La libertad, la seguridad y posibilidad de informar y opinar abiertamente estuvieron en riesgo para el gremio periodístico en Venezuela en el inicio de 2019. Lea el informe que, al respecto, presenta IPYS Venezuela.

El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela considera que es imperante garantizar las condiciones para la libertad de expresión e información, tanto de los periodistas como de los ciudadanos, debido a que es un mecanismo para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Esta organización insiste en que el periodismo es un oficio de servicio público que debe ser salvaguardado en cualquier circunstancia política, económica y social.

IPYS Venezuela manifiesta estas preocupaciones debido a que el totalizador de enero de 2019 marcó 59 violaciones a la libertad de expresión. Resaltó la migración forzada como medida para protección de un periodista, también destacaron las detenciones arbitrarias por parte de las cuerpos de seguridad del Estado, que acumularon 11 casos y siete de ellos afectaron siete el ejercicio reporteril de 10 periodistas extranjeros. Posterior a los 16 incidentes que afectaron la labor informativa entre el 23 y 24 de enero, el silencio tomó los espacios de la radio y la televisión a través de decisiones de censura personalizada a través de la suspensión de programas, vetos de periodistas y despidos arbitrarios. Fueron 31 días en los que ocurrieron también hechos de violencia durante la cobertura de manifestaciones y agravios digitales.

Forzado a migrar

Germán Dam, periodista del estado Bolívar, denunció el lunes 4 de febrero a través de su cuenta de Twitter que una orden de captura en su contra lo obligó a migrar de manera forzosa de Venezuela.

En conversación con IPYS Venezuela, Dam explicó que planeaban denunciarlo por “violencia de género y escarnio público” luego de publicar un tuit con las identificaciones de las juezas que procesan los casos de los detenidos durante las protestas ocurridas en el estado Bolívar desde el 23 de enero.

El periodista publicó en su cuenta personal (@GEDV86) los nombres y las fotos de las juezas que vulneran el derecho al debido proceso contemplado en la Constitución de la República, al impedir que los detenidos durante las protestas en Ciudad Bolívar y Upata reciban defensa privada o asistencia de organizaciones no gubernamentales.

Dam aseguró que aún no se emite orden oficial de captura en su contra, pero según sus fuentes extraoficiales ya existe una.

Esta medida judicial vulnera el Principio 5 de la Declaración de Principios de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que expresa: “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Prensa extranjera en cautiverio

Durante el mes de enero el ejercicio del periodismo de los trabajadores de prensa en Venezuela fue vulnerado en 11 oportunidades por la ejecución de detenciones arbitrarias en el Área Metropolitana de Caracas. Estos ataques, que afectaron a siete periodistas extranjeros, fueron cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado y por simpatizantes oficialistas.

A pesar de los casos de detenciones registrados, Nicolás Maduro negó que en su gestión se detengan a periodistas. “Aquí no hay detenciones arbitrarias”, aseguró en una entrevista concedida a Jordi Évole y transmitida el 3 de febrero por el canal español La Sexta. Maduro aseguró que lo que ocurre en Venezuela son “montajes para magnificar” la situación, y además dijo en el país hay “pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

Caracas: grupo de oficialistas detuvo a dos periodistas

Detuvieron y robaron al periodista Emin Ozin, de nacionalidad turca, y al reportero gráfico venezolano Hirsaid Gómez mientras realizaban un trabajo fotográfico en el sector 23 de Enero, en el municipio Libertador de Caracas, el 31 de enero de 2019.

Fueron retenidos por civiles ambos periodistas luego lo entregaron al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Durante el secuestro los antisociales robaron todos sus documentos de identidad, los celulares y una moto. Posteriormente ambos trabajadores de la prensa fueron entregados a funcionarios del Sebin que lo trasladaron hasta la sede de El Helicoide. La liberación de Ozin y Gómez tuvo lugar durante la madrugada del 1 de enero luego de dos horas de detención arbitraria en las instalaciones del recinto policial. De todas las pertenencias que les arrebataron durante la agresión, tan solo les fueron devueltas sus cámaras, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Caracas: detuvieron a tres periodistas de la agencia EFE Noticias

La tarde del miércoles 30 de enero los periodistas colombianos Mauren Barriga y Leonardo Muñoz, y el español Gonzalo Domínguez, de la agencia colombiana de noticias EFE, fueron detenidos por el Sebin. Los tres reporteros vinieron a Venezuela a cubrir las crisis política, social y económica que vive el país.

Leonardo Muñoz, fotógrafo, y el motorizado venezolano que lo trasladaba, José Salas, fueron detenidos en la calle cuando recorrían las protestas que fueron convocadas por el Parlamento opositor en Caracas. Más tarde, Mauren Barriga y Gonzalo Domínguez fueron arrestados en el hotel donde se hospedaban y trasladados a la sede del Sebin-El Helicoide, ubicada en el oeste de la ciudad capital.

Las autoridades venezolanas argumentaron que la detención de los periodistas de la agencia EFE se debió a que no estaban debidamente acreditados ante los organismos del Estado.

Tras permanecer 12 horas detenidos, los tres periodistas fueron liberados el jueves 31 de enero en horas de la mañana, y llevados a la sede del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), en el centro de Caracas. El motorizado, José Salas, también fue liberado después de casi 24 horas de arresto en el recinto de inteligencia nacional.

Los funcionarios pidieron disculpas por lo que aseguraron que la detención “fue un error”, según informó la agencia EFE en una nota informativa. El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, confirmó que los tres reporteros fueron acreditados y podrán permanecer en el país para continuar su trabajo periodístico.

IPYS Venezuela constató que esta es la sexta agresión contra corresponsales extranjeros en la última semana de enero. El Estado venezolano es responsable de la libertad, seguridad e integridad de los periodistas nacionales y extranjeros que son detenidos de manera arbitraria en el ejercicio de sus labores reporteriles.

En Miraflores

Los periodistas Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, junto a Rolando Rodríguez -el productor que les acompañaba-, fueron detenidos al mediodía del martes 29 de enero mientras cubrían la vigilia convocada por el gobierno de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, ubicado en el municipio Libertador de Caracas.

Caillet y des Monstiers, que trabajan para el programa Quotidien de la televisora francesa TMC, hacían tomas en la sede del Ejecutivo nacional cuando fueron detenidos por funcionarios de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial (BGHP).

Tras pasar 48 horas detenidos arbitrariamente en la sede del Sebin, el jueves 31 de enero el embajador de Francia en Caracas, Romain Nadal, informó la liberación de los dos periodistas franceses.

Tiempo después se conoció sobre su deportación. Nadal informó que se encontraba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con los periodistas Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, quienes posteriormente abordaron un vuelo a París.

El periodista Rolando Rodríguez también fue liberado ese día. Se conoció que el productor de los reporteros franceses fue trasladado desde Miraflores hasta la sede de la Dgcim ubicada en Boleíta, sin la totalidad de sus pertenencias, según informó el SNTP.

A su regreso a Francia, ofrecieron su testimonio en un programa de televisión: “Nadie sabe dónde estás, no tienes derechos, no estás en casa”. Relataron las condiciones degradantes durante la detención, pues aseguraron que solo le dieron “un vaso de agua al día para dos, esposados día y noche”.

Ese mismo día los funcionarios de seguridad además detuvieron a los periodistas Mayker Yriarte de TV Venezuela y Ana Rodríguez de VPI TV, así como a los reporteros chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, del canal Televisión Nacional de Chile (TVN), quienes también se hallaban en las cercanías del Palacio de Miraflores.

Ana Rodríguez Brazón explicó a IPYS Venezuela que ese mismo día en la noche hicieron un recorrido en carro por el centro de Caracas. No andaban en labores de reportería en ese momento, pero los periodistas chilenos querían ver cómo es la vida en Caracas de noche., “Los periodistas chilenos decidieron bajarse para conversar con la gente y conocer sus impresiones. No andábamos trabajando, ellos andaban sin cámaras y sin nada y solo querían hablar con la gente”. Sin embargo, eso no fue suficiente para que los funcionarios de inteligencia militar no actuaran ante un presunta violación a la “zona de seguridad” del palacio. Rodríguez aseguró que un funcionario vestido de civil se aproximó al vehículo donde se trasladaban para exigir los documentos de identidad de ambos periodistas venezolanos y cuestionar a qué se dedicaban, mientras los periodistas chilenos González y Barahona fueron abordados por funcionarios que retuvieron sus documentos de identidad.

Rodríguez relató, que pasadas cuatro horas de la detención, un capitán les informó que la Dirección de Investigación de la Guardia Presidencial estaba chequeando sus antecedentes y que, además, estaban corroborando las “tendencias políticas” de los medios en los cuales laboran.

“Yo les decía que nosotros no estábamos haciendo nada ilegal y que ellos no estaban cumpliendo la Constitución. Uno de los funcionarios me decía: te callas o te quedarás aquí hasta que amanezca”, contó la reportera que años atrás también perteneció a la Red Nacional de Corresponsales de IPYS Venezuela

La periodista aseguró que los funcionarios ordenaron “apagar y guardar” los celulares para ser interrogados por los funcionarios militares sobre los contenidos que había en sus celulares y las relaciones que tenían con los periodistas extranjeros, igualmente denunció que a los periodistas chilenos los interrogaron en privado pese a que ellos mismos exigían que los dejaran en libertad.

Según Rodríguez, a las 7:30 de la mañana ambos periodistas venezolanos firmaron las actas que aseguraban el cumplimiento del artículo 44 de la Constitución de la República, referente al principio de inviolabilidad a la libertad personal. “Mientras salíamos nos hicieron comentarios haciéndonos saber que tenían información personal de nosotros, y nos grabaron”.

El sindicato de periodistas denunció que los reporteros chilenos fueron trasladados la mañana del 30 de enero hasta el aeropuerto de Maiquetía para su deportación de Venezuela. Pérez y Barahona abordaron un vuelo con destino a Panamá a las 7:20 de la noche de ese día.

Caracas: amenazaron a periodista chileno con retener su pasaporte

El periodista José Antonio Neme, de nacionalidad chilena, denunció a través de su cuenta de Twitter (@JoseNeme_TVN) que funcionarios de la Brigada Guardia de Honor Presidencial (BGHP) los amenazaron con retener su pasaporte el lunes 28 de enero, cuando estaba en las puertas del Palacio de Miraflores.

Los funcionarios de la Brigada Guardia de Honor Presidencial (BGHP) detuvieron arbitrariamente a Neme y amenazaron con retener su pasaporte. La denuncia fue ejecutada por el periodista en su cuenta personal de Twitter y respaldada por el SNTP minutos posteriores a su detención.

El periodista de Zero Hora, Rodrigo Lopes, denunció que fue apresado durante dos horas por funcionarios militares en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria del Palacio de Miraflores el día 25 de enero.

Lopes aseguró que los funcionarios lo dejaron incomunicado, lo fotografiaron, revisaron su celular y amenazaron con privarlo de libertad. El periodista enviado a Venezuela como corresponsal de la cadena RBS abandonó el país para garantizar su seguridad.

Esta organización reclama al Estado venezolano cumplir con la garantía de los derechos humanos, específicamente los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información, para que la ciudadanía esté en capacidad de recibir información oportuna y efectuar decisiones que permitan mejorar sus condiciones de vida. Todo funcionario, institución o poder público debe cumplir con la garantía, el respeto y la promoción de los derechos humanos; de lo contrario, deberá ser procesado por la justicia según la Constitución de la República.

Monagas: oficialistas entregaron al periodista Jefferson Civira al Sebin

Estudiantes oficialistas detuvieron a Jefferson Civira, periodista del Diario de Monagas, por presuntamente realizar fotografías en instalaciones de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) el pasado 29 de enero.

El SNTP denunció, vía Twitter, que los estudiantes de la UBV mantuvieron al reportero privado de su libertad de tránsito hasta que llegaron efectivos del Sebin para revisar su celular. El periodista estaba en las instalaciones de la casa de estudios para resolver inconvenientes con el título de grado.

Silencio en la radio

Las medidas de censura impuestas en los medios radiales y televisivos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) impidieron el seguimiento informativo de al menos seis espacios informativos y de opinión en emisoras de alcance nacional y regional. Estas acciones también provocaron el despido arbitrario de dos periodistas en Caracas y Yaracuy.

Las autoridades regionales también apoyaron la cobertura silente. Un grupo de periodistas que ejercen en medios de comunicación impresos y televisivos en Monagas, entregaron el miércoles 30 de enero un documento en la Defensoría del Pueblo en Maturín, en el que rechazan las acusaciones que contra ellos han hecho en la última semana autoridades gubernamentales.

En el documento señalaron las amenazas de la gobernadora de la entidad, Yelitza Santaella (PSUV); el alcalde de Maturín, Wilfredo Ordaz (PSUV) y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), general Ovidio Delgado Ramírez, que desde el 23 de enero señalan a los periodistas y medios de promover la violencia en Monagas.

Recordaron las amenazas de Santaella del 24 de enero, quien pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sanciones contra los medios por “incitar a la violencia” y desinformar. Además, el lunes 27 de enero el alcalde Wilfredo Ordaz los acusó, en una rueda de prensa, de ser terroristas y el martes 28 de enero los llamó tarifados que solo falseaban información.

En el caso del general Delgado Ramírez, el jefe militar de Monagas en una entrevista al aire llamó “chismoso” al periodista Freddy Marcano porque le preguntó sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos tras las detenciones de 50 personas que hubo en Maturín el 23 de enero.

En junio de 2015 el entonces director de la Policía del estado Monagas, el militar José González Espín, también acusó a los periodistas de crear zozobra por informar sobre las cifras de muertes violentas en la región.

En esa oportunidad el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Monagas-Delta Amacuro acudió a la Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para denunciar el intento de las autoridades gubernamentales de criminalizar el ejercicio periodístico.

Lara: sacaron del aire programa de radio del exalcalde Alfredo Ramos

Calificar a Nicolás Maduro como usurpador fue el motivo por el cual desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) exigieron la salida del aire del programa radial Alfredo Sigue, que conducía el exalcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, de lunes a viernes a través de la emisora Fe y Alegría, en el estado Lara.

El lunes 21 de enero, Ramos publicó un tuit para informar sobre la decisión que le comunicaron: “[...] por órdenes de la Dictadura sacan del aire nuestro programa #AlfredoSigue que se transmitía por @radiofeyalegria de lunes a viernes de 11am-12m. El régimen impone la censura y la autocensura a los medios de comunicación. Seguimos en la calle por la libertad”.

La directora de la emisora le informó sobre la decisión de Conatel y el motivo, por lo cual el último programa fue emitido el viernes 18 de enero.

Ramos señaló que a esta autocensura se suma el veto que tienen las televisoras regionales y algunas nacionales cuando se solicita espacio para hablar sobre la situación política del país. La respuesta a las peticiones es el silencio.

“La autocensura en los medios es más peligrosa que la propia censura, que se ha impuesto por la vía de la fuerza. Atenta contra la propia libertad de expresión en el país. Por ejemplo, no es posible que algunos medios hayan obviado el nombramiento de la junta directiva de la Asamblea Nacional, único poder legítimo en Venezuela”, precisó Alfredo Ramos.

Habló además de la poca cobertura realizada por los medios tradicionales a los cabildos abiertos realizados en cada ciudad del país.

“Hay que dar gracias a Dios cómo el periodismo se ha reinventado y con coraje, valentía, los periodistas venezolanos han podido vencer el oscurantismo y secretismo del régimen en sus investigaciones sobre los casos de violaciones de derechos humanos y de la corrupción reinante en el país”, expresó.

Alentó a que continúe el periodismo independiente, con su función de informar y estar de lado de las necesidades de la gente.

La Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (Apusb) también denunció que el programa radial Ondas Universitarias también salió del aire durante la tercera semana de enero posterior a una visita “sugestiva” de Conatel a la emisora.

Caracas: César Miguel Rondón denunció censura de su programa

El periodista César Miguel Rondón, locutor de la emisora Éxitos 99.9 FM del Circuito Unión Radio, denunció a través de su cuenta de Twitter que el motivo por el que se ausentó en su programa radial del lunes 28 de enero fue la censura impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El locutor informó que la decisión era predecible luego de que el 24 de enero la comisión prohibiera referirse a Juan Guaidó y mencionar los acontecimientos políticos y sociales ocurridos el 23 de enero. Lo que llevó a que el habitual análisis en el programa de Rondón fuese sustituido por un interludio musical.

El 4 de febrero el programa fue retomado en el mismo horario, de 6:00 a 9:00 de la mañana, bajo un formato de “ediciones de especiales”. Continúan al aire Lila Vanorio, Adriana Núñez Rabascall y Luis Carlos Díaz, periodistas que acompañaban a César Miguel Rondón en su espacio tradicional. Rondón mantuvo este espacio por más de 30 años y se convirtió en un referente informativo y de opinión, con voces críticas, en la radio venezolana.

IPYS Venezuela observa que los hechos de censura en la radio venezolana han ido escalando y las formas de presión se han hilvanado cada vez de manera muy fina en los últimos 10 años. Las medidas han pasado de la censura de circuitos como el de CNB, por orden de Conatel en 2009, a la suspensión de más de 50 emisoras de radio en el contexto de protestas de 2017. Luego ocurrió el retiro de espacios de opinión como fue el caso del programa de Alonso Moleiro y Stenif Olivares en Actualidad FM, del mismo Circuito Unión Radio, ocurrido en 2018, y estas han avanzado hasta llegar a la censura personalizada como en el caso de César Miguel Rondón. Esto demuestra la disminución a la mínima expresión de los espacios para la opinión y el debate abierto y libre sobre los asuntos que son de interés público en Venezuela.

Otra manera de censura indirecta tomó los espacios radioeléctricos y se manifestó a través de dos casos de despidos arbitrarios en las televisoras Venezolana de Televisión (VTV) y Meridiano TV. Solo por preguntar al gobernador acerca de denuncias de procedimientos irregulares de los detenidos durante las protestas del 23 de enero, la Gobernación del estado Yaracuy despidió al periodista Roseliano Díaz de VTV, adscrito a la Secretaría de Información y Comunicación del gobierno estatal, el jueves 31 de enero.

Según la comunicación escrita enviada al periodista, el despido está justificado “en las constantes faltas a los lineamientos institucionales y laborales y que hasta la fecha no han sido justificadas”. Al respecto el SNTP aseguró que la Gobernación es quien maneja administrativamente al medio de comunicación social en ese estado occidental.

El periodista deportivo Luis Arroyo tampoco pudo expresarse libremente sobre los acontecimientos políticos que ocurrieron en el país. Luego de referirse a las manifestaciones sociales del 23 de enero, el reportero denunció que fue despedido del canal Meridiano Televisión, donde se desempeñaba como ancla de la emisión meridiana de noticias, el viernes 25 de enero.

“Me botaron de Meridiano Televisión porque usé su pantalla para hablar de lo que pasaba en el país, que fue lo que ocasionó que Leones del Caracas no quisiera jugar el día miércoles”, afirmó el periodista en un video publicado en su cuenta de Instagram.

IPYS rechaza los despidos injustificados por diferencias ideológicas y políticas que vulneran el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y demás profesionales de la comunicación que hacen vida en los medios televisivos, estatales y privados, del país con el fin de informar a los ciudadanos sobre los acontecimientos de relevancia para la opinión pública.

Violencia militar

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Comisión Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) detuvieron arbitrariamente a periodistas y borraron material informativo durante cobertura de alzamiento militar en el Comando Nº 43 de la Guardia Nacional, ubicado en Cotiza del municipio Libertador de Caracas el 21 de enero.

El Conas detuvo al reportero gráfico Joan Camargo, de Caraota Digital, mientras cubría las protestas ejecutadas por los vecinos de Cotiza posteriores a la detención de 27 militares sublevados desde horas de la madrugada. Los funcionarios despojaron a Camargo de sus equipos de trabajo para revisarlos y borrar el material que había recopilado hasta el momento de la detención.

Los efectivos de la GNB también detuvieron a los periodistas de NTN24 y de la agencia de noticias EFE, Miguel Martínez, para exigirles que borraran la información registrada en la protesta de vecinos.

En el caso de Martínez, la GNB le quitó dos tarjetas de memoria con fotografías del acontecimiento. A pesar que el reportero gráfico insistió durante una hora para que el cuerpo de seguridad estatal le devolviera sus equipos de trabajo, no devolvieron los dispositivos de almacenamiento y amenazaron al reportero, obligándolo a abandonar el lugar.

El periodista de Unión Radio, Luis Carlos Parada, fue herido en la pierna por un perdigón disparado por la GNB para disipar la manifestación de vecinos. Igualmente sucedió con el camarógrafo José Luis Ochoa de Venezolanos Por la Información TV (VPI TV), quien fue herido en la cabeza por una piedra durante cobertura de protesta en Los Mecedores.

IPYS Venezuela exige el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución para que los periodistas y los medios de comunicación social puedan trabajar efectivamente con el fin ofrecer a la ciudadanía venezolana información equilibrada, oportuna y verídica sobre los asuntos de interés público para la nación. Igualmente, esta institución rechaza el robo y los ataques a las herramientas de trabajo de los periodistas como medida de los cuerpos de seguridad del Estado para cercenar la libertad de prensa y el derecho de acceso a la información de los venezolanos.

El capitán Castillo del Destacamento 343 (D343) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) increpó y retiró a periodista de El Pitazo, José Guerra, de las adyacencias el día 26 de enero mientras hacía cobertura sobre los 22 detenidos durante las protestas del 23 de enero.

Guerra, en contacto con IPYS Venezuela, aseguró que Castillo cuestionó el hecho de que el periodista fotografiara cómo los funcionarios registraban la comida de los detenidos en la vía pública y no en las instalaciones del D343.

Según José, el capitán aseguró que el periodista no podía tomar fotos porque estaba en una institución militar, a lo que Guerra respondió “esto es una calle, una vía pública y estoy trabajando con los familiares de los detenidos. Ni siquiera con sus guardias. Yo no estoy haciendo nada irregular”.

Ante la respuesta del periodista, Castillo exclamó “aquí quien manda en esta verga soy yo”. Guerra sostuvo “usted podrá mandar en esta verga, pero usted no es jefe mío. Yo me voy cuando lo considere conveniente”. Posteriormente, el militar exigió las credenciales del trabajador de la prensa e intentó tomarle fotos pero Guerra no se lo permitió.

Sin embargo, Guerra aseguró que la intimidación no cesó ahí. Por último, el capitán Castillo ordenó al periodista retirarse de lugar o quienes sufrirían las consecuencias serían los privados de libertad, “(…) no me le lleves comida a los presos” sentenció Castillo a sus subordinados para retar al periodista.

El periodista también informó que un pariente de los arrestados exigió al reportero retirarse por temor a represalias de la GNB.

Este fue el segundo incidente registrado por IPYS Venezuela en contra del periodista de El Pitazo en menos de una semana. El ataque anterior fue efectuado por un oficialista que intentó quitarle el celular mientras Guerra trabajaba en Valle de la Pascua el miércoles 23 de enero.

Mérida: grupo oficialista agredió a cinco periodistas

Grupo de adeptos al oficialismo agredió físicamente a los periodistas César Alfonso Contreras, de Studio 102.7 FM, Violeta Santiago, de El Pitazo, Leonardo Rodríguez, de ULATV, Elvis Rivas de Globovisión y un periodista de la emisora Ritmo 99.0 FM durante instalación de Consejo Legislativo el 17 de enero.

Violaciones a derechos digitales

IPYS Venezuela contabilizó en enero 11 casos de restricciones a medios digitales así como fallas de acceso a internet que afectaron a los venezolanos en los estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Yaracuy, Sucre, Táchira, Zulia y en el Área Metropolitana de Caracas. La mayoría de estas restricciones se debieron a que en los últimos días del mes la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) anunció averías que afectaron sus servicios de telecomunicaciones por pérdida de fibra óptica debido a incendios forestales, y además las compañías Movistar y Digitel presentaron inconvenientes con su señal.

A estas limitaciones se suma lo ocurrido el miércoles 30 de enero, cuando el usuario de Twitter @luisjmarcano, alcalde de Barcelona en el estado Anzoátegui, aseguró que la periodista Luz Mely Reyes “inventó” informaciones sobre detención de menores de edad para beneficiar al Gobierno de Estados Unidos por presunto “golpe de Estado”.

Esta organización reitera a la ciudadanía y a los funcionarios públicos que los periodistas, en el cumplimento del Código de Ética del Periodista venezolano, ejercen el oficio tutelados en el deber de informar de forma oportuna, veraz e imparcial a todos los ciudadanos venezolanos. De igual forma, IPYS Venezuela rechaza las agresiones contra los comunicadores sociales en los espacios digitales y recuerda que “el periodismo es un servicio de interés colectivo”.

Si se contrasta la cifra de 59 agresiones registradas en enero de 2019 con los casos ocurridos en el último trimestre de 2018, cuando ocurrieron 47 incidencias, esta demuestra una escalada en los hechos de violencia que solo es comparable con los datos del sistema de monitoreo de esta organización realizado en el 2017, año en el que se evidenciaron al menos 518 casos que acumularon 1087 violaciones a la libertad de expresión. (Equipo de IPYS Venezuela)

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