Martes, 06 Febrero 2018 00:00

Temen por la vida de dirigentes sindicales de Lácteos Los Andes presos por protestar

 
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El presidente y el secretario general del sindicato de Lácteos Los Andes, Exio Urriola y Carlos Mora, cumplen seis días presos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en San Juan, estado Lara, acusados de “daños a la propiedad pública”.

Los dirigentes fueron detenidos luego de protagonizar, junto a trabajadores de la estatal, una protesta durante dos días consecutivos en  reclamo de  materia prima y la discusión de la convención colectiva, vencida hace 20 meses. Se trata de una de las fábricas de jugos pasteurizados y lácteos que emplea a 6 mil trabajadores a nivel nacional, 1850 en Cabudare, estado Lara.

El Cicpc concretó la captura el 1 de febrero en la noche, después de buscarles en sus casas, residencias de amigos y en la fábrica. Ese jueves, los trabajadores estuvieron en la sede de la gobernación del estado Lara exigiendo una audiencia con gobernadora Carmen Meléndez, la cual  les fue negada.

El dirigente del sindicato, Ángel Manuel Medina, declaró al diario La Izquierda Diario, que además de la huelga en Lara, otras filiales de la estatal discuten sumarse a la protesta.

Denunció que de las 45 mil toneladas que producía la empresa, hoy solo funcionan a un 11 por ciento de esa capacidad. En Cabudare, estado Lara, las operaciones están detenidas por falta de insumos y materia prima, precisó.

La noche de este lunes 5 de febrero, trabajadores y dirigentes sindicales, exigieron al Gobierno el resguardo de la vida de Exio y Carlos. Con la etiqueta #LiberenALosTrabajadoresDeLacteosLosAndes denunciaron que sus compañeros están recluidos con presos comunes y que, el fin de semana, debieron resistir a una riña interna.  

El secretario de gestión social del sindicato de Lácteos Los Andes, Raúl Benavides, en entrevista a Correo del Caroní exhortó al presidente Nicolás Maduro a contemplar que la detención de los trabajadores podría tener un costo político de cara a las venideras elecciones presidenciales.

Criminalización

La detención de los trabajadores se inscribe dentro de la política de criminalización de la protesta, emprendida por Hugo Chávez y continuada por el gobierno de Nicolás Maduro.

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) calcula que más de 150 trabajadores y dirigentes sindicales enfrentan procesos penales en el país por haber defendido derechos como el salario y la libre sindicalización.

De esos casos, al menos 73 son del estado Bolívar, siendo de todos ellos el más emblemático el del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, preso durante 17 meses y sometido a juicio en Caracas.

La semana pasada la misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) canceló su visita a Venezuela por desacuerdos en la agenda propuesta por el Gobierno.  

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