Ni 10 días transcurrieron desde que los habitantes del muncipio Roscio, estado Bolívar, denunciaran el ingreso del Ejército de Liberación Nacional a las minas Cicapra, El Caolín, Campanero y El Cuadro, cuando sale a relucir información sobre otra supuesta matanza en Guasipati. En ninguno de los dos hechos ha habido pronunciamiento oficial. Nicolás Maduro, que estuvo en San Félix el miércoles 16 de mayo, ni admitió ni desmintió que esas zonas estuviesen tomadas por el grupo guerrillero. Son, en cambio, familiares y testigos de este nuevo hecho quienes alzan su voz por encima de las pretensiones oficiales de acallarlos, tal y como sucedió con la Masacre de Tumeremo.

La comisión mixta que estudia los efectos del megaproyecto minero estatal advierte que la llamada minería ecológica no existe en el sur del país y denuncia la poca capacidad técnica y escasa planificación del despacho encargado del ambiente. El informe resalta que los graves daños que supone el AMO ponen en peligro la sustentabilidad ambiental y económica de Venezuela “ante la proliferación de la minería descontrolada y la invasión del territorio”.

XVII edición del Foro Guayana Sustentable promueve el debate sobre los riesgos del proyecto minero en más 11 mil kilómetros del territorio nacional, el cual carece de estudios ambientales y la consulta previa a comunidades indígenas.

El movimiento liderado por la diputada Norkys Díaz reitera su respaldo a Justo Noguera como candidato a la gobernación de Bolívar, alegando que en manos de la oposición significaría "un retraso a los programas de desarrollo".

El antropólogo, Carlos Herrera, asegura que el megaproyecto estatal es la consumación de una serie de errores políticos y legislaciones cuestionables del pasado

El exsenador y autor de las normas ambientales de la Constitución Nacional, Alexander Luzardo, sostuvo que el Ejecutivo estaba en deuda pues esto era un clamor. Ahora, señala, está el gran reto de aumentar la protección de la zona para acabar con la minería ilegal existente.

Trabajadores piden descartar a los responsables del sabotaje en industrias como Minerven y a investigar el porqué en casi siete años de intervenciones “se ha profundizado la desidia y se han perdido minas, plantas y yacimientos”.

 Este martes se realizó la presentación del proyecto de Ley para la Protección de la Mega Reserva del Sur del Orinoco, con el que se busca derogar el decreto de creación del Arco Minero. 

Reclaman atención gubernamental tras años de intervención, desinversión y pasivos laborales. Esta semana aspiran reunirse con el ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal.

La delimitación geográfica de los lotes de terreno para la compañía mixta fue publicada apenas cuatro días después de que el Ejecutivo transfiriera a otra minera mixta el derecho de explotar el mineral en más de 10 mil hectáreas.

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