Domingo, 12 Marzo 2017 00:00

Informe de comisario del Sebin revela nexos de la Gobernación con pranes mineros al sur del estado Bolívar

 
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La consolidación del pranato minero al sur del estado Bolívar se ha consolidado luego de la masacre de Tumeremo La consolidación del pranato minero al sur del estado Bolívar se ha consolidado luego de la masacre de Tumeremo Foto Archivo

Desde 2009, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a varios funcionarios ligados al gobernador Francisco Rangel Gómez y el exsecretario de Seguridad Ciudadana, general Julio César Fuentes Manzulli por presuntos hechos de corrupción.

El comisario José Gregorio Lezama Gómez, quien fue jefe del Comando Anti Extorsión y Secuestros del estado Bolívar y que en enero de 2016 elaboró un informe entregado al director general del Sebin, Gustavo González López, acusa a Rangel Gómez y Fuentes Manzulli de fortalecer a las bandas armadas y de presionar a tribunales y Fiscalía para la liberación de los aprehendidos por hechos irregulares, sin que se curse actualmente una investigación al respecto.

El informe, que data del 26 de enero de 2016, fue entregado a González López, quien fue ministro de Interior y Justicia, por cuanto las denuncias no solo fueron de conocimiento por parte de la institución militar, sino por quien luego ocupara dicho ministerio.

Este informe fue citado por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investigó la masacre de Tumeremo, para sustentar las aseveraciones de los diputados sobre los vínculos del gobierno regional con la corrupción, pranes que operan en el estado Bolívar, y por ende, como responsables de la violencia minera.

InformeWEBEl informe fue dirigido al director del Sebin, quien fue ministro de Interior y Justicia

Los vínculos de la corrupción

En el informe entregado al director del Sebin, Lezama Gómez, señala directamente a Fuentes Manzulli de tener vínculos con la delincuencia organizada. Menciona que a mediados de 2009 fue incautada en Cambalache una embarcación de 80 pies, tres camiones cisternas cargadas de gasoil, combustible para helicópteros y gasolina, para presuntamente ser sacado por vía fluvial fuera del país.

Según las pesquisas, lo incautado provenía del Aeropuerto Internacional Manuel Carlos Piar, en cuya dependencia se encuentra César Escobar, hermano de la primera dama, Nidia de Rangel Escobar, siendo puesto el caso a la orden de la Fiscalía de Ambiente.

Asegura que fue en 2010 cuando presuntamente hubo más vínculos entre Fuentes Manzulli y la delincuencia organizada.

“A partir de los siguientes sucesos, comienza un proceso de desmantelamiento de la Policía del estado Bolívar, los policías que actúan en contra de la irregularidad o actos ilícitos son entregados, es decir, revelan sus nombres y direcciones desde el mismo despacho policial para que sean asesinados con disparos a mansalva, no hay cartuchos para los funcionarios policiales, pero existe un grupo dentro del gobierno regional que está armando a los delincuentes entregándoles zonas de responsabilidad en los sectores populares (el Capitán, en Vista al Sol; el gordo Bayón, en el sector sindical; el Ciego en Ciudad Bolívar y minas de La Paragua; el Topo en minas de Guasipati y Tumeremo; el Negro Juancho en las minas del sur desde El Dorado hasta Las Claritas; el Sapito, mano derecha y coordinador del alcalde de Ciudad Bolívar Sergio Hernández, muy cercano al gobernador, entre otros denominados pranes)”, detalla en el informe.

Estos datos coinciden con la investigación de Correo del Caroní con fuentes militares y policiales que confirman la existencia de una repartición del estado Bolívar entre los principales cabecillas del mundo delictual:

El Callao es controlado por los pranes apodados Toto,Marcopolo yel Ruqui;y el sector El Perú, controlado por Anderson Pereira hasta el pasado viernes 24 de febrero, cuando fue asesinado por una banda rival al salir de una discoteca en Puerto Ordaz; alias el Morocho controla el sector Nacupay, y de El Paraíso se desconoce quién en su líder.

En Guasipati y San Félix, el líder es Phanol Vladimir Clemente Ojeda, aliasCapitán. Presuntamente un hombre apodadoel Morocholo representa a él también en El Callao.

En Tumeremo, tras la muerte de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, aliasel Topo, el control lo mantienen alias el Gordo, del barrio de La Caratica; yArmandito. En Las Claritas el pran es Wilson Rodríguez Aponte, apodado el NegroJuancho;y en El Dorado, Fabio Enrique González Isaza, aliasel Negro Fabio.

El informe también rememora la detención, el 28 de junio de 2012, de alias el Juancho, junto a otros cuatro ciudadanos a quienes se les incautaron armas de fuego y cuatro vehículos. Aunque fueron puestos a la orden de la Fiscalía Cuarta, afirma que el gobernador presionó a tribunales y Fiscalía para su liberación, siendo puestos en libertad al día siguiente.

Las irregularidades incluyen a las empresas básicas. El 18 de mayo de 2013 son aprehendidos Raúl Gruber Rivas, Esbardo Rafael Valenzuela, Luis Medrano Bartolo e Irwin León Luces, por tráfico de material estratégico de Alcasa, sin que se continuara investigación alguna sobre el caso. Lezama Gómez acota que Valenzuela “guarda estrecha relación con la gerencia de la Gobernación de Bolívar”.

El 11 de febrero de 2014 fue detenido José Campos Moreno, presidente de Global Motors y sobrino del secretario de gobierno, Teodardo Porras, por denuncias de presunta extorsión y amenazas de muerte a un trabajador. El procedimiento quedó a la orden de la Fiscalía Segunda.

El último caso que cita es del 24 de octubre de 2015 cuando detienen en Upata, municipio Piar, al teniente del Ejército, Leonardo Curvelo, identificándolo como chofer de Fuentes Manzulli, y al taxista Pedro Goitia Salazar, con 33 millones de bolívares que asegura serían usados para la compra ilegal de oro al sur del estado Bolívar y exportar a Colombia.

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Manzulli desmiente

Correo del Caroní se comunicó vía telefónica con el general Fuentes Manzulli para conocer su versión, negando rotundamente las acusaciones en su contra.

En primer lugar, desmiente la detención de algún chofer a su servicio y sus presuntos vínculos con el pranato minero, considerando que su gestión de ocho años como secretario de Seguridad Ciudadana habla por sí sola, con el aumento de 15 a 28 comandos policiales y de 1.600 a 3.200 policías.

“Yo no desmantelé a la Policía. En mi gestión se acabaron los secuestros, los robos a bancos. En mi gestión no habían pranes en las minas, eso es nuevo, eso vino después de mi salida hace tres años (…) si desde enero de 2014 no he manejado ninguna institución ni fuerza policial, cómo es que yo en tres años he armado grupos armados, eso es imposible. La mayor dotación y conformación de la Policía en estos últimos años fue en mi gestión”, aseveró Fuentes Manzulli.

Sin embargo, de acuerdo con estadísticas manejadas por Correo del Caroní, de 2006 a 2013 se registraron 75 secuestros en el estado Bolívar.

Cita2WEBMaduro al tanto

No solamente el entonces ministro de Interior y Justicia y director general del Sebin, Gustavo González López. Trascendió que el 6 de mayo de 2016, el comisario Lezama le habría hecho llegar al presidente Nicolás Maduro un informe detallando la corrupción existente en el estado Bolívar con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), incluyendo denuncias de los consejos comunales.

En el informe que hizo llegar al mandatario nacional denuncia lo que ocurre en las misiones de Barrio Nuevo Tricolor, donde presuntamente los insumos para las construcciones son entregadas a los pranes, encargados del manejo de los mismos para su distribución y venta ilegal.

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Estatus actual del comisario

Lezama Gómez fue detenido 
por los cargos de hurto calificado, asociación para delinquir, colaborador y facilitador de máquinas traga níquel para el funcionamiento de casinos clandestinos.

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Su caso desencadena a partir de la detención de un ciudadano en cuya vivienda, en Villa Antillana, fue a parar un camión cargado de neumáticos provenientes de la cauchera Supercauchos San Rafael. La respuesta que recibió Lezama Gómez antes de la aprehensión fue que el cargamento pertenecía a “uno de los generales de la Gobernación”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Humberto Velasco, habría ordenado la liberación, pero ya Fiscalía tenía conocimiento del caso. Las averiguaciones posteriores del comisario indicaron que la mercancía había ingresado días antes a la proveeduría del estado Bolívar, proveniente de la Proveeduría Nacional de Insumos y Repuestos para proveer al parque automotor del transporte gubernamental, pero fueron desviadas a una cauchera privada y posteriormente a una vivienda en Villa Antillana.

Por casualidad, o quizás retaliación, en noviembre de 2015 se le acusa de irregularidades en máquinas de casino incautadas en mayo de ese año, siendo arrestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Todas las denuncias del informe de Lezama Gómez se concentran en una maquinaria de corrupción que opera en todo el estado Bolívar, vinculada al gobierno regional. Ciertas o no las acusaciones, todos los casos han estado en manos de la Fiscalía, del Sebin y hasta en su momento del Ministerio de Interior y Justicia, sin que hayan continuado las investigaciones y establecido las respectivas responsabilidades de los implicados.

De manera extraoficial se conoció que Lezama estaría en libertad bajo régimen de presentación, habiéndose diferido la apertura de juicio en ocho oportunidades por ausencia de los fiscales.

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