Miembros del cuerpo bomberil tuvieron que esperar por vehículos de las empresas básicas para poder llegar al lugar del siniestro, que queda ubicado a pocos metros de su sede en Unare.

El accidente de tránsito de esta madrugada dejó 14 fallecidos y más de 37 heridos cuando colisionó el bus que trasladaba al personal del Ministerio de Educación con el que llevaba a los trabajadores de CVG Refractarios. Un familiar de uno de los lesionados confesó: “viajó porque si no lo iban a botar”.

Las amenazas y la logística para movilizar a trabajadores de las empresas básicas no fueron suficientes para ocultar el desgaste del chavismo en el que era uno de sus corazones políticos.

“Las empresas están improductivas y las siguen desangrando porque de allí pagan las movilizaciones”, denunció el dirigente sindical de Ferrominera Orinoco, Roger Salazar.

Ramón Lobo, el vicepresidente económico, Juan Arias, ministro de industrias básicas, y los presidentes de las empresas básicas recorrieron Sidor. Desde allí solo se dedicaron a tuitear mensajes plagados de palabras como “victoriosos”, “productivo” y “avances”. Sin embargo, no permitieron preguntas en la rueda de prensa que convocaron y que comenzó con tres horas de retraso.

La negativa deliberada de los presidentes de las empresas a suministrar información a la comisión investigadora, el paraguas del desacato impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la Asamblea Nacional, y la orden del presidente Nicolás Maduro de que toda solicitud del Ejecutivo deba pasar por la Vicepresidencia de la República, crean un entramado de obstáculos que no solo enturbia la poco transparente gestión de las empresas básicas, sino que dificulta las gestiones para su recuperación.

El diputado a la AN destacó que la producción de Sidor en 2016 fue apenas de 6% de su capacidad instalada, recordando a su vez a los despedidos por firmar por el revocatorio y el retraso de las elecciones sindicales, temas omitidos por el presidente.

El dirigente de La Causa R presentó el balance de producción anual de las empresas básicas de Guayana, que en su mayoría trabajaron por debajo del 35% de su capacidad instalada.

“Pedimos a la MUD y al Vaticano que actúen con firmeza, que no se dejen engañar”, señalaron los integrantes de Jotrabol.

Los salarios de 1.300 trabajadores fueron desmejorados a raíz de las alteraciones que –señalan– se realizaron al menos desde enero de 2016. Acudirán a la Inspectoría del Trabajo y a la Vicepresidencia para denunciar lo que califican como una acción "criminal".

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