Oswaldo Britt murió la tarde de este martes al ser arrollado por un camión de Hidrobolívar mientras manifestaba contra la fraudulenta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y aunque las circunstancias del arrollamiento no están claras, lo cierto es que el gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez, mostró más preocupación por el camión incendiado que por la muerte del joven, y por los seis detenidos durante la represión de la Policía y la GNB, que también estuvo presente.

En el día 99 de resistencia contra las tropelías del gobierno de Nicolás Maduro, devenido en tiranía, el Tribunal Supremo de Justicia anunció la  medida de casa por cárcel para el responsable nacional de Voluntad Popular. La sociedad democrática celebró la medida con la cautela de que las metas son: la libertad plena de más de 419 presos políticos, que la calle debe seguir activa, que debe haber justicia para más de 90 asesinados en las protestas y que el plebiscito contra el fraude constituyente debe ser una contundente manifestación del país que quiere cambio.

Con la muerte en Táriba de Engelbert Duque, de 25 años, son 91 los asesinados durante las protestas en contra de la represión del gobierno antidemocrático de Nicolás Maduro.

 Los abogados Ezequiel Monsalve, del Foro Penal, y Mairis Balza de Codehciu coinciden en la violación de DD HH durante las represiones en zonas residenciales, no solo por parte de la GNB, también civiles armados, presumiéndose que puedan tratarse de grupos parapoliciales o personal de inteligencia militar actuando sin identificación.

Los estudiantes alegan que por la situación del país no han podido ver suficientes clases como para aprobar las materias, y solicitan poder retirarlas para no calificar como aplazados cuando se apliquen evaluaciones.

Fue enfático Nicolás Maduro el martes: lo que amenace la revolución será blanco de las armas. Y esa amenaza es, a su juicio, el pueblo que no cree en su proyecto autoritario ni en su Constituyente que anuncia la demolición del Estado. Contra ese pueblo arremetió otra vez esta semana, la que cierra con ocho asesinados. La misma que, en un día, el miércoles, acumuló cinco víctimas. El horror, en forma de colectivos, guardias y policías, acabó con dos vidas este viernes en Barquisimeto. Ese horror que hoy, como nunca, es política de Estado.

La Fiscalía General de la República no solo sigue dando muestras de institucionalidad, sino de su entereza ante las amenazas de linchamiento de la dictadura de Maduro. Por ello, además de imputar al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Benavides Torres, por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2017, solicitó a la Asamblea Nacional la ratificación del vicefiscal, Rafael González Arias.

La medida judicial contra los jóvenes guayaneses detenidos en protestas contra la Constituyente y recluidos en un internado judicial de alto riesgo como El Dorado había sido objeto de repudio regional y nacional. Si bien el proceso penal se mantiene intacto, los 31 apresados serán trasladados a unos salones del Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo en San Félix, donde estará más cerca de su familia. Las boletas fueron emitidas, confirmaron fuentes del Poder Judicial y el Foro Penal Venezolano.

El alto mandato militar debe influir en el presidente para detener “la locura del fraude constituyente”, opina el gobernador.

Este jueves en la mañana, activistas clavaron cruces con los nombres de los fallecidos en protestas y renombraron la rotonda, también conocida como “La india”, en honor al joven que vivía a pocos metros de esta, en el sector Manoa de San Félix.

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