Jueves, 28 Julio 2016 00:00

Comisión de Política Interior de la AN recibe denuncias de despidos por firmar a favor del revocatorio

 
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Por el estado Bolívar unos ocho casos y en el país, otros 175. Los despedidos por firmar a favor del referendo revocatorio presidencial no solo tienen rostro, sino documentos consignados ante la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), presidida por la diputada Delsa Solórzano.

El parlamentario por el estado Bolívar, José Prat, presentó este jueves la ficha de los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional  (Corpoelec), Ferrominera Orinoco (FMO) y Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela (Seniat) despedidos luego de haberse publicado la lista de los firmantes para la activación de un referendo revocatorio.

Formalmente, en el estado Bolívar, cinco casos fueron sustentados ante la comisión, así como las declaraciones del presidente de Venezolana del Aluminio (Venalum), Luis Augusto Jiménez, en donde justificaba la desmejora de empleados por haber participado en la convocatoria constitucional.

Prat indicó que es disposición ahora de la comisión citar a los presidentes de las empresas estatales y, en paralelo, asesorar a los trabajadores para presentar sus quejas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El pasado 5 de julio los trabajadores se reunieron en el Colegio de Ingenieros y comenzaron a organizarse para la defensa de sus derechos laborales, civiles y políticos.

Violación de DD HH

Los despidos por razones políticas están prohibidos en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela.

También están prohibidos en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, así como en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt).

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió en el mes de mayo la promoción del apartheid político por parte de funcionarios gubernamentales en el marco del proceso de recolección de firmas para la convocatoria al mecanismo constitucional de referendo revocatorio.

Las medidas guardan parecido con el caso de Lista Tascón, mediante el cual se cercenó el derecho al empleo a miles de venezolanos por haber participado en un referendo revocatorio contra Hugo Chávez. Recientemente, en marzo de 2016, el caso de Rocío San Miguel, Thaís Peña y Magally Chang, llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

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