Conexión intermitente o ausencia total del servicio Aba de Cantv son las denuncias de los usuarios desde el 29 de septiembre. La empresa estatal no reporta las causas ni las soluciones propuestas ante tantos inconvenientes de conectividad.

Se supone que es un derecho humano y que, por tanto, los estados del mundo deberían garantizarlo a toda costa. Pero si en Venezuela ni siquiera el derecho a la vida está garantizado, menos lo está el del acceso a Internet, como se evidenció entre miércoles y jueves por la falla del servicio, algo que la dictadura pretendió justificar valiéndose de un fenómeno natural cuando la realidad es otra: la falta de inversión en tecnología, que condena al país al atraso.

A los ex trabajadores de la estatal de telecomunicaciones en Ciudad Guayana les toca el mismo pedazo de pastel que al resto de las personas de la tercera edad: una rebanada repleta de injusticias, carencias, promesas incumplidas, pensiones que no alcanzan, medicinas que no llegan y condiciones laborales decadentes en las que sobreviven nuevas generaciones de empleados.

El trabajo permitirá ampliar el ancho de navegación a los habitantes de Upata, quienes en la actualidad reciben las telecomunicaciones vía radio enlace.

La estatal no ha cumplido con los tiempos establecidos para solucionar la falla que aqueja a más de 400 familias desde el 8 de diciembre de 2016.

El gremio prevé reunirse con las autoridades locales para evaluar la situación delictiva.

Esta es la solicitud que ha hecho este medio sobre las constantes fallas y deficiente servicio de internet en Ciudad Guayana.

El robo masivo de cableado que dejó sin conexiones a estas zonas de Puerto Ordaz también impide el funcionamiento de puntos de venta.

La empresa estatal explicó que los suscriptores cuyas líneas comienzan por 922, 923 y 924 estarán sin servicio mientras duren los trabajos de reparación de los circuitos afectados.

La zona se suma a las varias de Unare que tienen hasta seis meses sin el servicio de la estatal a causa del robo indiscriminado de cables que el Estado no es capaz de controlar ni subsanar, por falta de materiales.

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