Viernes, 27 Junio 2014 00:00

“No espero nada con una justicia tan injusta”

 
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Desde el 16 de febrero se han registrado varios enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad del Estado Desde el 16 de febrero se han registrado varios enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad del Estado Foto Germán Dam

La quema de una unidad de Corpoelec dio pie al enfrentamiento entre manifestantes y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El ataque fue indiscriminado. Las bombas lacrimógenas y los perdigones fueron disparados hacia los custodios de la barricada de Los Mangos e incluso hacia los apartamentos y townhouses que dan hacia las avenidas que se cruzan en la zona de conflicto.

Eva Rodríguez siempre se mantuvo distante de las marchas, de las trancas y de las demás protestas, pero la noche de ese 10 de marzo pagó las consecuencias de una actividad en la que nunca había participado. Dos bombas lacrimógenas -disparadas por una tanqueta- rompieron el ventanal del cuarto de su hijo, cayeron en la cama y provocaron el incendio de la habitación. Las llamas fueron sofocadas por los mismos guarimberos.

“La gente de la Defensoría del Pueblo vino a los días y mandó a los Bomberos municipales a hacer una inspección y un informe. Me mandaron a denunciar ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales y ahí, después de atenderme, me dijeron que ese caso no es de su competencia y que se lo darían a otra fiscalía… pero a la fecha no me han dicho nada”, lamenta Eva tres meses después del siniestro.

Agrega que poco después del incendio sostuvo una reunión con la directiva del Comando Regional N° 8 (CORE 8) de la GNB; los castrenses admitieron su responsabilidad y se comprometieron a ayudarla… el apoyo llegó, pero no de manos de los responsables, sino de vecinos y desconocidos que se solidarizaron con ella y colaboraron para reponer lo perdido.

“No espero nada con una justicia tan injusta”, responde Eva al preguntarle si cree que los responsables recibirán su castigo. Agrega que el Gobierno no va a responder por lo ocurrido, ni ella espera que lo hagan. “¿Cómo se justifica que después de admitirme que fue su error, el jefe del CORE 8 (Luis Roberto Arrayago Coronel) salga diciendo por prensa que es falso que una bomba incendiara el cuarto?”, acota.

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Las bombas lacrimógenas lanzadas por la GNB han provocado el incendio de dos viviendas en Los Mangos

También siguen esperando
Eva Rodríguez no es la única persona que se ha visto afectada por los excesos y abusos de cuerpos de seguridad del Estado durante la represión de las protestas. Al igual que ella, los otros continúan esperando una respuesta a sus casos… como Carlos Suniaga, el corresponsal de Globovisión agredido por el segundo comandante de los Bomberos municipales, Richard Norman, el 17 de marzo.

“La semana pasada me llamaron de la Fiscalía de Derechos Fundamentales para decirme que me enviaron una citación a mi casa, pero nunca me llegó. En la llamada también me preguntaron que si quería seguir con el proceso y les dije que sí… ahora tengo que ir a Ciudad Bolívar porque el caso lo llevan por allá (…) le he hecho presión al caso y por eso es que está avanzando, pero aún no tengo respuesta”, señala el periodista.

Una respuesta similar ofrece Diosmeris Pérez, cuya hija fue víctima de tratos crueles durante su detención en el sector Los Olivos, de Puerto Ordaz, el 17 de marzo. Indica que aún no sabe el estado del procedimiento judicial que el Tribunal 2° de Control, sección adolescente, ordenó iniciar contra siete efectivos de la GNB y uno de la Policía municipal que participaron en el procedimiento y que cometieron excesos contra su hija adolescente.

Dicha solicitud fue reiterada por el Tribunal 2° de Control en la audiencia de presentación de Georgi Mantilla, otro de los siete muchachos detenidos ese lunes. Los castrenses en cuestión son: capitán Linardo Belisario, tenientes Terán Leal y Linares Andrade, sargentos primeros Esteban Cabrera, Jennifer González y Starlis Martínez, y el sargento segundo Rodni González. El municipal es de apellido Domínguez.

“Hemos recibido apoyo de varias ONG, pero ningún órgano oficial nos ha contactado para informarnos de alguna investigación”, asegura Aurora Ferreira, mamá de Kevin Bejarano, el muchacho al que le tuvieron que poner 11 tornillos y una malla de titanio en el pómulo izquierdo luego que un Policía estadal (PEB) le disparó en el rostro una bomba lacrimógena, el 4 de marzo en la comunidad Las Garzas, de Puerto Ordaz.

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Varios jóvenes, entre ellos Kevin Bejarano, han sido atacados a mansalva por funcionarios policiales o militares

Números inconsistentes
“Los procesos judiciales son muy lentos. En el caso de las denuncias que hemos manejado, sabemos que están allí y que deben ser iniciadas… sin embargo esto depende es del Ministerio Público, quien es el encargado de las averiguaciones y acusaciones. La Defensoría del Pueblo y nosotros hemos ayudado a sustanciar los casos”, explica Luz María Álvarez, coordinadora de la ONG defensora de derechos humanos Foro Penal Venezolano en el estado Bolívar.

Revela que de las 174 detenciones ocurridas en la entidad, 165 de las cuales fueron atendidas por la ONG que dirige, en 80 se denunciaron casos de tratos crueles e inhumanos, torturas, detenciones arbitrarias, siembre de elementos de interés criminalístico y violaciones al debido proceso. “12 fueron en casos de detenciones de menores y las 68 restantes son en casos de adultos”, precisa la abogada.

Respecto a las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante la represión de las manifestaciones en Ciudad Guayana, el Fiscal Superior del estado Bolívar, Israel Pérez, comenta que los casos se encuentran en proceso de investigación, pero aclara que estas van adelantadas y que sólo faltan diligencias para presentar los casos ante los respectivos tribunales.

“Están bien adelantadas. Actualmente la Fiscalía de Derecho Fundamentales está terminando de sustanciar los expedientes”, indica el fiscal para luego revelar que en la entidad existen 12 víctimas, o denunciantes, y 10 procedimientos contra funcionarios que incurrieron en casos de tratos crueles e inhumanos y otra serie de excesos y abusos contra los manifestantes detenidos.

En casos como el ocurrido el 12 de junio, cuando un grupo de funcionarios de la Policía estadal (PEB) disparó sus armas de reglamento contra los jóvenes que tenían guarimbas en la avenida Las Américas, o como lo ocurrido con Kevin en Las Garzas, la Oficina de Control de Actuación Policial (OCAP) realiza un proceso administrativo contra los efectivos… pero de este tampoco hay resultados.

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En algunos de los casos se demostró la siembra de evidencias a los detenidos

Venezuela 2014.Protestas y Derechos Humanos

Hace dos semanas fue presentado el informe Venezuela 2014. Protestas y Derechos Humanos. La recopilación de datos, su análisis y posterior presentación fue tarea de nueve ONG defensora de garantías fundamentales, entre ellas Espacio Público, Foro Penal Venezolano y Provea.
En el informe, además de presentar una radiografía a lo que son las protestas en Venezuela, antes, durante y después del presidente Hugo Chávez Frías, se presentan y analizan las constantes violaciones a los Derechos Humanos durante las protestas que se realizan en el país desde febrero de 2014.
A continuación dos infografías donde se aprecia el porcentaje de protestas reprimidas en los últimos 15 años y los actores que en ella participan en los hechos de este año. Puede ver el informe aquí

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