Una requisa del Ministerio de Interior y Justicia al Centro de Reclusión Judicial de Puerto Ayacucho acabó con la vida del 35 por ciento de la población penal. Las versiones oficiales pretenden minimizar el hecho catalogándolo como un caso de “resistencia a la autoridad” que produjo los “decesos” (como los tildó el Ministerio Público de Tarek William Saab), cuando en realidad la matanza confirma, una vez más, el empeñado carácter violatorio de derechos humanos y las actuaciones plagadas de irregularidades de la dictadura.

“No tenemos la desesperación del régimen rojo. Así que el martes en Caracas hablaremos de nuestra pretendida inhabilitación política por la CGR”, informó el mandatario regional a través de su cuenta en Twitter.

Dos banderas convergieron en la movilización: el rechazo al intento de ‘expropiación’ de escuelas estadales y la condena al golpe de Estado del TSJ a la Asamblea Nacional.

La nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional (AN), publicada la noche del miércoles, arrebata competencias al Parlamento bajo la excusa del desacato. Este fallo ocurre un día después de conocerse la decisión que quita la inmunidad parlamentaria a los diputados.

Incluso después de las promesas de Pdvsa hechas en enero de este año, ante la carencia de combustible que sufren las comunidades desde mediados del 2016, sigue la lucha por el traslado que cada día les cuesta más a los indígenas.

Su comunicado recoge un amplio exhorto al CNE a pronunciarse sobre temas que le son inherentes como: el referendo revocatorio, el cronograma para elecciones regionales y municipales, el nombramiento ilegal de dos de sus rectoras, la legalización de los partidos y la falta de representación del estado Amazonas en la AN.

La separación de los parlamentarios, cuya presencia hizo que el Poder Judicial anulara todos los actos legislativos desde julio, va en sintonía con los acuerdos del diálogo entre MUD-Gobierno para rescatar la funcionabilidad de la AN.

Al observatorio le resulta preocupante que, luego de meses de espera, el TSJ ratifique una medida cautelar que sigue omitiendo y violando la voluntad del estado Amazonas y de sus habitantes.

La apertura a los medios de comunicación, interpelaciones, investigaciones de corrupción y el control en la aprobación de créditos adicionales han sido cambios radicales en la nueva AN.

Alegan que el desarrollo de la actividad minera destruirá la cultura y formas de vida de las comunidades, al igual que la biodiversidad de la zona.

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