Sábado, 10 Diciembre 2016 00:00

Estado arrastra la dignidad de los venezolanos al violar deliberadamente sus garantías fundamentales

 
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Decenas de personas protestaron el 23 de mayo exigiendo que el Gobierno surtiera de alimentos el Pdval de Puerto Ordaz Decenas de personas protestaron el 23 de mayo exigiendo que el Gobierno surtiera de alimentos el Pdval de Puerto Ordaz Foto Wilmer González / Archivo

A propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, la asociación civil Control Ciudadano presentó a la Asamblea Nacional un informe de las leyes pendientes por discutirse en esta materia. También solicitan interpelación, entre otros funcionarios públicos, de los representantes del Estado ante los sistemas Interamericano y Universal de los Derechos Humanos entre los años 1999 y 2016.

Caracas.- En vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, la asociación civil Control Ciudadano presentó a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Defensa, un informe detallado de las leyes pendientes por discutirse en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

La organización consignó una relación detallada de las leyes pendientes y de los actos legislativos que deberían aprobarse en 2017, para honrar la deuda del Parlamento con los derechos humanos.

 

Constitución nacional:

Artículo 31. Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos.

El Estado adoptará, conforme a procedimientos establecidos en esta Constitución y la ley, las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos internacionales previstos en este artículo.

 

En materia de derecho penal, Control Ciudadano propone una Ley especial sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y agresión. Sobre estos temas Venezuela está en mora, de acuerdo a las obligaciones internacionales que suscribió, al aprobar los cuatro convenios de Ginebra en 1956, la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio en 1960 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 2000.

También propone una Ley contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, de acuerdo a las obligaciones contraídas al suscribir el pacto internacional sobre la materia.

En materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos son cuatro las leyes que la organización pide sean discutidas en la Asamblea Nacional durante el 2017:

1. La Ley orgánica de ejecución y cumplimiento de decisiones de órganos internacionales de protección de los derechos humanos.

2. La Ley contra la desaparición forzada de personas.

3. La Ley orgánica de manifestaciones, reuniones públicas y procedimientos policiales para el control del orden público.

4. La Ley orgánica para la protección de todas las personas contra la discriminación por razones políticas.

BasuraEl vertedero de Cambalache, cerrado improvisadamente por presión vecinal en 2014, sigue siendo un enorme pasivo ambiental que el Estado sigue sin atender | Foto William Urdaneta 

En materia de Derecho Internacional Humanitario, señala Control Ciudadano, debe legislarse sobre la protección a víctimas de los conflictos armados, control de armas, protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, como consecuencia de más de 17 tratados de los cuales Venezuela es parte y no ha establecido medidas de aplicación nacional para dar cumplimento a los mismos.

Más que leyes para un Parlamento

 

Constitución nacional:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

 

Control Ciudadano indica que la Asamblea Nacional también puede aprobar acuerdos sin fuerza de ley destinados a instar a otros poderes públicos, a ejercer actos en favor del cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En el caso particular de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la aprobación de este tipo de acuerdo constituye una forma de reparación del daño moral y un reconocimiento a su lucha en búsqueda de justicia y reparación.

Entre estos actos, y quizá el más importante, se encuentra el de instar al ciudadano Presidente de la República para que retire el instrumento de denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La ONG también agrega en su informe otros acuerdos que contribuirían en la misma dirección:

a) Acuerdo mediante el cual se insta al ciudadano Presidente de la República para que proceda a depositar el instrumento de ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador).

b) Acuerdo mediante el cual se reivindica y reconoce la labor desarrollada por los defensores de derechos humanos.

c) Acuerdo mediante el cual se insta al Ejecutivo nacional a cumplir íntegramente las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado cómplice

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El informe de la asociación civil también alerta cómo los poderes públicos están vaciando de contenido progresivamente al texto constitucional al debilitar en la práctica el contenido y alcance de sus artículos 23 y 31.

“Venezuela avanza en una práctica internacional regresiva, al incumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al desacatar y descalificar públicamente informes y otros actos de los órganos de protección de los sistemas interamericano y universal de protección de Derechos Humanos”, recoge el informe.

La ONG defensora de los Derechos Humanos concluye con una serie de recomendaciones para el control democrático, tendentes al debate ciudadano, la contraloría y el establecimiento de eventuales sanciones a funcionarios públicos que por acción u omisión hayan comprometido a la responsabilidad internacional del estado venezolano.

En este sentido, pide al Parlamento que invite a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a los defensores de estas garantías y a las organizaciones respectivas a presentar propuestas y a ejercer la iniciativa ciudadana en la elaboración de los proyectos de leyes descritos en este informe.

Igualmente solicita que sean interpelados, entre otros funcionarios públicos, los ciudadanos que han ejercido el cargo de Agente del Estado venezolano ante los sistemas Interamericano y Universal de los Derechos Humanos entre los años 1999 y 2016.

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