Fue enfático Nicolás Maduro el martes: lo que amenace la revolución será blanco de las armas. Y esa amenaza es, a su juicio, el pueblo que no cree en su proyecto autoritario ni en su Constituyente que anuncia la demolición del Estado. Contra ese pueblo arremetió otra vez esta semana, la que cierra con ocho asesinados. La misma que, en un día, el miércoles, acumuló cinco víctimas. El horror, en forma de colectivos, guardias y policías, acabó con dos vidas este viernes en Barquisimeto. Ese horror que hoy, como nunca, es política de Estado.

La Fiscalía General de la República no solo sigue dando muestras de institucionalidad, sino de su entereza ante las amenazas de linchamiento de la dictadura de Maduro. Por ello, además de imputar al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Benavides Torres, por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2017, solicitó a la Asamblea Nacional la ratificación del vicefiscal, Rafael González Arias.

La medida judicial contra los jóvenes guayaneses detenidos en protestas contra la Constituyente y recluidos en un internado judicial de alto riesgo como El Dorado había sido objeto de repudio regional y nacional. Si bien el proceso penal se mantiene intacto, los 31 apresados serán trasladados a unos salones del Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo en San Félix, donde estará más cerca de su familia. Las boletas fueron emitidas, confirmaron fuentes del Poder Judicial y el Foro Penal Venezolano.

El alto mandato militar debe influir en el presidente para detener “la locura del fraude constituyente”, opina el gobernador.

Este jueves en la mañana, activistas clavaron cruces con los nombres de los fallecidos en protestas y renombraron la rotonda, también conocida como “La india”, en honor al joven que vivía a pocos metros de esta, en el sector Manoa de San Félix.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, explicó que el artículo 350, el cual asumirán como un plan de desobediencia activo, abarca desde “el desconocimiento del régimen hasta el negarse a acatar órdenes oficiales”.

Una Ventana a la Libertad denuncia que la cifra de detenidos se ha elevado a partir de las jornadas de cruenta represión contra las protestas protagonizadas por opositores en el país.

Nelson Daniel Arévalo Avendaño es el nombre de la última víctima en las protestas en contra de las medidas autocráticas de Nicolás Maduro y de sus poderes sumisos. La represión se extendió a otras partes, como Maracaibo. En el túnel de La Cabrera, la Guardia Nacional impidió el paso a los jóvenes que marchan desde Barquisimeto hasta Caracas.

Mientras el país conocía de las muertes de Luis Enrique Vera en Maracaibo y de José Gregorio Pérez Caicedo en Rubio, Maduro condecoró a los militares heridos durante las protestas. HRW exigió que los uniformados involucrados en la represión respondan ante la justicia.

Sócrates Salgado, de 50 años de edad, es la víctima 65 en las manifestaciones de calle contra la constituyente de Nicolás Maduro. Ocurrió anoche en Vargas. Antes, en Caracas, un grupo de encapuchados quemó la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en un hecho aún confuso, mientras resonaba la noticia sobre el mayor general Alexis Ramírez López y su renuncia a la secretaría al Consejo de Defensa de la Nación (Codena).

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