Las zonas populares de Ciudad Guayana se siguen lanzando a las calles para exigir la entrega de las bolsas de comida cuando restan pocos días para el primer aniversario de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP).

Alegan cobrar menos del salario mínimo, al igual que trabajadores de Transbolívar, además de falta de dotación y precarias condiciones de seguridad laboral.

El asesinato de Joel Alcalá, el posible restituido secretario general de Sutralúmina, retrotrae a un modo que durante 2002 a 2007 fue el método para dirimir conflictos en el ramo de la construcción; un proceder por el cual el estado Bolívar lideró la cifras de violencia al concentrar el 42,47 por ciento de los casos de sicariato sindical en todo el país.

Vecinos de Sabana de Piedra alegan que desde octubre del 2016 no son atendidos por los CLAP. Clamaron su desesperación el viernes en la mañana, trancando la avenida Guayana para exigir respuestas.

La comisión especial de la Asamblea instó a la Fiscalía determinar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales; sin embargo, esta ignoró informe de comisión.

Ni Hidrobolívar ni la Gobernación del estado Bolívar dieron fecha para la restauración del servicio, pero desde este jueves revisan las válvulas y tuberías que, según informaron, influyen en el problema.

Varios sectores de San Félix exigieron a Hidrobolívar y a la Gobernación un servicio de agua potable decente. Algunos llevan más de siete meses con estas irregularidades. Otros, tienen años. Todo mientras el gobierno regional invierte millones en propaganda oficial para jactarse de que el 95% del estado goza del servicio, mientras los guayacitanos, pese a lo manido del razonamiento, no escapan a su perplejidad de estar a secas en medio de dos grandes ríos.

Sábado, 18 Febrero 2017 00:00

El remojo de las bardas

Las informaciones sobre las diversas actividades criminales de un alto funcionario presuntamente involucrado en el manejo de ellas y sus ramificaciones político-ideológicas, deberían ser preocupantes para los inquilinos del poder, tanto en imagen y prestigio nacional como en conducta legal y ética de quienes nos representan ante el mundo.

Mientras los choferes cobran el pasaje completo a los estudiantes, alegando no recibir pagos de Fontur, los muchachos se quejan por no contar con el ticket estudiantil que el Gobierno suspendió desde septiembre del 2016.

Este lunes un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana fue dispuesto en el portón de la estatal aurífera para garantizar el paso de los transportes al área industrial.

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