Viernes, 14 Julio 2017 00:00

Censura de Conatel a la consulta popular delata miedo de la dictadura a la expresión ciudadana

 
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Las movilizaciones de calle, las encuestas y proyecciones electorales dejan al desnudo a un gobierno derrotado Las movilizaciones de calle, las encuestas y proyecciones electorales dejan al desnudo a un gobierno derrotado Foto cortesía
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En un nuevo intento de consolidar la censura en Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) giró instrucciones a medios radioeléctricos del país en las que ordenan no llamar consulta popular al plebiscito promovido por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y un amplio sector de la vida nacional en contra del fraude constituyente promovido por el presidente Nicolás Maduro, a favor de la restitución de los poderes públicos y la creación de un gobierno de unión nacional.

Las alertas sonaron desde la mañana de este jueves, cuando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la irregularidad a través de la red social Twitter. Medida que, además, impide la difusión de piezas propagandísticas que llamen a participar del proceso.

De inmediato, la indignación de los ciudadanos se hizo sentir a través de estos espacios no solo para repudiar la medida, sino para promover, aún más, el término con el que se denomina una actividad consagrada en el artículo 70 de la Constitución nacional.

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”, reza el apartado de la Carta Magna.

Repudio a la autocensura

 

 

Además del rechazo del SNTP, la seccional del Distrito Capital del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también se pronunció para cargar contra una medida que tildaron de arbitraria e ilegal.

A través de una nota de prensa, el gremio criticó la orden por representar un nuevo atentado contra las libertades democráticas consagradas en el texto constitucional y en la normativa internacional en materia de derecho a la libertad de expresión.

Recuerdan que la Carta Magna expresa en el artículo 57 que: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.

Asimismo el artículo 19 establece que “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”.

Luego de argumentar que la normativa internacional en materia de libertad de expresión excluye totalmente la censura previa como posible restricción de los gobiernos; que la convención Americana sobre Derechos Humanos señala que el ejercicio de la libertad de expresión “no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”; y que la libertad de expresión e información es un derecho fundamental consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19, el CNP Caracas acordó acciones para “salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información”, como reza en la ley de Ejercicio del Periodista en su artículo 5.

En consecuencia, su primera acción fue condenar enérgicamente las actuaciones de Conatel porque constituir un ejercicio de censura previa, “la cual es contraria al ejercicio de los derechos humanos, además de estar prohibida en el marco legal vigente”.

“Asimismo exigimos al Gobierno nacional respeto al marco jurídico vigente y exhortamos al Ejecutivo revisar las decisiones en contra de los ciudadanos y medios de comunicación para que se restablezcan las garantías plenas para el ejercicio de la libre expresión”.

350 desde el periodismo

 
 

La Asociación de Alcaldes por Venezuela también repudió la medida, por lo que exhortó a asumir la desobediencia civil en el libre ejercicio del periodismo “para informar más allá de lo que han venido haciendo en los últimos 104 días de protestas y seguir luchando por rescatar la libertad de Venezuela”. Así lo propuso el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky.

“Esto es una prohibición absurda y demuestra mucha ignorancia por parte del defensor del Pueblo Tarek William Saab”, señaló el alcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde. “No pueden meter preso a los 14 millones de venezolanos que van a decir Sí, Sí, Sí y llenar una boleta”, agregó el burgomaestre.

Smolansky también confesó que la medida de Conatel es una forma que evidencia el miedo por parte del gobierno de Nicolás Maduro. 

 

 
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