El Gobierno nacional requiere desesperadamente nuevos recursos y nuevas fuentes de ingresos. Recursos y fuentes de ingreso que le permitan mantenerse en el poder y financiar la continuidad de su proyecto. El Arco Minero del Orinoco es esta nueva fuente “lícita” de recursos e ingresos.

Persiste el descontrol en las zonas auríferas. “El Arco Minero como tal no existe. Lo que se hizo fue subirle el volumen a la anarquía minera, respaldarla, para de allí llevar oro al Banco Central de Venezuela, un oro manchado de caos y sangre”, sostuvo un trabajador minero del sur de Bolívar.

Se ha repetido hasta el cansancio que la convocatoria de elección presidencial por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente constituye uno de los fraudes más dañinos a la democracia. El tema no debe fenecer, sin embargo, y por eso un grupo de profesores de Derecho Público y de organizaciones insisten en un comunicado, divulgado por Acceso a la Justicia, la necesidad de que la sociedad venezolana se una en la petición de un proceso con cuatro elementos: ajustado al tiempo, con un CNE independiente, sin ventajismo y con el compromiso de respeto a los resultados. Son voces que hacen sensatez en medio del vendaval.

La medida de adscripción de las industrias a la Vicepresidencia de la República persigue establecer un “régimen especial para el incremento inmediato de su eficiencia”. El decreto presidencial fue reimpreso y se excluyeron a Minerven y CVG Tecmin del listado de empresas traspasadas al despacho de El Aissami.

El doctor en derecho penal Alberto Arteaga Sánchez, indicó que las violaciones de ley a las que hicieron referencia son conspiración, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y violación de pactos y tratados internacionales.

Los recursos de que dispondrá el Poder Popular Electoral se incrementaron 163% para alcanzar los Bs. 40 mil millones, convirtiéndose en uno de los organismos públicos con la mayor modificación en su presupuesto anual en términos porcentuales hasta la fecha.

La fiscal general de la República introdujo ante el TSJ un recurso de nulidad contra la Constituyente y sus bases comiciales, denunciando la opacidad informativa por parte del CNE y los llamados violentos y amenazantes que ha hecho el gobierno.

La ONG explica cómo las órdenes emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no solo contrarían el artículo 68 de la Carta Magna y el 43 de la Ley de Policía, sino que implica una amenaza latente contra la voluntad del pueblo, expresada en votos, ante posibles destituciones de alcaldes.

El Banco Central de Venezuela oficializó este jueves las normas generales de operaciones del nuevo sistema cambiario.

El decreto, ya publicado en gaceta, funge como el nuevo abanico de opciones para que el Presidente de la República gobierne en medio de una de las épocas de protestas más persistente de la historia nacional.

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