Martes, 23 Mayo 2017 00:00

Periodistas guayaneses son blancos de ataques civiles y militares

 
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Los ataques han arreciado en los últimos días Los ataques han arreciado en los últimos días Foto Germán Dam
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14 detenciones y más de 100 agresiones ha sufrido el trabajo periodístico durante protestas

 

Ya no es una exclusividad de la Guardia Nacional o de otro cuerpo de seguridad: los ataques contra los trabajadores de la prensa vienen tanto de esos grupos como manifestantes.

En este último contexto, el esquema es el mismo: encapuchados que se alebrestan al ver a los periodistas y a los fotógrafos en las manifestaciones. Insultos. Intimidación. Y, en algunos casos, robo de equipos.  En el primer contexto, lo mismo: uniformados que se alebrestan al ver a los periodistas y fotógrafos. Insultos. Intimidación. Detenciones. Y, en algunos casos, robos de equipos.

En toda Venezuela la situación es la misma desde el principio de las protestas. Por eso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha documentado las agresiones a los comunicadores. Ha habido más de 150 casos. El 80 por ciento de ellos ha sido cometido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

El viernes pasado, en una actividad en todo el país, los delegados de la organización entregaron en las sedes más importantes de la GNB una carta en la que exigen respeto hacia los comunicadores.

En Bolívar, un grupo de periodistas de distintos medios lo entregó en el Comando de Zona 62, antiguo CORE 8. El documento tenía como destinatario al general Wilmar Hernández Aquino, encargado del cuartel. Quienes recibieron se comprometieron a hacerla llegar a sus manos para convocar a una reunión. Hasta ahora no ha habido respuesta.

De lado y lado 

En Ciudad Guayana, el historial de agresiones comenzó el 19 de abril. Ese día, en una protesta en Alta Vista, funcionarios de la Guardia Nacional asaltaron al periodista José Antonio Acevedo y le quitaron tres cámaras y un reloj. También lo detuvieron en un camión durante varias horas.  

Más tarde, a Elías Rivas, de Nueva Prensa de Guayana, los guardias intentaron arrebatarle el teléfono “y me vaciaron el bolso. Cargaba mi carnet de prensa y el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y aun así vaciaron mis cosas en la calle”.

El 15 de mayo, al periodista José Milano y al fotógrafo Carlos León, del diario Primicia, los agredió un grupo de manifestantes en las inmediaciones de Lomas del Caroní.

“Cuando intentaban salir del lugar, el vehículo quedó atrapado en medio de las barricadas, momento que aprovecharon los encapuchados para rodear el carro, amenazar con quemarlo y quitarle la cámara y el celular al equipo de prensa, con el argumento de que estaban tomando fotos a sus caras. El fotógrafo mostró a los manifestantes que no había capturas de sus rostros y ellos cambiaron su argumento, obligando a borrar todos los archivos porque no me da la gana de que te lleves fotos de guarimbas”, detalló el periódico en su edición web.

Al día siguiente, un periodista de Correo del Caroní fue detenido en frente de la UCAB Guayana por la Guardia Nacional. Estuvo retenido durante ocho horas.

Algo similar ocurrió el lunes 22 de mayo, cuando otro periodista de Correo del Caroní fue apresado en las inmediaciones de Yara Yara, Puerto Ordaz, por la Guardia Nacional Bolivariana.

Por el lado de los manifestantes también hubo dosis de intimidación: protestantes encapuchados amenazaron con quemar la camioneta en la que el equipo de Correo del Caroní (conformado en ese momento por la periodista Oriana Faoro, el fotógrafo Wilmer González y el conductor Roberto Lira) cubría una protesta. En la tarde de ese día, manifestantes, también encapuchados, les quitaron los teléfonos a las reporteras Jhoalys Siverio (a quien le devolvieron el aparato) y a Pableysa Ostos (de El Universal).

Fue a raíz de estos hechos que el Ministerio Público emitió la orden de brindar apoyo y protección a los periodistas por parte de todas las instituciones gubernamentales.

“Entre las medidas se instruye a los funcionarios, en ejercicio de sus facultades, a no ejecutar actos que menoscaben la labor de los comunicadores sociales. De igual forma, conforme con lo acordado por el juez, los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad deberán proteger a los profesionales de la comunicación de los ataques de los cuales pudieran ser objeto por parte de particulares, así como evitar que algún efectivo actúe en detrimento de estos”, explicó el SNTP este martes en un nuevo comunicado. En Bolívar, al menos, ha ocurrido todo lo contrario.

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