El asesinato de Joel Alcalá, el posible restituido secretario general de Sutralúmina, retrotrae a un modo que durante 2002 a 2007 fue el método para dirimir conflictos en el ramo de la construcción; un proceder por el cual el estado Bolívar lideró la cifras de violencia al concentrar el 42,47 por ciento de los casos de sicariato sindical en todo el país.

El documento dirigido al director del Sebin y quien fue ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, expone casos de aprehensiones por compra ilegal de oro, tráfico de combustible y hasta presiones del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, para la liberación de pranes. Este informe fue avalado por la Asamblea Nacional y constituyó material importante para la investigación del Parlamento sobre la masacre de Tumeremo.

La comisión especial de la Asamblea instó a la Fiscalía determinar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales; sin embargo, esta ignoró informe de comisión.

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