Edición Aniversaria 2016
Domingo, 26 Junio 2016 00:00

Espacio para el Derecho

 
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Cola bajo la lluvia para validar firmas para el revocatorio en la junta electoral del municipio Caroní Cola bajo la lluvia para validar firmas para el revocatorio en la junta electoral del municipio Caroní Foto William Urdaneta

La independencia judicial y la sujeción a la Constitución son elementos claves para la restitución del Estado de Derecho y la consolidación de un sistema democrático con participación ciudadana activa.

Acapitularl pensar en los desafíos institucionales de Venezuela, uno de los más importantes es que los actores políticos entiendan que no puede haber consolidación democrática si no respetamos el papel del Derecho y de los tribunales para el desarrollo y el bienestar de los pueblos.

La Constitución, como instrumento que pretende fundamentalmente limitar el ejercicio del poder público y asegurar controles sobre los órganos políticos, debe ser asumida como norma vinculante, cuyos contenidos medulares reposan en el Estado de Derecho y en la garantía de la independencia judicial.

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Jesús María Casal es abogado constitucionalista, actual consultor jurídico de la Asamblea Nacional, profesor de la UCAB y UCV. Trabajó como jefe del Departamento de Estudios y Representación de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Congreso de la República hasta 1999, y se desempeñó como subdirector de derechos humanos en la Fiscalía General de la República.

Recientemente fue electo individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.Sus últimas declaraciones se centran en las irregularidades en las instituciones estatales, con énfasis en lo que significa el Estado de Derecho, así como el conflicto entre los poderes legislativo y judicial, y las violaciones a la Constitución nacional.

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La actual situación de subordinación político-partidista e ideológica de las altas magistraturas judiciales ha generado daños institucionales de gran calado que es difícil enunciar en estas pocas líneas.

Lo más grave es que ha convertido al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en protagonista del bloqueo de los canales democráticos de expresión del pluralismo político, y del desconocimiento de los derechos humanos. La falta de independencia judicial, que va de la mano de la negación del sentido o peso específico del Derecho en el funcionamiento del sistema constitucional y democrático, no es nueva en Venezuela, pero ha alcanzado en este ciclo político cotas hasta ahora difíciles de imaginar.

No solo es que los tribunales no son capaces de controlar efectivamente a los gobernantes; la realidad es que hoy se erigen en factores de dominación política y de desmantelamiento de la institucionalidad democrática, típicamente representada en la Asamblea Nacional.

Ejemplo de ello es la actuación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en estos meses, que no se corresponde con la tarea de control jurídico que es propia de un tribunal o sala constitucional -y que nunca ha desempeñado-, ya que con las sentencias proferidas desde enero de 2016 ha entrado en el terreno de la usurpación o cercenamiento de facultades legislativas, del menoscabo de la autonomía del Parlamento y del condicionamiento irracional de sus poderes de control e investigación.

Retos

Un reto ineludible para los venezolanos, que debemos arrostrar desde ahora, es el de sentar principios en la cultura democrática y en la mentalidad de los políticos, que permitan apreciar la benéfica fuerza del Derecho con miras a la moderación, la integración y el control, frente a la tentación del despliegue unilateral de un proyecto político, a las prácticas discriminatorias de todo signo, y a los intentos por concentrar el poder.

Por lo pronto hay que tomar otra vez el aliento, cada vez con más convicción, para encarar la imposición de decisiones carentes de auténtica sustancia jurídica, que cuanto más se alejan del Estado de Derecho más se acercan al poder fáctico.

Selección de los jueces con base en los méritos, formación para una justicia en democracia, carrera judicial, sujeción a la Constitución, respeto al pluralismo político y garantía de los derechos humanos son algunos de los puntos esenciales de la agenda de la reflexión y la acción institucional que debemos ir cumpliendo.

 

Artículo 62 de la Constitución nacional

Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

Artículo 70 de la Constitución nacional

Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.

 
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