Lunes, 05 Diciembre 2016 00:00

ONG denuncian ante la CIDH deterioro de la libertad de expresión en Venezuela

 
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ONG denuncian ante la CIDH deterioro de la libertad de expresión en Venezuela Cortesía

Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Entre enero y octubre de 2016 Espacio Público registró un total de 309 denuncias de violaciones a este derecho, lo que representa un aumento del 41,74% en las violaciones denunciadas respecto al mismo período del año anterior: de las 309, la intimidación (111), la agresión (49), la censura (43) y las amenazas (33) constituyeron los principales patrones de violaciones denunciados.

Las organizaciones venezolanas acudieron ante el organismo regional en ocasión de celebrarse el 159° periodo de sesiones de audiencias públicas en Panamá.

“Las personas que viven en Venezuela sufren una grave crisis política, económica y social. El deterioro requiere de los mecanismos de participación política a los fines de establecer mecanismos institucionales que permitan solventar estos desafíos.  Esta coyuntura demanda espacios para la deliberación de los diagnósticos y las soluciones. El papel de los periodistas y los medios es imprescindible. Actualmente están amenazados y con una reducción sustantiva de sus posibilidades”, dijeron las organizaciones en el 159° periodo de sesiones de audiencias públicas de la CIDH en Panamá.

Sobre el acceso a la información pública, las organizaciones informaron a la Comisión que “el gobierno mantiene una política de opacidad y falta de información en diferentes ámbitos”. “Ante la deficiencia en la prestación de servicios públicos de agua potable, salud, alimentación y medicinas, el Estado se mantiene en silencio ante los numerosos reclamos y exigencias de información de la ciudadanía”, dijeron.

En lo que va de año, Espacio Público realizó 43 peticiones de información sobre cumplimiento de obligaciones relativas a solución de problemas comunitarios y derechos humanos a diversas instituciones públicas. Sólo en 2 casos se obtuvo respuesta adecuada. Esto representa una tasa de respuesta del 4,65%.

La no pluralidad de los medios públicos también fue expuesta. “Los medios estatales no están al servicio del universo de la sociedad venezolana. Son aparatos de propaganda política permanente a favor del gobierno, y se dedican a descalificar a personas, periodistas, defensores y líderes sociales y políticos abiertamente”, informaron.

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Además destacaron el “sector importante de los medios privados cambiaron de propietarios y en consecuencia modificaron su línea editorial para reducir la crítica y aumentar la propaganda a la gestión gubernamental”, que ocurrió con medios impresos nacionales y regionales, estaciones de radio y televisión y portales web. También dijeron a la CIDH que “los periodistas independientes carecen de fuero profesional en medios públicos y privados al ser despedidos de sus trabajos y retirados sus programas de radio luego de críticas hechas contra el gobierno nacional”.

Sobre los ataques a la prensa en el contexto de manifestaciones públicas, Espacio Público informó a la CIDH que en especial en las actividades de carácter político en el marco de la exigencia del referendo revocatorio, se registraron 86 casos de violaciones a la libertad de expresión.

16 periodistas de prensa extranjera que venían a Venezuela, entre agosto y septiembre del 2016, enfrentaron obstáculos para el ingreso y desenvolvimiento de sus labores en el país. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizó deportaciones y expulsiones de cinco periodistas extranjeros que llegaron a Venezuela. A otros le retuvieron equipos y los sometieron a largas horas de espera en los aeropuertos.

El hostigamiento judicial también resaltó entre los principales tópicos en la audiencia. Uno de los casos presentados es el de discriminación en la venta de papel al diario El Carabobeño, hoy fuera de circulación, donde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se abstiene de admitir y tramitar una demanda interpuesta por miembros de la sociedad civil en reclamo de su derecho a la información.

El TSJ también dictaminó prohibiciones de difundir determinados temas de interés nacional. Entre ellos se incluye la prohibición de difusión de videos de linchamientos, en aras de una pretendida salvaguarda de la seguridad ciudadana. También se le prohibió a un grupo de diputados de la Asamblea Nacional publicar, declarar y difundir “noticias y mensajes vilipendiosos que atenten contra el honor, decoro y reputación” del Ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Osorio.

Caso Correo del Caroní

 

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El hostigamiento judicial también se registra en los casos de David Natera, director del diario Correo del Caroní, que fue condenado a 4 años de prisión por la realización de cobertura informativa por denuncias de corrupción en la estatal Ferrominera Orinoco y el caso de Braulio Jatar, director del portal informativo Reporte Confidencial, quien fue detenido arbitrariamente luego de divulgar videos del cacerolazo contra el presidente Nicolás Maduro en Villa Rosa.

Sobre las violaciones a la libertad de expresión asociadas a Internet, se informó a la CIDH de siete ataques de cuentas personales y sitios web de periodistas, un medio de comunicación y una institución pública, tres prohibiciones de difusión de información por redes, tres amenazas y hostigamiento por coberturas. Además, 2 personas han sido detenidas por información y opiniones difundidas a través de twitter.

La discriminación por el pensamiento político y su expresión también fue presentada a la CIDH en esta audiencia. “El gobierno venezolano tiene una política de discriminación contra personas que manifiestan opiniones políticas contrarias a su línea partidista”, informaron.

Se han documentado en Venezuela casos de discriminación con la asignación de las bolsas de comida a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP). Quienes firmaron en el proceso del revocatorio o expresaron de alguna manera su posición política contraria al gobierno son discriminados en la asignación de alimentos o amenazados con dejar de entregarles comida.

La respuesta del Estado

William Castillo, ex director de Conatel, dijo en la audiencia que el Estado estaba dispuesto a dar toda la información que fuera necesaria para atender a las recomendaciones de la CIDH en materia de libertad de expresión, sin embargo sobre las peticiones de información sin respuesta dijo que se habla de eso “como si fuese una cifra significativa”. Hay que recordar que Castillo, a la cabeza de Conatel, ignoró una petición de información sobre los más de 3000 sitios bloqueados por ese organismo.

Sobre la grave crisis de papel que afecta a los medios impresos en Venezuela se limitó a decir que “en ocasiones anteriores” ha hecho aclaraciones sobre ese tema”. También dijo que en Venezuela se han “impulsado avances para aumentar la velocidad de acceso y navegación”.

Castillo además durante su intervención defendió la gestión gubernamental pero sin aportar datos que permitan contrastar con la información pormenorizada que aportaron las organizaciones. Aunque dijo que el Estado reconoce “el derecho a la libertad de expresión como esencial para la democracia”. (Con información de Espacio Público)

 

Peticiones de las organizaciones:

 La Comisión debe priorizar acciones que indiquen claramente la situación de graves violaciones a los derechos humanos mediante el trámite urgente de medidas cautelares y casos; realizar a la brevedad un informe país;  y que se incluya en el próximo periodo de sesiones, audiencias con los temas urgentes de la situación venezolana.

 Haga un seguimiento de sus recomendaciones en materia de libertad de expresión han sido formuladas por la Comisión Interamericana al Estado venezolano en sus informes anuales e informes país; así como a las reparaciones que le han sido requeridas al Estado por las sentencias de la Corte Interamericana en esta materia.

 Recomiende al Estado  el  cumplimiento de sus obligaciones de garantizar el acceso a la información pública y ofrezca su asistencia técnica a  la Asamblea Nacional para impulsar una Ley de Acceso a la Información Pública conforme a los estándares internacionales.

● Recomiende al Estado el desarrollo de una política pública que garantice el pluralismo y la diversidad. Incluyendo  el impulso de medios estatales de servicio público a toda la sociedad venezolana; la eliminación de prácticas discriminatorias en la distribución del papel prensa, el acceso a las divisas y la administración de espectro radioeléctrico.

● Reitere al Estado su obligación de respetar el derecho de reunión y asamblea pública y que se abstenga de dictar medidas administrativas o judiciales que restrinjan indebidamente este derecho, incluida la represión y detención de personas que participan manifestaciones pacíficas.

● Solicite al Estado información sobre las garantías que tienen medios y periodistas extranjeros o internacionales para ingresar al país y cumplir con su labor libremente y sin restricciones ni trabas.

● Analice las preocupantes decisiones del Poder Judicial venezolano relativas a libertad de expresión e información que incluyen censura, obstrucción del acceso a la información pública, sanciones por desacato y vilipendio.

● Proponga políticas públicas, basadas en buenas prácticas existentes, que garanticen condiciones que hagan posible el acceso al Internet de calidad en todo el territorio nacional, libre de restricciones y discriminaciones políticas.

● Fortalezca el seguimiento de casos de  discriminación de personas  por parte del Estado por sus opiniones políticas, protegiendo sus derechos a quienes han sido despedidos en virtud de tal discriminación, y garantizando el acceso a alimentos, becas, servicios y bienes.

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