Países como México, Chile y Uruguay definen su posición sobre la situación de Venezuela, sumándose al llamado que exige elecciones, respeto a la AN y liberación de presos políticos en Venezuela.

Si bien los gobiernos de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos de América, de Guatemala, de Honduras, de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú y de Uruguay, no están de acuerdo con la expulsión de Venezuela de la OEA, consideran urgente que el Gobierno venezolano reconozca la legitimidad de la Asamblea Nacional y se trace un mapa electoral como salida a la crisis política y social.

“¿Quieren batalla? Vamos a darle, pues. Aceptamos el reto de la derecha fascista. A ver hasta dónde aguantan estos cobardes”, profirió el Presidente de la República luego de la sesión de este marte del Parlamento.

Ha pasado un año desde la sentencia de desacato del TSJ y desde entonces todos los actos del Parlamento no han tenido materialización en el país, y no lo tendrá mientras perdura la medida judicial que, por ahora, no se vislumbra una pronta resolución.

La mayoría opositora del Parlamento, luego de escuchar a las familias de los presos políticos, aprobó el proyecto de acuerdo para respaldar la propuesta de la Organización de Estados Americanos.

Además de la suspensión de los salarios a diputados, la Asamblea Nacional pasa por una crisis financiera al punto de vivir de colaboraciones para costear viajes y hasta el material de oficina.

El Parlamento aprobó la instalación inmediata de una comisión especial que se encargará de definir las acciones que deben emprenderse a corto plazo para evitar que esta crisis siga cobrando vida de venezolanos.

La Asamblea Nacional presentó este lunes el informe que detalla que más de la mitad de los quirófanos venezolanos públicos no sirven. Los números hablan sobre un sistema que cada año se deteriora más y la respuesta gubernamental es la falta de acciones concretas para afrontar el problema.

El ministro de Energía Eléctrica tiene prohibido firmar documentos, hacer contratos ni comprometer los recursos de la Nación, en consecuencia de las acusaciones de corrupción que enfrenta.

La negativa deliberada de los presidentes de las empresas a suministrar información a la comisión investigadora, el paraguas del desacato impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Asamblea Nacional, y la orden del presidente Nicolás Maduro de que toda solicitud del Ejecutivo deba pasar por la Vicepresidencia de la República, crean un entramado de obstáculos que no solo enturbia la poco transparente gestión de las empresas básicas, sino que dificulta las gestiones para su recuperación.

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