Jueves, 25 Agosto 2016 00:00

Nueva ola de despidos, el segundo intento del Gobierno para frenar la participación política

 
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Movimientos de trabajadores abiertamente disidentes han buscado apoyo nacional e internacional frente a las maniobras del Ejecutivo Movimientos de trabajadores abiertamente disidentes han buscado apoyo nacional e internacional frente a las maniobras del Ejecutivo Fotos William Urdaneta
 

Gisset

Leonel Grisett, coordinador de Coalición Siderúrgica 40: “La mayoría de las salidas de profesionales es por renuncias inducidas (…) Pareciera que es un estorbo ser pensante en una empresa del Estado”.

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Henrique Capriles, gobernador de Miranda: “Ningún trabajador que esté al servicio del pueblo puede ser echado por su tendencia política. En la Gobernación nadie ha perdido su empleo por cómo piensa”.

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Tarek William Saab, defensor del Pueblo: “El derecho al trabajo debe ser respetado sea de la Mesa de la Unidad o del partido gubernamental, la evaluación debe ser en base a sus competencia y desempeño”.

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Andrés Velásquez, de La Causa R: “¿Y cómo se le puede llamar esto, si no dictadura; fascismo puro, al perseguir y negar el sagrado derecho que tiene la persona humana, el ciudadano al trabajo digno, al negárselo por razones políticas?”.

 

“Vamos a citar a todos los ministros, presidentes de institutos, para entregarles su lista de escuálidos y en una semana los volvemos a citar para verificar que no quede ni un escuálido ahí”.

Con esta sentencia, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), intenta nuevamente avivar la intimidación en contra de la disidencia. No es solo un concepto, sino una política del Estado venezolano.

El 24 de agosto, la retaliación llegó a Luis Flores, ingeniero de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor). Después de 35 años al servicio de la acería, se le informó de su despido por haber firmado a favor de la activación del referéndum revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro.

Flores pasó a ser parte de la lista que incluye a trabajadores de Venalum, Corpoelec, Seniat, Ferrominera Orinoco, el Ministerio de Educación, al menos unos 30 en el estado Bolívar (según la comisión de la Asamblea Nacional), despedidos o desmejorados solo por hacer ejercicio de su derecho constitucional y humano a la expresión y participación política.

Conducta repetitiva

No es la primera vez que el Gobierno venezolano recurre a los despidos como una forma de silenciar la crítica dentro de las empresas del Estado. Desde el 2014, la lista de calificados ha crecido a causa de protestas por reclamos laborales, negativas de participación en eventos del partido de Gobierno (PSUV), posibilidad de derrota en elecciones sindicales o denuncias de irregularidades en las plantas.

Aquellos trabajadores que no son despedidos directamente, han sido hostigados y desmejorados, una especie de castigo ejemplarizante que presidentes como los de Venalum, Luis Augusto Jiménez, han justificado.

La dirigencia, sin embargo, lo tiene claro. “Quieren que tengamos miedo y evitar que vayamos a manifestar el primero de septiembre, pero no lo lograrán. Seguiremos trabajando para que se lleve a cabo el referéndum revocatorio, porque se trata de nuestro futuro”, dijo el coordinador de la Coalición Siderúrgica 40 de Sidor y vocal del sindicato, Leonel Grisett.

Estas medidas, argumentó, forman parte de las acusaciones del gobierno para culpar a los trabajadores de la mala administración de las industrias, situación que ha puesto en riesgo la producción y la calidad de vida de la clase obrera.

Fuga de personal capacitado

Como parte de las consecuencias directas de esta política, las empresas de Guayana cada vez cuentan con menos personal profesional y calificado para su funcionamiento.

“La mayoría de los trabajadores dentro de la nómina de Sidor han sido colocados por el gobierno como montoneras que estén a la orden del día para actos del PSUV (…) Mientras se ingresen trabajadores calificados, no tenemos problema, pero esto va a dejar a la empresa en ruinas”, expresó Valdemar Álvarez, coordinador del movimiento Unidad por el Cambio en Sutiss.

Ante esta realidad, los movimientos de trabajadores abiertamente disidentes han decidido hacer frente a las autoridades, buscando apoyo en entidades nacionales e internacionales, como la Asamblea Nacional y la Organización Internacional del Trabajo, que avalan las causas de aquellos que ven cercenado su derecho a laborar.

Yunis Hernández, miembro del movimiento, agregó: “El gobierno desnudó su espíritu fascista (…) Tenemos confianza de que los compañeros despedidos regresarán muy pronto. Necesitamos de su capacidad y conocimientos para reactivar la producción y reconstruir nuestras empresas”.

En vano

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Despiden a trabajador de Sidor con más de 30 años de servicio que firmó a favor del referendo revocatorio

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Calificados de despido de CVG Venalum asisten a audiencia en Inspectoría del Trabajo

 

Los intentos por intimidar, para muchos, no tendrán efecto. Ya el Gobierno ensayó en la recolección de firmas del 1% (necesario para validar a la MUD como solicitante del revocatorio), y la reacción de las víctimas fue la denuncia.

El diputado de la Asamblea Nacional, José Prat, y la Comisión de Política Interior, presidida por Delsa Solórzano, manejan los casos que a través de la Unidad de Acción Sindical y Gremial serán llevados a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la concentración del 1 de septiembre, convocada por la MUD, se pondrá a prueba, sin embargo, el nuevo intento por frenar a la oposición. Dicen que a la segunda va la vencida. O eso cree el Gobierno.

 

Discriminación flagrante

Según el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 1, se reconoce como discriminación laboral:

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;

(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación…

El documento, que entró en vigor el 15 de junio de 1960, fue ratificado por Venezuela como Estado miembro de la organización, lo cual habilita a los trabajadores nacionales a hacer uso de este mecanismo en defensa de sus derechos.

 
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