidente del Parlamento, Julio Borges, acusó a la trasnacional de ser “cómplice” de la represión y de los abusos a los DD HH.

El episcopado recalca que la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la usurpación de poderes del TSJ con la AN fueron detonadores de la crisis.

El decreto, ya publicado en gaceta, funge como el nuevo abanico de opciones para que el Presidente de la República gobierne en medio de una de las épocas de protestas más persistente de la historia nacional.

La plenaria aprobó este martes por unanimidad el documento que rechaza la “fraudulenta convocatoria” del Presidente de la República al artilugio con el que pretende desconocer el mandato ciudadano expresado el 6 de diciembre de 2015. No faltan las sacudidas de atención a los representantes de los poderes Judicial y Electoral, cuya vista gorda ha dejado correr bajo la mesa la burla de altos quilates autoritarios a la Constitución que el chavismo ensalzó una y otra vez hasta que ya no le dio para más en sus pretensiones de perpetuarse infinitamente en el poder.

La eterna discusión sobre los mecanismos para la salida del gobierno de Nicolás Maduro ya está zanjada: elecciones presidenciales este 2017. Esta es la respuesta institucional, desde la Asamblea Nacional y de la MUD como cabeza de la disidencia, frente a la radicalización de una dictadura que no solo ha sumido al país en la mayor crisis económica y social de su historia, sino que ha dilapidado la ya agónica institucionalidad del Estado al disolver el Parlamento, negar las elecciones y criminalizar la protesta.

Manifestantes confiesan los malabares y sacrificios que deben hacer para subsistir actualmente, confirmando que el motor de la lucha política por un cambio de gobierno en Guayana es la crisis socioeconómica y, sobre todo, el alto costo de los alimentos.

Los diputados de la bancada opositora acordaron también investigar la participación de colectivos paraestatales en las manifestaciones de las últimas semanas y, sobre todo, sus responsabilidades en los asesinatos.

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